Desde el pasado mes de enero, Larry Summer, Secretario del Tesoro durante la Administración Clinton (1999-2001), ha criticado severamente al presidente Joe Biden por promover medidas antimonopolios como remedios a la inflación.
Afirma que la mayoría de los economistas conocen que las medidas antitrust o de defensa a la competencia no son una solución adecuada a las crisis inflacionarias, y acusa la cruzada del presidente Biden contra los monopolios en los mercados de carne, petróleo y bienes de consumo como negación a la ciencia.
Es preciso esclarecer que las medidas antimonopolios de la Administración Biden dadas a conocer previamente en julio 2021, a través de la orden ejecutiva intitulada “Promover la Competencia en la Economía Americana”, no estaban orientadas como medidas antinflacionarias. (Ver)
Estas fueron presentadas como respuestas a distorsiones en la oferta y la demanda ocasionadas por otros motivos (la secuela de la Gran Depresión 2007-2010) y amenazas (las Gigantes Digitales o datapolios), así como otros elementos estructurales y se orientan a otras metas.
En esta columna dediqué varios artículos de 2021 para describir las principales líneas de acción de esa orden ejecutiva actualmente en curso, junto una explicación de qué es una orden ejecutiva en el derecho estadounidense. De la reposición a la reparación y de la observación a la acción concreta | Acento
Sin embargo, ante el enojo general ocasionado por el alza de los precios, ciertamente Biden ha asociado su discurso de política de competencia a la inflación actual. Distintos analistas lo critican por actuar con demagogia, incluido Summer, asesor de un gobierno demócrata como el que ocupa actualmente la Casablanca.
En el caso de los productos cárnicos, el presidente Biden acusó de avaros a cuatro corporaciones que controlan más de la mitad del mercado res, cerdo y pollo, al tiempo de ordenar subsidios en favor pequeños productores. Summer advierte que estos subsidios, lejos de resultar beneficiosos, agravarían la inflación.
El debate es oportuno para comprender la relación entre crisis, inflación, defensa a la competencia, y en particular, la que actualmente afecta no solo a la economía estadounidense sino a la mundial, acentuada por la pandemia y agravada por la crisis bélica ruso-ucraniana.
En el caso de los Estados Unidos, algunos analistas económicos como Dominic Pino, advertían desde enero que la causa actual del período de inflación en los Estados Unidos es el de más rápido aumento de emisión de dinero en la historia del sistema de Reserva Federal, combinado con los niveles récord de estímulo financiero, y las restricciones de la cadena de suministro que están limitando el crecimiento del producto interno bruto.
Esto es, mucho dinero e insuficientes bienes, afirma Pino.
Por su parte, Paul Krugman entiende que la causa-raíz se encuentra relacionada con la crisis de suministro derivada de la pandemia. Considera que el problema estuvo en la imposibilidad de las empresas para sustituir una demanda más orientada al servicio que al suministro directo de bienes físicos.
Ambos, Pino y Krugman, coinciden en que la gravedad ha sido ocasionada por la crisis de la cadena de suministro. Krugman explica que las compañías suben los precios porque no tienen oferta suficiente para atender la demanda.
Pino, por su parte, considera que la crisis de suministro se debe a décadas de deficiencia en la política de transporte y las crisis laborales derivadas de la pandemia. En su caso agrega que estas causas no serían un problema, si no fuese además cierto que los consumidores están comprando más bienes que nunca en una economía alimentada por fondos federales como trasfondo.
En un trabajo previo comenté el criterio de Massimo Motta en el sentido de que la política de competencia, aunque a veces utilizada como remedio para la inflación, no suele ser históricamente eficaz a esos fines. (“Libre competencia y tutela en tiempos de pandemia en la República Dominicana: un desafío de liderazgo institucional” (Ver).
Las crisis inflacionarias se deben resolver con medidas antiinflacionarias como las aplicadas por el Banco Central de la República Dominicana, comentadas en el trabajo referido publicado en el año 2021, y no asociadas con la política de competencia.
En el pasado, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, se han adoptada medidas que resultan un híbrido entre la lucha contra la inflación y la defensa de la competencia.
Esas intervenciones a la economía, independientemente de que se encuentren en leyes nacionales o regulaciones, no han escapado a la crítica de la academia o la resistencia de las autoridades regionales, en el caso europeo. Especialmente las ayudas estatales con propósito de rescate financiero.
Algunas de esas medidas históricas, tales como las concentraciones de rescate y los cárteles de crisis, han sido acusadas por especialistas en el análisis económico del derecho de la competencia de nacionalismo proteccionista, medidas de naturaleza irrazonablemente discriminatoria entre productores; o, lo que resulta más contradictorio, como advierte Summer en el caso de las medidas ordenadas por Biden en enero, por terminar perjudicando a los consumidores al acentuar la inflación.
Rafael Sánchez Vásquez, en su obra “El derecho de la competencia en tiempos de crisis”, publicado por Editorial Porrúa en 2011, organiza ideas que a veces suelen confundirse sobre este tema.
Por un lado, explica el rol de la política de competencia luego o ante una crisis económica y alerta sobre el peligro de la mantener la política de competencia en nocturnidad (Competition night), es decir, olvidarse de su aplicación.
Por otro lado, hace un exhaustivo estudio histórico de medidas de defensa a la competencia adoptadas para resolver crisis (incluidas las inflacionarias) con resultados variados.
Cita, por ejemplo, a Vague cuando explica que la aplicación de la regla de la razón debería ser la aplicada en cualquier escenario de verificación de los beneficios de una operación de concentración de rescate de una empresa en crisis y otra con alto poder de mercado.
Concurro con esa opinión. Una medida ex ante de defensa a la competencia no debe tener como finalidad el rescate de una empresa en particular, esa es en realidad, una tutela a la libre empresa que debe ser atendida por otros mecanismos jurídicos.
Las leyes de bancarrota son las más adecuadas para decidir el rescate de activos, empleos y otros valores patrimoniales. La tesis de las failing company defense del derecho de la competencia europeo, como apunta Costas, también citado por Vásquez, no agota las posibilidades de introducir criterios concurrenciales.
Algunos analistas estadounidenses se preguntan por qué la Administración Biden decide subsidiar a pequeños productores de carne, en lugar de imponer las tutelas correspondientes contra los participantes de la industria altamente concentrada.
Se refieren a las medidas legales para corregir la incorrecta asignación de los factores de producción, de las secciones uno y dos de la Ley Sherman, que prohíben y persiguen el monopolio y las conspiraciones colusorias.
Desde ese punto de vista la crítica es severa también. El subsidio a las medianas empresas cárnicas luce como una vía rápida, en lugar del agotamiento de una investigación de posibles conductas anticompetitivas entre las grandes jugadoras en ese mercado.
Las medidas de la orden ejecutiva de 2021 se refieren a los efectos derivados de la Gran Recesión de 2007-2010. En efecto, esa orden es una continuación y ampliación de otra dictada durante la Administración Obama con similares objetivos (Ver).
El olvido de la competencia económica tuvo un papel relevante en esa crisis mundial reciente y sus efectos, conducido por un desmedido afán de ingeniería financiera en perjuicio de la economía real, explica Sánchez Vásquez, y agrega que, solo un mayor énfasis en la economía real reconducirá el crecimiento económico sostenido y duradero, en el cual la competencia económica tiene mucho que decir.
Todavía cuando Sánchez Vásquez escribía estas líneas, la amenaza de las distorsiones en la economía digital sobre la economía real no eran agudas. Sus palabras cobran más peso una década después.
Ahora bien, evitemos que la crítica admisible de Summer a Biden por sus decisiones y pronunciamientos políticos más recientes, nos confundan sobre la importancia de la política de competencia originalmente diseñada en la orden ejecutiva de política de competencia dictada el año pasado y sopesada por un grupo de expertos.
El incremento de la productividad no debe estar basado en la intervención estatal a través de subsidios impropios en el Estado constitucionalmente subsidiario. Es decir, el que solo interviene en la economía para promover la competencia efectiva.
Ese necesario incremento de la oferta para reconstruir la cadena de suministro golpeada durante la pandemia y ahora, además, por la grave crisis de origen bélico, solo se estimula con la rivalidad que apoya la política y legislación de competencia, como explica Porter.
Las políticas de competencia no resolverán las crisis inflacionarias. Estas ameritan la búsqueda de sus propios remedios. La política de competencia es un factor creador de riquezas enfocada al desarrollo, según Stiglitz; y lo contrario, esto es, las políticas de estados irrazonablemente intervencionistas tienen vocación de aumentar la presión de la espiral.
No obstante, existe una relación de causalidad entre crisis, inflación y ausencia de política de competencia. Para detener la renovación de ese círculo vicioso, otras medidas de carácter macroeconómico son necesarias. No obstante, el círculo virtuoso no se mantiene por sí solo. El rol de las leyes de defensa a la competencia, en cualquier de los dos escenarios, evita los abusos económicos de poder.
Si queremos entender el riesgo de la nocturnidad de la defensa a la competencia, basta con conocer cómo Adolfo Hitler aprovechó a su favor la cartelización de la economía alemana de los años treinta del siglo XX o la historia del monopolio durante el régimen de Rafael L. Trujillo y sus secuelas en la cultura de negocios en nuestro país hasta la fecha.
Para comprender política y derecho de la competencia es imprescindible conocer el contexto político-económico en la que se ha desempeñado su liderazgo. Tristemente, las noticias de 2022 provenientes del Kremlin lo confirman.
Guillermo Cabanellas, latinoamericano pionero, autor de la primera obra de importancia sobre derecho de la competencia en la región, lo tenía bastante claro. Escribió hace décadas: Detrás de toda fuerza totalitaria hay monopolios y carteles.