La relación entre política, poder y justicia es indisoluble. La no comprensión de esta relación sería ingenua. No existe una justicia independiente del poder “químicamente pura”. Lo político es juego y conflicto de intereses, lucha de poder, recirculación y reposicionamiento de las élites, es construcción, desconstrucción y reconstrucción del poder. La justicia forma parte de este juego de intereses.
Toda persecución de la corrupción es un acto político. No hay manera de separar lo político del apresamiento de funcionarios vinculados a la estructura de poder del aparato gubernamental. Por igual, la designación de la burocracia de la judicatura de cualquier país es un acto político. No importan los mecanismos o las modalidades.
Quien quiera hacer política debe someterse a las reglas de la democracia. Si desde una función pública usted robó al Estado, su actuación fue política y la respuesta también será política. Por tanto, no existe dilema entre actuación independiente de la justicia y la política. Lo político y lo judicial son indisolubles.
El problema no está ahí. La cuestión está cuando para dirimir los casos judiciales el aparato judicial se vuelve un instrumento de las estructuras partidarias, de las élites internas y de ultramar. La independencia de la judicatura se pierde cuando la decisión judicial se toma en el Palacio o en un bufete de abogados representantes de algún grupo económico del país o extranjero o un funcionario llega a la judicatura directamente desde el aparato político o por designación dirigida por grupos económicos o cuando es el resultado de negociaciones y distribución de los puestos entre los partidos, la sociedad civil y las élites.
Existen principios y condiciones que son indispensables para que la independencia de la justicia no esté construida sobre arenas, sino sobre rocas. Uno de estos principios es que ningún actor o aparato gubernamental o de la sociedad pueden interferir u obstaculizar la actuación de la justicia. Todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales deben respetar y acatar la independencia de la judicatura. Bajo esta actuación común podemos ganar todos y todas.
La independencia de la justicia demanda que durante el ejercicio de sus funciones ningún funcionario lleve a cabo activismo político partidista, gremial, sindical. Como tampoco realizar de formas directas o por intermediación actividades privadas lucrativas incompatibles con su función.
La independencia de la justicia estimula el respeto de los derechos humanos, la ética y las libertades fundamentales. En términos enunciativos frente a las leyes todas y todos somos iguales. Este principio se relativiza cuando las relaciones de poder se encargan de que la justicia quede atrapada entre los pasillos de grupos de interés y se negocie la impunidad para los más poderosos.
La independencia de la justicia requiere que los jueces decidan con imparcialidad, basándose siempre en la objetividad investigativa de los hechos y sus vínculos con el derecho por parte del Ministerio Público. Este modo de actuación supone distanciamiento y ruptura con cualquier mecanismo de influencia, presión, amenaza, intromisión, sobornos o de otra índole proveniente de cualquier sector de la sociedad.
La base de la independencia de la justicia descansa en la fortaleza de sus instituciones, pero al mismo tiempo debe contar con personas íntegras e idóneas y con las competencias requeridas para ejercer los cargos. Esto exige procesos de selección transparente, métodos de evaluación sin discriminación que garantice la independencia, idoneidad y la competencia del funcionario judicial.
En la actualidad, una de las mayores amenazas para la independencia judicial es la de la presión mediática. Es común ver como en medio de los procesos investigativos de los aparatos judiciales, los creadores de opinión ya tienen sus conclusiones y decisiones. No hay mayor presión para un juez o jueza que estar sometido a una condena previa de los medios de comunicación e interiorizada por toda la ciudadanía. La tensión siempre será ¿qué prevalecerá el gobierno de las leyes o el gobierno de los medios de comunicación? ¿El gobierno de las leyes o el gobierno de las élites políticas y económicas? ¿el gobierno de las leyes o el de la presión ciudadana?
Sociedades desencontradas con su identidad como la dominicana; tuteladas por poderes externos; sociedades compuestas por grupos empresariales de vocación rentistas, voraces y poca visión de nación; con un liderazgo político que hacen del clientelismo su principal forma de hacer política; una sociedad en la que no se ha logrado desmontar las bases conservadoras en las que se sustenta el Estado dominicano, hacen muy vulnerables las acciones judiciales para enfrentar la corrupción.
Para lograr una real y sostenible independencia de justicia y esté construida sobre rocas, es necesario atacar las bases sistémicas, ideológicas y estructurales en las cuales aún descansan las instituciones de la judicatura dominicana. La reforma de la justicia dominicana sigue siendo una tarea pendiente.