Nuestro país, según nuestra constitución, es un Estado Social y de Derecho que debe garantizar el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales. En su artículo 58 establece la protección a las personas con discapacidad, y este reza como sigue: El Estado promoverá, protegerá y asegurará el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad, así como el ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades. El Estado adoptará las medidas positivas necesarias para propiciar su integración familiar, comunitaria, social, laboral, económica, cultural y política.

 

En República Dominicana me atrevo a decir que tenemos una deuda social de décadas con la inclusión de personas con alguna condición de discapacidad, que si bien ha sido un asunto que viene tomando cada vez mayor relevancia, las acciones a realizar desde el Estado y desde todos los sectores que componen la sociedad, han de tomar algunos años y esfuerzos interinstitucionales en poner una mirada fija y ordenamiento en todos los aspectos, de forma que se vayan garantizando las políticas, las prácticas y no sólo las teorías en torno a la discapacidad.

 

La inclusión es un tema de derecho, desde el gobierno del presidente Luis Abinader se vienen encaminando con mucha más fuerza, acciones desde las instituciones del gobierno central y desde los gobiernos locales para hacer vigentes con la práctica, las leyes y normativas que permitan incluir a personas con alguna condición de discapacidad en las actividades cotidianas, más allá de garantizarles salud, pues también tienen legítimo derecho a educación, a empleo, a transporte y desplazamiento seguro, a uso de espacios públicos y estar totalmente integrados como cualquier otro ciudadano que no tenga condición alguna de discapacidad.

 

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, “las personas con alguna condición de discapacidad,  incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. La participación e inclusión de personas con alguna condición de discapacidad, en el caso de las barreras físicas o sensoriales particularmente, en espacios de trabajo, en espacios formativos y productivos, es imperante para el desarrollo propio y de su familia, creando además una oportunidad de desarrollar su independencia económica, personal y profesional, aportando a la cohesión social y a un entorno armónico y de integración comunitaria.

 

La inclusión de personas con discapacidad significa entender la relación entre la manera en que las personas funcionan y cómo participan en la sociedad, así como garantizar que todas tengan las mismas oportunidades de participar en todos los aspectos de la vida al máximo de sus capacidades, competencias y voluntades.

 

Al contrario, la exclusión del segmento de la población que tiene alguna condición de discapacidad, es una pérdida de talento humano para cualquier sector productivo, es una violación franca de derechos, y es una acción insostenible e injusta, porque se traduce en marginación, en pobreza, aislamiento, abusos, acoso o violencia, y muchas otras calamidades que se convierten en dolor para físico, mental y emocional para estas personas y que se extiende a su círculo familiar.

 

Es una responsabilidad de todos y todas, desde cualquier sector en el que participemos, público, privado, académico, religioso, etc., crear condiciones amigables para contribuir con la supervivencia, el desarrollo y el reconocimiento de las personas que viven con alguna condición de discapacidad. Desde el sector público, sobre todo a través del organismo que rector y responsable de establecer y coordinar las políticas en materia de discapacidad, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), se está fortaleciendo la inclusión educativa, la inclusión laboral, la salud y seguridad, así como la inclusión social para la convivencia integral en todos los espacios para las personas con alguna discapacidad. Estas políticas, además se robustecen con la integración de los gobiernos locales, quienes pueden compartir y coordinar competencias con las entidades del gobierno central, y entre estas, se está actualmente trabajando en la inclusión social, en algunos territorios en camino a importantes decisiones y acciones, y en otros con avances muy notables como es el caso del Distrito Nacional.

 

En la alcaldía del Distrito Nacional en 2020 su Concejo de Regidores aprobó a unanimidad la primera Ordenanza de Santo Domingo por la eliminación de barreras para las personas con discapacidad, siendo además la administración de la alcaldesa Carolina Mejía, la creadora del primer Departamento de Inclusión en un ayuntamiento de la República Dominicana conformado en su mayoría por personas con discapacidad. Las buenas prácticas impulsadas e implementadas como, la creación de la primera Mesa de Inclusión de la Junta Central Electoral, la capacitación de todo el personal de la alcaldía sobre sensibilización y concientización sobre inclusión de modo que puedan priorizar cualquier caso en todos su departamentos, la inclusión de lengua de señas en la comunicación de la alcaldesa o de cualquier directivo de forma pública, e ir garantizando la accesibilidad en los espacios públicos como son los parques, aceras y edificaciones que pertenecen a la alcaldía del DN, le sustentan el positivo reconocimiento local e internacional.

Por la oportunidad de servicio público que tengo y por estar sensibilizada de esta maravillosa causa y deber, de trabajar por las personas con discapacidad, he sido testigo de este modelo de inclusión que continúa ampliándose y que sirve de ejemplo para ser emulado en otros ayuntamientos del país, como de hecho se viene desarrollando.

Las personas son primero, garantizar sus derechos fundamentales, derechos humanos y derechos ciudadanos, debe ser un compromiso de todos.