Organización no Gubernamental o el término ONG se utiliza para identificar a organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales o empresas, cuyo fin fundamental es el bien social. Son llamadas también sociedad civil, la cual arguye a agrupaciones ciudadanas que buscan incidir sobre asuntos específicos como género, salud, educación, derechos humanos, entre otros, que por lo general actúan para incidir de manera directa a "las incapacidades estatales para dar respuestas a demandas postergadas y crecientes de una gran porción de la población".
Misión Internacional de Justicia -IJM por sus siglas en inglés- es una organización no gubernamental de derechos humanos con más de 20 años de trabajo a nivel global y 9 años de trabajo en la República Dominicana, aunando esfuerzo con las autoridades locales en el combate a la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Durante este tiempo, hemos podido acompañar a las autoridades y ser testigos de importantes logros alcanzados contra este delito, como el rescate y alivio de más de 200 mujeres y niños víctimas de explotación sexual, más de 40 casos procesados judicialmente, 57 sentencias condenatorias y 69 víctimas restauradas y empoderadas.
Así, como sociedad civil hemos desarrollado un trabajo colaborativo con las autoridades del Estado Dominicano, a fin de contribuir al bienestar contemporáneo mediante un elemento activo y transformador del sistema de justicia, que responda a favor y en protección de todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Y como resultado de esto hemos tenido la oportunidad de colaborar también en el fortalecimiento de capacidades a más de 800 actores clave del sistema de justicia dominicano, para el abordaje adecuado en este delito de característica tan especial: jueces y fiscales de todo el país a través de sus respectivas escuelas académicas, la policía nacional, miembros del CONANI y sociedad civil en general.
Pero, como sociedad civil, además de trabajar para el bienestar ciudadano a través del fortalecimiento del sistema público de justicia, servimos también de alerta y llamado a las autoridades cuando percibimos que el Estado no esté respondiendo de manera adecuada a la protección de sus ciudadanos, o esté poniendo en riesgo los logros alcanzados.
En la publicación de la semana anterior, entregada por mi compañero Jose Gomes Monteiro, hicimos un llamado sobre la baja proactividad de las autoridades en la investigación y persecución de los casos de trata de personas y explotación sexual, con la finalidad de que las altas autoridades puedan dar respuesta y solución a las implicaciones que trae consigo la falta de respuesta en la persecución de estos casos.
En este momento, queremos llamar a reflexión sobre la noticia que circula y rumora desde días pasados sobre una eventual unificación de la fiscalía especializada de niños, niñas y adolescentes (Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, de ahora en adelante -DINNAF-) con la fiscalía ordinaria. Como sociedad civil que somos, que realizamos un trabajo a favor del bienestar de los niños, niñas y adolescentes (de ahora en adelante NNA) en un tema tan específico como la trata de personas y la explotación sexual, valoramos lo que ha significado para los niños, niñas y adolescentes contar con una procuraduría especializada en el país que procura la protección de sus derechos y su bienestar.
La República Dominicana, mediante la adopción de la Ley 136-03 que consagra el sistema de protección de los derechos fundamentales de NNA, adecuó el marco legal para brindar a los NNA una estructura que garantice el efectivo y pleno disfrute de los derechos fundamentales, como consecuencia de los convenios internacionales ratificados en la materia. La misma ley lleva por objeto garantizar a todos los NNA una protección integral de sus derechos a través de un sistema integrado por instituciones y organismos, tanto públicos como de la sociedad civil, conformados por equipos multidisciplinarios y especializados en la materia.
Ciertamente, por nuestra experiencia, hemos podido constatar la importancia que reviste para un actor del sistema no tan sólo contar con conocimiento técnico adecuado de una materia en específico, sino contar también con la debida especialización y sensibilización de temas específicos, para una correcta aplicación de la justicia.
En los casos de trata de personas, el país ha dado un salto enorme desde la adecuación del marco legal con la adopción de la Ley 137-03, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Departamento Especializado de Trata y Tráfico de la Policía Nacional, la creación de la Comisión Interinstitucional de combate a la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, así como la adopción de un plan nacional para combatir este flagelo.
Con esas medidas es evidente que el país entiende la necesidad de especialización de la materia, la sensibilización e involucramiento que hace falta de las autoridades para dar respuesta efectiva a la prevención, persecución y protección. De hecho, la Ley 133-11 del Ministerio Público, también adopta en su contenido la creación de procuradurías especializadas para la investigación y persecución de un delito en específico, en razón de la complejidad que envuelve.
Esto no es diferente para la materia de niñez. Dada la condición de vulnerabilidad de NNA determinada por su minoría de edad, la comunidad internacional ha creado los convenios e instrumentos internacionales para la protección especial de los derechos de esta población. Y La República Dominicana, en camino a la transformación del sistema de justicia, ha fortalecido su tren institucional mediante la adopción de dependencias especializadas según la materia, para dar la respuesta adecuada a los compromisos contraídos. Dentro de estas instituciones se encuentra la instauración de la jurisdicción de menores, el CONANI y la DINNAF.
La sostenibilidad y la construcción de estructuras e instituciones sólidas del Estado deben ser capaces de responder a la protección de derechos fundamentales. En este momento crucial donde se debate la pertinencia o no de una procuraduría especializada a favor de la niñez, vale la pena valorar los aportes que desde la creación de la DINNAF se han logrado alcanzar, y como su repentina unificación con la materia ordinaria afectaría la sostenibilidad de las buenas prácticas y logros alcanzados de protección.
Desde la gestión de la magistrada Miriam Germán frente a la Procuraduría General de la República, ha sido palpable los cambios positivos frente a esa institución. Los ciudadanos, la gran mayoría, han reaccionado de manera muy positiva cuando ven el enjuiciamiento y persecución de los casos de corrupción, y esto ha sido posible, entre otras cosas, por contar con un ministerio público robusto especializado en la materia de corrupción administrativa, de por sí bastante compleja. Nuestros NNA requieren por igual, un ministerio público especializado, sensible, entendido en la materia, permanente y con miras hacer la justicia para ellos continua e imparable, no retroceso.
El fortalecimiento institucional en el Estado de Derecho es clave para el acceso a la justicia y la protección de derechos que desde ahí se desprende. No retrocedamos en el tiempo descontinuando instituciones que han contribuido a la respuesta de protección de derechos de los más vulnerables. “La existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un prerrequisito para la democracia; sin ella, no hay Estado legítimo” Jurgen Habermas.