El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en el 2019 un artículo titulado “El Retorno a la Política que no Debe ser Nombrada: Principios de la Política Industrial” en el que apoya el retorno de la intervención estatal en la conducción de la política de desarrollo a partir de los resultados del prolongado predominio de las políticas neoliberales, que se promovieron en el marco del Consenso de Washington.
Luego de cuatro décadas de la implementación de las políticas neoliberales que produjeron desempleo, pobreza y desigualdad aún en los países más desarrollados de la tierra, retorna al primer plano de la escena política la intervención estatal para organizar las tareas del desarrollo económico. Este cambio de postura del FMI reconoce el avance social y económico logrado por los países asiáticos en la implementación de una política industrial dirigida por el estado para el bienestar colectivo.
En ese artículo, el FMI argumenta que “La política industrial está manchada con mala reputación entre los hacedores de política y académicos y a menudo vista como la perdición de los países subdesarrollados”. No obstante, “Los milagros asiáticos se levantan como historias incómodas que muchos ignoran o argumentan que no pueden ser replicadas”. El FMI arguye también que se puede aprender mucho más de los milagros asiáticos que de los errores, y en tal sentido propone tres tipos de acciones públicas: a) apoyo a los productores domésticos en industrias sofisticadas, b) orientación hacia los mercados externos y c) perseguir ferozmente la competencia con estricta responsabilidad. En cambio, la estrategia dominicana está dirigida a favorecer la competencia de los productores extranjeros, a la importación en lugar de las exportaciones y, en términos generales, la competitividad no es una política pública relevante.
Este cambio institucional respecto de las políticas neoliberales contrasta con la que asumió el FMI en 1989, cuando se formuló el decálogo neoliberal contenido en el Consenso de Washington, que incluyó la privatización, desregulación, el libre comercio, reducción de los déficits fiscales, independencia de los bancos centrales enfocados en reducir la inflación, liberalización del comercio y la promoción de la inversión extrajera directa (IED) como sus principales propuestas de política.
En lugar de la prosperidad prometida por las políticas neoliberales, muchos países han cosechado desempleo, desigualdad, pobreza, déficits en sus cuentas externas y aumento del endeudamiento externo. Además, con el fundamentalismo del mercado, se ha experimentado un deterioro de la infraestructura, se han priorizado los beneficios privados de corto plazo en lugar de inversiones de largo plazo que apoyen el desarrollo económico, Mazzucato (2022).
No obstante, la administración de Joe Biden en los Estados Unidos ha reconocido las dificultades económicas y sociales creadas por las políticas neoliberales y decidió cambiar de enfoque, proponiendo una política industrial cuyo objetivo es reducir a la mitad las emisiones de carbono a la atmósfera para el 2030. Con esta decisión, las políticas públicas regresan al primer plano en uno de los países capitalistas más avanzado de la tierra. Obviamente, tenía que ser de esta manera, porque el sector privado no se ocupa de la producción de bienes públicos aprovechables por todos los ciudadanos, sino que de manera exclusiva produce bienes cuyo consumo individual rivaliza con otros consumidores en el mercado, Stiglitz (La Economía del Sector Público, W.W. Norton & Company, NY, 2000).
Bajo el régimen del laissez-faire, los mercados capitalistas no han probado ser capaces de crear justicia distributiva en la repartición de la riqueza, del ingreso, acceso a la salud, a pensiones dignas, sostenibilidad ecológica y mucho menos para la creación de puestos de trabajo de alta calidad. Frente a este fracaso, resulta más útil aprender de la exitosa conducción gubernamental de las políticas de desarrollo en los países asiáticos y convenientemente sustituir las políticas neoliberales cuyos resultados han sido social y políticamente inaceptables.
Mientras los países desarrollados cambian su visión, pasando de la privatización y la creencia en el perfecto funcionamiento de los mercados al diseño gubernamental de las políticas de desarrollo con una visión incluyente y de largo plazo, la presente administración insiste en dejar en manos del sector privado la política de desarrollo que sólo persigue beneficios privados a corto plazo y que además adolece de objetivos de desarrollo de largo alcance. Esta política no ha asegurado la convergencia de ganancias de productividad que el crecimiento económico trae consigo, Abramovitz (1986), ni mucho menos la competitividad prometida a lo largo de su trayectoria para lograr la convergencia con los países más desarrollados.
El actual gobierno no ha puesto en marcha políticas públicas acorde con las tendencias modernas del desarrollo económico, y se plantea continuar con la desfasada política neoliberal, imponiendo a la sociedad la privatización de activos públicos a través de la promoción de asociaciones público-privadas (APPs) y fideicomisos, así como la promoción de la IED en zonas francas y turismo que reclaman bajos salarios y exenciones fiscales que no ayudan a la mejoría en la distribución del ingreso, al empeoramiento del déficit fiscal y a estabilizar la tendencia creciente de la deuda del sector público.
En el largo plazo, puede afirmarse que las APPs y los fideicomisos constituyen mecanismos de acumulación del sector privado que se produce mediante la transferencia de activos públicos. Esta transferencia se caracteriza por el uso de vehículos legales poco transparentes en la administración privada de los activos públicos. Por eso, el gobierno busca diligentemente la manera de legalizar esos instrumentos. De hecho, las APPs ya tienen su ley y reglamento (aprobado en el primer mes de administración del gobierno de Abinader) y ahora persigue legalizar los “fideicomisos públicos” a través de un proyecto de ley que recientemente depositó en las Cámaras Legislativas. Pero la constitucionalidad de este proyecto de ley ha sido cuestionada por juristas dominicanos que aseguran que el Poder Ejecutivo no puede delegar a terceros la administración de bienes públicos cuya responsabilidad recae constitucionalmente en el presidente, pero esa decisión violaría otros artículos de la Constitución Dominicana.
De manera que nadie debe extrañarse de que el pasado 27 de febrero el presidente pronunciara un discurso contrario a las tendencias modernas de las políticas de desarrollo económico que, de más en más, integran las políticas públicas para enmarcar la producción privada, integrando los objetivos de largo plazo. Estas políticas públicas buscan aumentar el producto per-cápita, mejorar la productividad del trabajo (mediante la calidad de la educación, la salud, mejora del medio ambiente, fortaleciendo la seguridad ciudadana) e incremento del capital (innovación mediante el proceso de aprender haciendo), y aumentar los salarios reales y mejorar la actual distribución del ingreso. Estos objetivos se quedaron fuera del discurso presidencial. Lamentablemente, sí incluyó las transferencias sociales; en otras palabras, se acepta la intervención del gobierno cuando el mercado y su mano invisible no pueden resolver los problemas de la concentración del ingreso y los bajos salarios reales. En estos casos, resulta urgente la ayuda del gobierno para no comprometer los beneficios privados, lo que se aprovecha con fines releccionistas. Estos hechos convierten al liderazgo económico y político de esta administración en seguidores del agonizante neoliberalismo, que Estados Unidos (con su política de Build Back Better) y países de la Unión Europa se proponen abandonar de acuerdo al FMI.
En el país los resultados de la aplicación de la receta neoliberal han sido contrarios a la bonanza que produciría el mercado. La economía que más crece de América Latina acusó un aumento de la pobreza (al pasar de 21.0% a marzo del 2020 a 23.4% a marzo 2021) a pesar del aumento de las transferencias sociales, cuyo objetivo, además disfrazar las cifras de los niveles de pobreza, pretende construir esperanzas. Por otro lado, la informalidad total en el mercado de trabajo fue de 58.9% durante el tercer trimestre del 2021, es decir 2.5% superior al tercer trimestre del 2020. En tanto, que en el sector formal del mercado de trabajo representó el 47.8%. Es decir, que el gobierno no alcanzó su objetivo de reducir el empleo informal, según el Programa de Gobierno del presidente Abinader.
Desafortunadamente, la institucionalidad y el respecto a las leyes todavía son muy débiles en el país, ya que los congresistas favorecen iniciativas del Poder Ejecutivo por solidaridad o acuerdo políticos o ventajas individuales. Este comportamiento ha construido la sordera legislativa que limita y niega el diálogo del gobierno con la sociedad. En este panorama y sin voluntad política de gobernar para el bienestar social, cualquier dirección de las políticas públicas se convierte en un hecho privado, sin otro sentido que el beneficio, que deja de lado las aspiraciones de la gente, convirtiéndose en una gestión de gobierno impopular.