La teoría económica neoclásica predica que los mercados están generalmente en equilibrio y que, si ocurriese alguna una perturbación que los saca de esa condición habitual, esta situación sería momentánea, ya que los mercados gozan de la virtud de autorregularse y restablecer su estado “natural” de equilibrio.
Pero en los hechos, esta elegante construcción lógica que describe el funcionamiento de los mercados no encuentra justificación. Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff publicaron en el 2009 el libro titulado “Este Tiempo es Diferente: Ocho Siglos de Tonterías Financieras”, que trata sobre la recurrencia de las crisis financieras, en el que se publica un gráfico que muestra las crisis económicas desde el 1800 hasta el 2010. Esto sugiere la idea de que las crisis económicas son inherentes al funcionamiento de la economía capitalista o de mercado.
Figura 1. La Propensión de la Economía Mundial a la Crisis Financiera
Según la Figura 1, desde los inicios del Siglo XIX hasta hace poco (faltaría incluir la crisis por la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania) han tenido lugar crisis económicas en el mundo, es decir desequilibrios. Unas de carácter estrictamente político con consecuencias económicas y otras de origen financiero con impactos negativos similares.
Por ejemplo, en el Siglo XX se produjo el crac de 1929, una crisis en los mercados financieros que contagió a varios países occidentales desarrollados y subdesarrollados. De igual manera, se hicieron sentir los efectos de las dos guerras mundiales, las crisis petroleras de la década de los setenta y ochenta y no menos importante, fue la crisis de la deuda de América Latina como resultado de la lucha contra la inflación en EE. UU. en la década de los ochenta que aumentó las tasas de interés, encareciendo el servicio de la deuda externa y el posterior cese de su cumplimiento. Luego, sobrevino la crisis de rentabilidad de los países desarrollados, cuya solución propuso la globalización de los mercados al despuntar la década de los noventa. Unos años más tarde, se produce la crisis financiera del 2008 que creó dificultades financieras en los países desarrollados, cuyo origen fue el respaldo de activos bancarios de dudosa rentabilidad (préstamos hipotecarios, por ejemplo), los cuales se empaquetaron con otros activos para esconder los malos negocios de la banca norteamericana.
De manera que el equilibrio de los mercados que profesa la Ley de Walras es sólo una referencia, una tendencia a largo plazo y no una condición regular del funcionamiento de los mercados. Cuando Keynes criticó la economía neoclásica por el equilibrio prometido en el largo plazo, argumentó que el largo plazo no es una guía confiable para actuar en el presente; aun cuando el dinero conecte el presente con el futuro, la espera en el presente no depende de la eventualidad de equilibrio futuro. Por eso Keynes afirmó “…que en el largo plazo todos estaremos muertos” (Tract on Monetary Reform, 1923) y los beneficios de la abstinencia presente se esfuman en la vana espera del equilibrio de largo plazo.
Con este telón de fondo, resulta sencillo caracterizar la economía dominicana, que funciona con una insuficiencia de demanda de mano de obra. En efecto, el porcentaje de los desocupados abiertos en el país oscila entre el 10% y el 15% de la población económicamente activa y cae alrededor de 5% cuando se aplica una metodología que considera como empleados a quienes buscan trabajo. Sin embargo, para los fines del mercado, los desempleados no cuentan para contabilizar la demanda agregada, ya que para estos fines sólo cuenta la población que trabaja, la que tiene dinero en sus bolsillos para adquirir bienes y servicios. Por consiguiente, la economía dominicana opera con desequilibrio de oferta y demanda globales; por eso resulta incomprensible que crezca cerca o por encima de su producto potencial, según el BC. Además de que la demanda doméstica de capital no se satisface con oferta local sino internacional.
De manera que, para restablecer el equilibrio y mantener la estabilidad macroeconómica, la política económica acoge la recomendación de los organismos internacionales de que el gobierno transfiera fondos públicos a las familias pobres. Con estas transferencias, el gobierno pretende reducir la brecha entre oferta y demanda globales que plantea la existencia del alto nivel de desempleo en el país.
Pero además, el salario real es ampliamente bajo en el país y por supuesto, su poder adquisitivo lo es también; por lo que la insuficiencia de demanda real es más pequeña. De aquí que, recientemente, el Comité Nacional de Salarios acordó aumentar el salario nominal mínimo en 19%, que se implementará en dos etapas, 15% de aumento inmediato y 4% para el año del 2024. Lo que se produce luego de años de congelación salarial, con cambios en la tasa de ganancia que aumentan los precios de venta; con lo cual los empresarios ajustan sus beneficios por efecto de la inflación.
Para el 2021, el salario mínimo fue aproximadamente de US$116.0 mensuales (equivalente a RD$6,333.60) en las industrias de zonas francas (ZFs), considerando la tasa de cambio (compra) que publica el Banco Central, 14/3/2023). Para el resto de las firmas y dependiendo de su tamaño, el salario es de US$117.0 mensuales (RD$6,380.0 calculado de igual forma). El aumento del 19% significaría US$22.0 adicionales por mes, es decir US$0.73 por día de trabajo para las ZFs para un total de US$138.04. Para el resto de las firmas, sería US$22.23 por mes o US$0.74 por día de trabajo para un total de US$139.23. Recuerde que la jornada de trabajo no es regularmente de ocho horas y, por lo general, no se pagan horas extras.
Cuando estos salarios nominales se deflactan por el índice de precios al consumidor (IPC), (para eliminar el efecto precio), su poder adquisitivo es menor en términos de bienes y servicios. A febrero del 2023, el IPC era de 123.04, de manera que el salario de RD$6,333.60 puede adquirir bienes y servicios por un valor equivalente de RD$5,147.59, es decir que el asalariado pierde RD$1,186.01 mensuales equivalente a RD$14,232.10 por año. Y esa pérdida de poder adquisitivo podría ser mayor si el BC no hubiera cambiado el año base del IPC durante la pandemia, un año completamente irregular para esos fines.
Lo peor es que el costo de la canasta de bienes y servicios que calcula el BC tiene un valor superior al salario nominal. Para febrero del 2023 y para el primer quintil, el costo de la canasta familiar fue de RD$25,928.04. Es decir, que el salario nominal en las ZFs y en otras firmas, tan solo cubre un 24% del costo total de la canasta de consumo, pese a que el sector de ZFs lidera la política industrial del gobierno, según el pasado discurso de rendición de cuentas del presidente de la República Dominicana.
Con estos datos, se puede entender la fortaleza del sector de ZFs, porque mientras menores son los costos salariales, mayores son los beneficios, la acumulación de capital, incremento de la productividad de la mano de obra y mayor repatriación de capitales. Igualmente, es posible comprender por qué el gobierno transfirió del presupuesto público a las familias RD$36,832.09 millones durante el 2022, en tanto que las ZFs no pagan impuestos ni contribuyen con el financiamiento del presupuesto público, tampoco pagan salarios reales que igualen la productividad de la mano de obra que cubra el costo de la canasta familiar.
Figura 2. Productividad Laboral y Salarios Reales
En fin, la estabilidad macroeconómica y el crecimiento dominicanos empobrecen a quienes ofrecen su tiempo de trabajo. Peor todavía, las transferencias sociales tienen un efecto redistributivo en contra de las familias de ingresos medios, cuyos impuestos subsidian a las familias de menores ingresos, mientras que las ZFs, el turismo, la minería, la generación eléctrica (convencional y no convencional), los combustibles, las asociaciones público-privadas, los fideicomisos son negocios exentos de impuestos.
Parece que la dirección de la economía debe tomar otro rumbo. Las políticas económicas deben perseguir el desarrollo económico y social de la nación, limitar la concentración del ingreso, el desempleo, la desigualdad, la pobreza y posibilitar que los sectores económicos sean capaces de competir en los mercados internacionales; que ahora no lo pueden hacer por la prevalencia de una política económica proteccionista que diezma la capacidad de competir internacionalmente.
La presente administración insiste en hacer un gobierno para los amigos, mientras la población no tiene servicios de salud de calidad, pensiones dignas, seguridad ciudadana, educación de calidad y para colmo de males, cuenta con un débil sistema judicial. De seguir por este camino, la presente administración apuesta al caos social y al uso de la fuerza para frenar las demandas populares. ¿Está el gobierno dispuesto a pagar ese precio?