Parece incuestionable que, no obstante los importantes avances logrados en el marco de la Ley 87-01, existe un clima de insatisfacción en importantes sectores de la sociedad dominicana, acerca del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Algunas de ellas más vinculadas a falencias operativas y otras a la estructura del sistema.
La sociedad espera y necesita más y mejor protección social ante los riesgos y vulnerabilidades que resultan de sus dinámicas económicas, culturales y sociales en general; para avanzar como sociedad hacia un modelo de desarrollo más incluyente, que logre prosperidad económica y simultáneamente produzca mejor calidad de vida y mayor equidad. Después de todo, nuestra sociedad ha mostrado un fuerte compromiso con la democracia, y la equidad en oportunidades y capacidades es la base material de la democracia, como la participación lo es en el orden político. La protección social de las personas adultas mayores, como política pública procura precisamente reducir las vulnerabilidades individuales, familiares y comunitarias, por vía de distribuir socialmente los costos, mediante la solidaridad hecha política, garantizando un piso básico universal de calidad de la vida.
Es imposible, y tal vez indeseable, que una persona se despoje de su perspectiva ideológica cuando se abordan temas de políticas sociales. Ellas son una especie de música de fondo que, muchas veces de manera no consciente, condicionan lo que se dice y se hace, así el quehacer científico técnico suele estar siempre impregnado de intereses e ideologías. Pero, si aspiramos a que las actualizaciones y reformas del Sistema de Seguridad Social sean producto de consensos, que superen el actual desencanto creciente de la ciudadanía con el sistema vigente, y conciten el entusiasmo de la mayor parte de la ciudadanía, deberíamos esforzarnos porque el centro de los diálogos técnicos y políticos sean las necesidades y problemas de la ciudadanía, no las acusaciones o prejuicios ideológicos, aunque estos sean como el refajo que se quiere ocultar pero se asoma. Tratar de desacreditar propuestas que no compartimos, desde una perspectiva ideológica, tal vez pueda resultar útil cuando se trata de ganar apoyos, pero no tanto para alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar, por la vía del diálogo respetuoso que reclama la democracia, en sociedades profundamente desiguales, como la nuestra.
Por ejemplo, cuando alguien plantea la necesidad de revisar el sistema de pensiones del país, basado en la llamada “capitalización individual” y propone analizar la conveniencia de un sistema de dos pilares, uno obligatorio “de reparto” y uno voluntario de ahorro individual, no necesariamente está planteando que se estatice todo el sistema o la economía, ni mucho menos la resurrección del viejo IDSS, o un mal intencionado que busca apropiarse de los ahorros de los afiliados. Intentar caricaturizar y desacreditar a los proponentes, no responde a argumentos y se centra en los proponentes. No tenemos que decidir entre un mercado desbocado, envalentonado por la ideología neoliberal, y un estado omnipotente que asfixie libertades y la iniciativa ciudadana.
Igualmente, cuando alguna persona o sector defiende mantener el actual sistema de capitalización individual, no necesariamente lo hace porque sus intereses personales o sociales sean opuestas al bienestar colectivo. Esa percepción responde a un prejuicio que, si bien puede tener fundamento en la experiencia, no responde a las propuestas propiamente sino al proponente.
Debemos comprender que desarrollar un buen sistema de pensiones no es tarea fácil, que toca a diversos intereses y dinámicas sociales, culturales, demográficas y económicas, que roza de cerca las expectativas y derechos ciudadanos, y que hay diversas experiencias y abordajes, cada uno con fortalezas y debilidades, que deberían ser consideradas al momento de decidir. El camino más productivo es compartir argumentos, estudios, análisis, más allá de las fuentes ideológicas que puedan darles origen y sustento a las posturas, tomando como punto de partida las fortalezas y debilidades ya conocidas e identificadas en diversos países y centros académicos, las experiencias nacionales e internacionales, y el interés de lograr la mejor protección social y calidad de vida para la ciudadanía, en forma sostenible.
Los sistemas de protección social del derecho a una vejez digna, están actualmente sometidos a intensos debates en numerosos países, lo que nos ayuda a identificar las principales limitaciones y riesgos de cada uno de los modelos propuestos. La CEPAL, la OIT, el PNUD, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la Asociación Internacional de la Seguridad Social, la OCDE, el PNUD, entre otros organismos internacionales, han enriquecido estos debates. Además de los debates y propuestas desarrolladas recientemente en varios países latinoamericanos y europeos. La realidad es que tanto los sistemas “de reparto” como los de “capitalización individual”, en sus versiones más abstractas e ideologizadas, tienen fortalezas y debilidades y no son inmunes a las dinámicas estructurales específicas de cada sociedad.
En próximos artículos intentaremos señalar algunas fortalezas y debilidades destacadas, a nivel internacional, para diferentes diseños de sistemas de pensiones y de protección social del derecho a la salud.