Juan Miguel, Amaury y Amín Pérez (Hijos de Bacho)
Durante la dictadura yanqui-balaguerista, la represión contra los combatientes de la revolución de 1965 alcanzó niveles extremos, tal como se puede constatar en los periódicos de la época. En este contexto de terror y violencia, tuvo lugar el 29 de julio de 1966 el asesinato de Federico Guillermo Peláez Susaña, siguiendo el plan criminal que los organismos de inteligencia en el país se trazaron juntamente con los norteamericanos para erradicar la posibilidad de que cualquier alternativa revolucionaria se pudiera desarrollar en nuestra sociedad.
Sobre el particular sabemos que Peláez Susaña fue encontrado muerto a balazos a las dos de la madrugada en la calle Nuestra Señora del Rosario casi esquina Duvergé, en Barahona. De acuerdo con el acta de defunción, elaborada por el oficial de Estado Civil Manuel Enriquillo Moreta, la causa de su muerte fue una “herida de bala en la región temporal derecha”, la cual se encuentra ubicada en “la parte externa del cráneo, inferior a la región occipitofrontal, superior a las regiones maseterina, parotídea, y posterior a la zona orbitaria”.
En la descripción elaborada por Rogelio Vásquez Acosta en nota de prensa publicada en el periódico El Caribe del 30 de julio de 1966 se establece que “el cadáver presentaba heridas de bala en el hueso occipital, mortal de necesidad y en el maxilar inferior derecho”. Allí se señala que el occiso era “empleado público, soltero y residente en el kilómetro uno y medio de la carretera Enriquillo” en la referida ciudad. Además, agrega que “a la hora de su muerte desempeñaba el cargo de alguacil de estrados de la Corte de Apelación”.
Al momento del homicidio, el joven Peláez Susaña tenía 25 años pues había nacido en Barahona el 8 de junio de 1941. Era hijo del profesor Virgilio Peláez y de la señora Manuela Susaña de Peláez quien se dedicaba a los oficios domésticos. Según los datos aportados por su hermano, Silvio Virgilio Peláez Susaña, alcalde municipal de Barahona, en compañía de Tancredo Matos, testigo en la declaración notarial, el número de la cédula de identificación personal de la víctima era 27827 serie 18. En la crónica del periódico se consigna que “el suceso ha conmovido a la sociedad de esta ciudad” actuando en el caso “el procurador fiscal, doctor Avelino Doñe, asistido de su secretario, Cesar Augusto Suero C., la policía Nacional y el médico legista”.
En declaraciones que se recogieron en El Caribe del viernes 16 de septiembre de 1966, se señala que el crimen seguía el patrón de los que se habían cometido contra aquellos que habían “empuñado las armas en la pasada guerra de abril” véase “los casos de Pichirilo, Bisonó Mera, Anastasio Sosa, Guillermo Peláez, y otros”. El documento entregado al diario dirigido por Germán Emilio Ornes estaba firmado por Diego Guerra, Federico Orsini, Luis Gaspar (Guigui), Homero Hernández, Ulises Cerón, entre otros.