Como reacción a la construcción de un canal que desvía las aguas del río Masacre desde el territorio haitiano y en perjuicio de la corriente de reentrada al territorio dominicano, nuestro gobierno entendió necesario el cierre fronterizo hasta que fuera detenida la construcción de la obra. Posteriormente, tomó algunas medidas en repuesta a los posibles daños de la construcción y procedió a reabrir los puntos fronterizos donde ambos países intercambian productos comerciales.
Abiertos los portones del lado dominicano en Dajabón, Jimaní y Pedernales, los haitianos se negaron a reabrir los pasos correspondientes en su nación. Se niegan a aceptar cualquier normativa dominicana sobre el ingreso al país de nacionales extranjeros, especialmente las nuevas medidas de control biométrico que fueron establecidas para regular el ingreso de cada persona por los pasos fronterizos.
El gobierno dominicano acudió a la Organización de Estados Americanos para que intervenga en el diferendo surgido con Haití por la construcción del referido canal. La OEA atendió a la solicitud y una comisión suya pasó unos días en la zona fronteriza dominicana haciendo observaciones para conseguir un punto de vista técnico de la situación. Luego trató de pasar al lado haitiano para hacer lo mismo y escuchar sus justificaciones. Pero las autoridades haitianas se negaron a recibir la comisión de la OEA “porque habían venido primero a la República Dominicana”. Una inaceptable justificación que muestra su absurda intransigencia en el manejo del conflicto.
Cualquier medida que se tome de este lado que esté en el sentido de ordenar o regular el libre flujo de inmigrantes irregulares de ese país en el nuestro, es rechazada y capitalizada para generar algún ataque a los dominicanos. Mientras la diplomacia y gobernantes dominicanos solo piden de buena fe que la comunidad internacional intervenga en la solución de los múltiples problemas haitianos, cualquier foro internacional en que participan las autoridades de ese país, es utilizado para denunciar de alguna manera el “mal trato”, el “abuso” y el “racismo” dominicano contra su población.
Ningún país del mundo permite la estadía irregular en su territorio de alrededor de un millón de haitianos ganándose la vida y remesando a su país. Pero esto no es valorado, y nuestras disposiciones soberanas para controlar las irregularidades aduanales, de seguridad o migratorias, son “ofensivas” para ellos. Proclives al caos en su propia nación, no admiten las normativas que se toman de este lado para organizar la nuestra.
Una demostración tras otra de la solidaridad humana que demuestran el pueblo y el gobierno dominicanos con los haitianos son ignoradas sistemáticamente o mal pagadas con denuncias infundadas y acciones inconsecuentes con nuestro proceder.
Un periódico haitiano (Le Nouvelliste), expresó recientemente en un editorial (el 27-10-23) que, “la población y las autoridades haitianas están indignadas por la actitud arrogante” del presidente dominicano. Con esta calificación, manipulan la firmeza del mandatario con las medidas que toma en defensa de los intereses de su país. Y se vanaglorian cuando expresan que mantienen la frontera “abiertamente cerrada”, un eufemismo para sostener la terquedad de mantener los portones fronterizos cerrados, aunque esto perjudique a sus propios ciudadanos.
Cuando no son improcedentes y absurdas, cada repuesta o declaración que dan los haitianos sobre la República Dominicana va en el sentido de presentarse ante el mundo como víctimas de las acciones que toman nuestros gobiernos. El propósito es mantener en la generalidad de su población y en la comunidad internacional la idea de que abusamos de ellos, les discriminamos, que somos racistas y que son víctimas de nuestros continuos atropellos.
El 30% de los partos que se hacen en los hospitales dominicanos corresponde a parturientas haitianas. Esta proporción de partos a mujeres de ese país no se ofrece en ninguna otra nación. Se agrega que son partos sin ningún costo para las mujeres haitianas. Más del 65% de la matrícula de estudiantes extranjeros que recibe educación primaria en la República Dominicana es haitiana y más de un 73 % de los universitarios extranjeros son de esa nacionalidad (datos ofrecidos por el Observatorio dominico-haitiano). Estas y otras facilidades disfrutan cientos de miles de haitianos y haitianas que pueden vivir y estudiar en nuestro país en mejores condiciones que en el suyo. Pero estos y otros beneficios no son mínimamente apreciados.
A final del 2005 el presidente dominicano (Leonel Fernández), en una visita que hizo a Haití sufrió un grave atentado. El mandatario dominicano tuvo a punto de perder la vida cuando su comitiva fue ametrallada por grupos haitianos. Sin embargo, posteriormente el mismo mandatario demostró la solidaridad dominicana con ellos cuando dispuso la primera asistencia internacional que llegó a ese país después del terremoto que le azotó en el 2010. En el 2012 este gobernante dominicano donó a ese país una Universidad con un costo de US$50 millones (la UPHA). Y en el 2010, fue un gesto muy enternecedor y prueba de extrema solidaridad con Haití, cuando se conoció la foto de una mujer dominicana (Sonia Marmolejos), amamantando bebés haitianos que habían perdido sus madres en el terremoto que afectó su país. Este acto humanitario y de solidaridad despertó la sensibilidad y fue conmovedor para todo el mundo, menos para los haitianos.
Una demostración tras otra de la solidaridad humana que demuestran el pueblo y el gobierno dominicanos con los haitianos son ignoradas sistemáticamente o mal pagadas con denuncias infundadas y acciones inconsecuentes con nuestro proceder.
Incapaces de resolver sus propios problemas, también lo son en administrar y bien distribuir las ayudas que reciben. Son ingratos ante el bien que se les hace, intransigentes para dirimir diferencias y, además, es una población inclinada a la anarquía y la violencia social. No hay formas de entendimiento con ellos y para colmo, “se sienten indignados” por lo que soberanamente hacen los gobiernos dominicanos para controlar sus fronteras y denuncian e irrespetan al presidente dominicano que lo hace.
Aunque el gobierno dominicano, a cualquier costo, debe poner orden en el intercambio comercial fronterizo, al flujo migratorio desorganizado y a las acciones unilaterales de Haití al utilizar las fuentes fluviales comunes, cuando lo hace, el presidente dominicano solo cumple con su deber. La arrogancia insolente solo está en la actitud de esta gente malagradecida, que llama “arrogante” al representante del pueblo dominicano que siempre le extiende la mano.