Todo sigue igual. Las violentas manifestaciones que se produjeron esta semana en Puerto Príncipe y otras ciudades no desembocaron en la rebelión esperada por muchos haitianos, tampoco se produjo la avalancha de desesperados haitianos en la frontera dominico-haitiana, como temían los sembradores del miedo en la parte oriental.
Ariel Henry continúa aferrado al poder, pese a que el acuerdo firmado en 2022 (seis meses después del asesinato de Jovenel Moïse, en julio 2021) lo compelía a partir el pasado 7 de febrero, previa realización de elecciones.
Nadie esperaba que partiera, pero tampoco que utilizara argumentos tan inconsistentes para justificar su permanencia en el puesto.
“Una transición no desemboca en otra transición”, declaró a mediados de semana en una alocución televisiva.
Se le olvida que la transición que dirige lleva ya treinta meses sin resultados concretos, y que tampoco es la única posible.
Desde 2021 hay en Haití una propuesta de transición llamada Acuerdo Montana pactada por varios partidos políticos y organizaciones sociales para la formación de un gobierno de transición. Este tendría la obligación de realizar elecciones generales en un plazo razonable.
El acuerdo, que incluye una amplia representación de la sociedad haitiana (empresarios, sindicatos, asociaciones, líderes religiosos, representantes de la diáspora), contempla el establecimiento de un gobierno de transición de dos años, dirigido por un colegio presidencial de cinco miembros, con un presidente, un primer ministro y un gabinete ministerial.
Hay también en Haití gente bien formada en técnica policial en Estados Unidos, Canadá y otros países para formar un cuerpo policial de élite que enfrente a las bandas de criminales con más posibilidades de éxito que el despliegue de un puñado de policías kenianos, desconectados de la realidad haitiana, que la ONU está dispuesta a enviar, atendiendo a una solicitud de Ariel Henry.
Pero lo que conviene a Henry es otra intervención, que tendrá igual o menos posibilidades de éxito que las anteriores.
Sabe que mientras ocupe su puesto tendrá que lidiar con el repudio de los haitianos. Repudio que una intervención incrementará. Pero también sabe que está en posición de fuerza frente a sus opositores, dispersos, mal organizados y con pocos recursos.
Por ahora, cuenta también con la anuencia de una comunidad internacional (léase Estados Unidos, Francia, Canadá, Unión Europea) que no cree en soluciones haitianas para la crisis haitiana.
Y por qué no decirlo, también tiene como aliado al gobierno dominicano que, pese a decir ser el más interesado en la solución de esta crisis, tampoco cree en soluciones haitianas.
El control que mantienen las bandas armadas sobre una parte del territorio también juega a favor de Henry: la inseguridad impide celebrar elecciones, justo lo que necesita para mantenerse en el poder.
Mientras tanto, el país se desgarra. Cerca de 5 000 personas asesinadas en el curso de 2023.
Todavía más. Según las Naciones Unidas, la espiral de violencia ha desplazado 310 000 personas en el interior del país, dentro de ellos 170 000 niños.
Pero el drama haitiano a nadie le importa. Tal vez habrá que esperar que su territorio sea utilizado por el terrorismo internacional para planificar atentados en las principales capitales de Norteamérica y Europa para que las potencias se preocupen por lo que allí acontece.
Ojalá que no, porque en definitiva harán lo de siempre en situaciones similares: una masiva ocupación militar para erradicar la amenaza y dejar el país igual o más desorganizado que como lo encontraron.