En vista de que ni Estados Unidos, Canadá Francia, la ONU o la OEA quieren intervenir directamente en la solución de la crisis haitiana quizás desde aquí si podamos hacerlo con la ayuda internacional y de ambos gobiernos. Es una cuestión donde está en juego nuestro futuro.
¿Cuál sería la estrategia?
- La ONU debe crear una “Comisión de Paz”, conformada por representantes de los gobiernos de República Dominicana, Haití, Estados Unidos, Canadá, Francia, Costa Rica y Panamá e incluyendo organizaciones del sector privado y grupos de la sociedad civil de Haití, nacionales y extranjeras y organismos internacionales y multilaterales, para diseñar un plan que devuelva a nuestros vecinos al sendero de la paz y el desarrollo.
- La Comisión tendrá su sede en Santo Domingo, República Dominicana, y el gobierno otorgará las facilidades logísticas necesarias (local, movilidad interna, protección y el visado correspondiente a los representantes internacionales y de gobiernos por el tiempo de dure su trabajo).
- La Comisión deberá estar presidida por un representante designado por la ONU y formada por no más de 20 miembros, que tendrá un personal de apoyo técnico, administrativo y financiero de alto nivel.
- Que el Gobierno, los representantes de organizaciones privadas y de la sociedad civil de Haití, como miembros de esa Comisión, firmen un pacto donde se comprometan a cumplir los mandatos y las decisiones que la Comisión adopte.
- Que las naciones mencionadas, (especialmente Estados Unidos, Canadá y Francia) y las organizaciones multilaterales, aporten la suma de 3,000 millones de dólares para que esta Comisión lo administre a fin de financiar la reforma policial de Haití y su capacidad de lucha contra las bandas de delincuentes.
- Eso incluye equipos militares de amplia gama, entrenamiento, incentivos y asesoría internacional de expertos especializados en seguridad para que los cuerpos armados haitianos puedan desmantelar los grupos rebeldes en cualquier lugar de la isla hasta su eliminación total.
- Dar un plazo para el desarme completo de las bandas, otorgándole una amnistía o de lo contrario los líderes que se resistan a deponer las armas deben ser eliminados o apresados y deportados de Haití para ser juzgados en otro país por crímenes de lesa humanidad.
- Que ese financiamiento incluya una fuerte inversión en construcción para generar empleos y mejorar la infraestructura de Haití.
- Que incluya también una reforma institucional profunda y planes de ayuda social directa administrados por organismos no gubernamentales con sede en Haití.
- Fijar elecciones presidenciales en un plazo no mayor a un año, supervisada por la ONU y la OEA.
- El acuerdo debe incluir el derecho del gobierno dominicano para sellar la frontera, terminar la construcción del muro, y las deportaciones de los ilegales haitianos que intenten entrar al país.
- Ambos gobiernos, República Dominicana y Haití, se comprometen a mantener el flujo comercial en la frontera, dándole protección a los transportistas y manteniendo abierto los mercados fronterizos. Igualmente, garantizar la entrada y salida de ciudadanos de ambos países que tengan sus documentos en regla.
- Esta vuelta a la normalidad en Haití puede tomar de dos a tres años y las inversiones estarán sujetas a que el gobierno haitiano cumpla con los requisitos que establezca la Comisión para el uso de los fondos aportados, donde la transparencia debe primar sobre todas las cosas.
- Igualmente, la participación de cada representante en la Comisión, si son extranjeros, deben recibir de sus organismos o gobiernos el financiamiento para sus honorarios, viajes y viáticos durante su estadía en el país.
- Los fondos mencionados no pueden dedicarse a ninguna otra cosa que no sea el cumplimiento del plan de paz, que incluye la seguridad pública, la inversión en proyectos y los programas de ayudas sociales.
¿Es viable esta propuesta? Se ha dado decenas de veces, desde las negociaciones de paz en Vietnam hasta la solución del conflicto entre Israel y Palestina realizadas en países diferentes. También sucedió con las negociaciones de paz en los Balcanes y con la guerrilla en Colombia. Pero cada caso tiene sus propias particularidades.
La idea de que la sede esté ubicada en República Dominicana puede crear suspicacia entre los haitianos, pero si nuestro gobierno juega un papel de bajo perfil y apoya con toda firmeza la logística de esta iniciativa se puede crear la confianza necesaria para que el gobierno y el pueblo de Haití apoyen esta solución al conflicto que tienen al vecino país en ruinas.
Además, la Comisión también verá con sus propios ojos cómo la crisis haitiana desborda los límites de nuestra frontera, de nuestra economía y de nuestra seguridad como país.
Tres mil millones de dólares no resuelven en el problema de Haití, pero sienta las bases para iniciar un proceso de cambios, extirpando de raíz los orígenes de la violencia y reestableciendo la gobernabilidad.
La otra alternativa es que la ONU se decida a enviar una fuerza de paz a Haití y disponga de recursos para la reconstrucción de ese país. Pero que no sigan dando tumbos porque estamos a un pelo de perder nuestra identidad y soberanía.
A diferencia de años anteriores, ahora los dominicanos tienen terror al ver un haitiano que puede ser una amenaza a su seguridad. Y aunque parece ser una percepción exagerada, cada día los hechos muestran que es una realidad, porque nadie sabe cuántos miembros de esas bandas terrorista han cruzado la frontera con planes subversivos.