No existe duda sobre la relevancia del turismo como uno de los pilares de la economía dominicana. Ha sido el sector de mayor recuperación luego de la pandemia, los datos e informaciones preliminares del 2023 así lo indican, teniendo una importante contribución al producto interno bruto (PIB). El crecimiento y desarrollo en los últimos 2 años ha sido impresionante, siendo incluso reconocido internacionalmente por la Organización Mundial del Turismo (OMT) en el 2022. Las proyecciones en el corto y mediano plazo, en términos de nuevos desarrollos de destinos turísticos, como sería Cabo Rojo, Miches y Punta Bergantín, así como la ampliación de los destinos existentes es más que alentador.
Un elemento que contribuirá al extraordinario performance turístico es la adecuación de su marco normativo, que a mi entender es una necesidad imperiosa de cara a todas las proyecciones, planes e inversiones que se pretenden desarrollar en este sector de la mano de proyectos públicos-privados. No es sostenible, postergar la actualización del marco jurídico y poner en posición de ventaja y de oportunidad a un sector que ha aportado tanto desarrollo del país durante las últimas décadas.
Si bien se han dictado leyes más recientes para incentivar el turismo, entre la que destaco la Ley No. 158-01, que estableció el Fomento al Desarrollo Turístico de los Polos de escaso desarrollo, nuevos polos y localidades de gran potencialidad, y creó el Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR), actualmente, el marco jurídico del sector se encuentra delimitado por la ley orgánica de Turismo No. 541 que es del año 1969. Asimismo, se han dictado normativas administrativas para determinadas cuestiones, pero todos estos esfuerzos no son suficientes ni pueden regular todos los aspectos requeridos para actualizar el marco normativo del turismo a las necesidades actuales y la realidad global para continuar manteniéndose a la vanguardia en un sector tan competitivo nacional como internacionalmente.
La dispersión normativa, así como la deficitaria legislación administrativa turística y algunas normas legales existentes que tienen una pésima calidad técnica, implica un desafío que debe ser superado y convertirse en una prioridad para el Ministerio de Turismo en el 2024, a fin de promover una política pública turística para el siglo XXI orientadas a las fortalezas de nuestro país como destino turístico.
El turismo como política pública debe orientarse a una regulación efectiva y eficiente, que contemple el impacto administrativo y regulatorio tanto de la Administración Central como en las distintas Administraciones Locales o Ayuntamientos que pueda impactar. Por su naturaleza, la regulación y ordenamiento jurídico-administrativo del turismo incide directamente al menos en el urbanismo, medio ambiente, sanidad, infraestructura pública y privada, aeroportuaria, consumidor, por mencionar algunos. Una buena técnica legislativa debería analizar y depurar las leyes turísticas para dotar al país de un marco normativo más robusto, previsible y seguro que permita facilitar las inversiones y los proyectos en este sector.
La nueva regulación que se pueda adoptar debe necesariamente tener en cuenta los aspectos sociales y económicos del fenómeno jurídico-turístico. Tomando en consideración muy especialmente, que el derecho del turismo tiene un gran fundamento administrativo, ya que una de sus principales funciones es ordenar la intervención de la Administración Pública en el sector turístico.
En este contexto, siendo nuestro país uno de los principales destinos turísticos de Latinoamérica, ha tenido muy poco desarrollo sistemático y académico la regulación jurídica del turismo, que no se ha afianzado como debía. Y es que esta rama de estudio tiene un carácter multidimensional, que implica analizar una realidad desde diferentes ópticas, como por ejemplo la evolución del turismo que incluye, entre otros: el de masas; bienestar (físico o espiritual); deportivo; de salud; ecoturismo; cultural; élite o de lujo, teniendo cada uno de ellos particularidades muy específicas y regulaciones diversas.
La planificación turística es fundamental para preservar la continuidad, desarrollo y sostenibilidad. Esto implica integrarse necesariamente con un efectivo ordenamiento territorial y urbanístico con criterios técnicos y sostenibles. La Ley No. 368-22, sobre Ordenamiento Territorial, uso de suelo y asentamientos humanos ha sido un avance, pero no es suficiente para lograr esos objetivos que se deben enmarcar como una política pública nacional o supramunicipal o al menos regional turística.
La especialidad y singularidad de la materia turística, así como su relevancia en el país me hace sostener que se deben repensar los modelos tradicionales de la intervención de las Administraciones Locales hacia una organización y planificación más estratégica y concentrada con todos los actores del ecosistema turístico público y privado. Debe ser un pilar de una estrategia nacional de desarrollo turístico. La Ley No. 1-12, del 25 de enero de 2012, que estableció la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 se orienta a esos objetivos, pero al igual que la Ley No. 368-22 se puede lograr un paso más de avance e innovación en el turismo.
El turismo puede impulsar el desarrollo en áreas específicas, como lo que está ocurriendo en Pedernales y todo el sur del país, propiciando un ambiente para crear oportunidades para el desarrollo de infraestructuras y servicios que mejorará la calidad de vida, pero con una debida regulación orientada a la sostenibilidad y seguridad jurídica, ese proceso puede ser más robusto y previsible para atraer mayores inversiones. Y es que como he indicado, la relación entre el turismo y el derecho administrativo es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible de la industria turística, poder conjugar y proteger los distintos intereses de todas las partes involucradas o “Stakeholders”, la armonización de las actividades turísticas con las normativas legales y administrativas, como es por ejemplo, toda la permisología administrativa, la seguridad, concesiones, el espacio público, protección al turista desde la óptica del consumidor, la protección de los recursos naturales.
Recientemente se ha celebrado la llegada de los 10 millones de visitantes al país. Para lograr los próximos retos y objetivos del sector, creo que uno de sus aliados en adición a la estrecha y ejemplar colaboración de lo público y privado es una nueva ley general de turismo que innove y tome en consideración las cuestiones planteadas anteriormente, incluyendo gestión de crisis y desastres naturales o pandemias. También, es necesario que cuente con una adecuada planificación si se quieren promover y consolidar destinos turísticos que puedan tener un impacto por generaciones y dentro de la economía de las zonas. Me parece necesario que la nueva ley posea una orientación estratégica y nacional en los instrumentos de planificación y gestión de la actividad turística, para que la industria siga consolidándose como uno de los principales generadores de empleo, ingresos fiscales, desarrollo económico y sostenible del país.
Ojalá que todo el sector promueva esta política pública turística que permita continuar evolucionando y garantizando la sostenibilidad del sector por muchas décadas más. Esto requiere planificación, trabajo colaborativo público-privado e innovación para mantener la competitividad y ser ejemplo turístico en Latinoamérica y todo el mundo.