En nuestro artículo del pasado 17 de enero de los corrientes, abordamos de forma muy apretada, como lo permiten estas líneas, un esbozo aún parcial de “la reforma de la educación superior que está por venir”, con especial énfasis en el profesor e investigador universitario. En esta oportunidad, bien pudiera llamar a este artículo como la parte II del anterior, quiero enfocarme en una cuestión un tanto más urgente desde el punto de vista de la política pública de desarrollo productivo de corto y mediano plazo, como lo es la adecuación y reformas institucionales básicas requeridas para impulsar la articulación institucional en materia de ciencia e innovación en nuestro país. Y digo urgente y de corto plazo, no porque la reforma de la educación superior en los lineamientos indicados no fuera igualmente urgente, sino por la presión que la recuperación económica pos-pandemia pone sobre el presente y el futuro de la economía dominicana.
De hecho y para zanjar esta breve disquisición dialéctica, basta con aseverar que ambas reformas, la de la educación superior y la adecuación institucional en materia de ciencia e innovación, en realidad son las caras de una misma moneda y que desde el punto vista programático temporalmente no pueden estar alejadas una de la otra, dada la retroalimentación positiva y los flujos de información, conocimiento, capital humano, financiero, tecnológico de y otros insumos entre una y otra dimensión, pero eso es harina de otro costal. Por ahora y de la manera más apretada me concentraré en dos de los aspectos que considero claves para la adecuación institucional que requiere el país en materia de ciencia e innovación a lo largo de los próximos años, considerando un impacto de corto y mediano plazo: 1) una nueva institucionalidad para la ciencia y la tecnología y 2) un renovado marco institucional en materia de innovación. En esta ocasión me centraré en el primer punto sobre la institucionalidad para la ciencia y la tecnología.
En el ámbito de la ciencia y la tecnología aquí puedo afirmar que sin dudas el país ha avanzado en los últimos 11 años (2010-2021), en términos relativos y proporcionales, mucho más que lo que avanzó en los cincuenta años previos. Esto en buena medida se puede explicar por el empuje de instrumentos como el Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDOCYT), creado en virtud de la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y al apoyo de las pasadas y presentes autoridades del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), pero también al fortalecimiento de las capacidades científico-tecnológicas del país tanto en instituciones públicas como privadas.
La evolución favorable de la ciencia y la tecnología se puede verificar de manera objetiva por simple inspección, considerando la evolución del indicador internacional más básico de todos: la producción científica en términos de artículos académicos publicados en medios arbitrados internacionales debidamente indexados. Por supuesto que existen otros indicadores como los de insumos (financiación, investigadores por millón de habitantes, etc.), pero me limitaré al ya indicado por todo lo que sustenta un artículo científico en materia de financiación, infraestructura, coordinación, cooperación e institucionalidad. Una muestra de lo anterior lo tenemos en el gráfico 1 de este artículo en el que se presenta la producción científica indexada en Scopus a lo lago de los últimos 21 años.
El colombiano Reynaldo Rodríguez (abajo) de los Caimanes de Barranquilla llega a segunda base frente a Robinson Canó de Gigantes del Cibao hoy, durante un juego de la Serie del Caribe 2022 entre los Gigantes del Cibao de República Dominicana y los Caimanes de Barranquilla de Colombia, en Santo Domingo (República Dominicana).
Tal como se puede apreciar en el gráfico 1 la evolución de la producción científica dominicana cuando se examina de manera individual ha exhibido un comportamiento exponencial y como se ha dicho sin dudas el FONDOCYT y el apoyo continuado del MESCYT ha sido un factor importante. Ahora bien, cuando ponemos en un contexto regional esa evolución y nos comparamos con nuestros socios del Tratado de Libre Comercio con Centro América y los Estados Unidos (CAFTA-DR), encontramos otra realidad. El gráfico 2 muestra la producción indexada en Scopus para el mismo período de los países socios del CAFTA-DR, incluyendo a Panamá.
La brecha con Costa Rica y Panamá es evidente y no requiere comentarios. Del gráfico 2 de puede decir mucho más, pero lo dejamos hasta aquí por ahora. Con los demás países del CAFTA-RD hemos cerrado la brecha y es posible que, de continuar el apoyo del Estado a la investigación, en unos años la brecha con Costa Rica y Panamá tienda a la convergencia. Por supuesto el pilar de capacidades científico-tecnológicas desde el punto de vista de la fuerza competitiva de una economía es un indicador que debe mirarse como parte de un ejercicio más profundo de análisis de los procesos de convergencia condicionada en renta per cápita con Centro América, lo que a su vez desde ya puede ser un indicio de otros tipos de brechas de capacidades de la economía dominicana con sus socios más aventajados de la región. No obstante, algo positivo ha ocurrido y ciertamente el país cuenta con mejores capacidades científico-tecnológicas que hace cuarenta o cincuenta años desde el punto de vista del análisis de su desempeño. En resumen, el país ha avanzado en ciencia y tecnología y en buena medida ese avance se ha beneficiado de la continuidad de Estado en materia de política científico-tecnológica, lo que confío continuará por el bien del potencial competitivo de largo plazo de la economía dominicana.
Ahora bien, ¿por qué este tema de la ciencia y la tecnología es importante? Lo primero es que debemos despejar el mito de que la ciencia y la tecnología es para países ricos ya que como se indicó en el artículo del 17 de enero las capacidades científico-tecnológicas y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en sentido general, mejoran la capacidad de absorción de la economía, el perfil de su capital humano haciéndolo más atractivo desde el punto de vista de la atracción de inversión extranjera no inmobiliaria, con lo que se constituyen en una suerte de condición necesaria para los procesos de innovación y desarrollo productivo. A mis alumnos de los cursos sobre políticas de ciencia y tecnología o de innovación, me toca recodarles, por ejemplo, que innovaciones como la televisión a color son de origen latinoamericano (inventada por el mexicano Guillermo González Camarena y patentada en 1940), o como la píldora anticonceptiva (inventada en 1951 por los también mexicanos George Rosenkranz y Luis Ernesto Miramontes), que cambió al mundo permitiendo que millones de mujeres ingresaran al mercado laboral y a la educación superior y que dio lugar a la revolución cultural de los años 60s y 70s del siglo XX. Puedo mencionar otras innovaciones de base científico-tecnológica que cambiaron al mundo y que su origen no está precisamente en los Estados Unidos o Europa.
Las ideas anteriores nos conducen a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el perfil científico tecnológico de la República Dominicana? En el gráfico 3 se reúne la producción científica acumulada del período 2011-2021 y con claridad se aprecia el peso que tienen las ciencias de la vida en la actividad científica dominicana, con cerca de un 40% de la producción de conocimiento relacionada con las bio-ciencias, destacando la producción en el campo de las ciencias de la salud.
¿Cómo se relaciona este empuje de la investigación biomédica con el auge de la industria de los dispositivos médicos en dominicana? O al igual que para otros sectores como la agricultura sería interesante preguntarse sobre el impacto de la biotecnología en actividades como la producción de tabaco o en la producción porcina en el Cibao Central. No quiero decir que de forma directa la investigación en biomedicina o el empuje de la investigación agropecuaria, estén relacionados con el auge de sectores claves de nuestro perfil exportador, ya que eso sería aventurar una hipótesis, pero sin dudas en el mundo de los agro-negocios en dominicana ha existido un flujo de conocimiento y de innovaciones derivados de la actividad investigadora desde las antiguas estaciones experimentales del ministerio de agricultura en los años 70s y 80s y por supuesto de las empresas de base biotecnológica que sin llamar la atención han sido actores que han contribuido con la seguridad alimentaria de nuestro país.
Uno de los casos más recientes y conocidos que refuerza la idea de capacidad de absorción y mejoras del capital humano, es el de los respiradores adaptados, rediseñados y manufacturados con apoyo de empresas locales bajo el liderazgo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). En los momentos más difíciles de la pandemia en el primer tramo del año 2020, cuando se canibalizó el mercado internacional de suministros médicos, nuestro país pudo disponer de ventiladores mecánicos que han salvado miles de vidas en nuestro país. Estos ejemplos como muchos otros, muestran que la ciencia y la tecnología mejoran nuestra capacidad de absorción y el perfil del capital humano en términos de competencias científico-tecnológicas y que como tal la ciencia no es un lujo de los países desarrollados. Por tanto, lo primero que tiene que cambiar es la mentalidad de que la ciencia y la tecnología es una perdida de tiempo o que es un mero tema que puede dejarse únicamente a las escuelas (para su mala en enseñanza en nuestro país) o a las universidades. Esa forma de pensar desde la política pública ha sido y es un error fatal que se ha traducido en una falla de políticas públicas en toda América Latina con consecuencias que explican nuestro atraso relativo como región con el resto del mundo. La ciencia y la tecnología enfocada en lo temas de desarrollo productivo están en la base del progreso económico y deben ser un componente vertebrador de las políticas de desarrollo productivo, innovación y competitividad.
En el caso dominicano y para seguir avanzando el país requiere una nueva institucionalidad en materia de ciencia y tecnología. La razón de ello es que, en el ordenamiento jurídico e institucional vigentes, la ciencia y la tecnología están subordinadas a la educación superior, cuando debería ser lo opuesto y ser la educación superior la subordinada a la política de ciencia y tecnología. Al menos en las economías emergentes ese cambio comienza a apreciarse como en los casos ya consolidados en la región de México con el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), creado en su forma institucional actual en 1970 y que tiene un fuerte peso normativo en la vida de las universidades en adición al papel regulador de la Secretaría de Educación Pública mexicana. Están los casos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina (creado en 2007) pero que coexiste con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) creado en 1958, o el caso del poderoso Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil (creado en 2007) o de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile (creado como tal en 2018), o el caso del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (creado en 2019 en sustitución de COLCIENCIAS). Igual puedo referir casos de nuestros socios centroamericanos, como el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (creado en 1990) o de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá (creada en 1997). En el caso de los países desarrollados los sistemas de ciencia y tecnología son más complejos y el marco normativo que los regula sigue múltiples figuras institucionales que se articulan en un ciclo virtuoso de coordinación de políticas públicas de desarrollo. ¿Cuál es el nivel de diálogo y coordinación efectivos entre el MESCYT, el Ministerio de Economía y Planificación (MEPyD), el Ministerio de Industria, ¿Comercio y Mipymes con el Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Impuestos Internos? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en nuestro artículo de 2020 publicado en Science and Public Policy de la Universidad de Oxford.[1]
Debo reconocer y lo hago con conocimiento de causa, que en el caso del MESCYT ha existido continuidad de Estado en los temas de ciencia y tecnología, como posiblemente ha existido en otros muchos ámbitos y no tengo dudas del genuino compromiso de las autoridades actuales del MESCYT con las políticas científico-tecnológicas, así como del esfuerzo que llevan a cabo para impulsar la investigación científica y tecnológica. De lo que hablamos aquí es de otra cosa, de una cuestión de índole más sistémica que permita impulsar un cambio en la institucionalidad de la ciencia y la tecnología que desate toda su potencial contribución en materia de impacto de mediano y largo plazo en las políticas de desarrollo productivo.
¿Qué figura puede adoptar ese cambio institucional? Consideramos que lo primero es desarrollar una ley de ciencia e innovación, cuyo peso esté en los aspectos de desarrollo, en los instrumentos económicos y financieros para promover la financiación efectiva de la ciencia, la tecnología e innovación. Este marco jurídico debe ser independiente de los temas de educación superior, pero deberá guardar un nivel de conexión que le permita ejercer una influencia normativa importante en ella. En el caso de los países europeos cuyo funcionamiento conozco mucho mejor, existen figuras altamente estables en el tiempo. Es el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC) creado en 1939, un monstruo de peso global. Existe en Francia el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), también creado en 1939. Es igualmente famoso el Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) de la República Italiana creado en 1923, o los Institutos Fraunhofer de la República Federal Alemana fundados como sociedad en 1949, entre otros. En algunos casos estas figuras altamente estables coexisten con Ministerios de Ciencia e Innovación o de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero poseen marcos normativos diferenciados. En el caso norteamericano el sistema es mucho más diverso y cuenta con agencias públicas descentralizadas como la National Science Foundation (creada en 1950) o los poderosos Institutos Nacionales de Salud (una red enorme creada en 1887), o la archiconocida NASA (National Aeronautics and Space Administration) fundada en 1958.
Un consejo de ciencia y tecnología parecido al modelo europeo me parece una alternativa interesante para la República Dominicana que de hecho pueda interactuar y coexistir con las figuras ministeriales vigentes como el MESCYT, el MEPyD o el Ministerio de Hacienda, entre otros. ¿Cómo se puede financiar la ciencia y la tecnología en la República Dominicana? No quiero entrar en detalles en estos momentos, pero sin dudas nuestro esfuerzo de financiación actual está muy lejos inclusive de un nivel sub-óptimo para asegurar el impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo productivo. Entre las fuentes de financiación que pueden ser consignadas en una ley de Ciencia e Innovación se encuentran asignar un porcentaje de los ingresos del Fondo de las Empresas Reformada (FONPER) o un porcentaje del royalty minero, dado que la economía dominicana debe generar las industrias que en 30 años sustituyan la riqueza que genera la actividad minera del país, como lo han hecho países hermanos como el caso de Chile con el Cobre o Brasil con el petróleo.
Hasta ahora la política científico-tecnológica en dominicana se ha beneficiado de la continuidad de estado, pero subordinada a la esfera de la educación superior lo que limita seriamente su impacto potencial en materia de desarrollo. La ciencia y la tecnología se encuentran maniatadas y deben ser liberadas para que ocupen el lugar que le corresponde en las políticas públicas. ¿Quién permitirá que el conejo descienda libremente por la madriguera? En la próxima entrega hablaremos de la institucionalidad del tema de innovación, una cuestión que no puede ni debe confundirse con la ciencia y la tecnología, a pesar del claro vínculo que mantienen desde el punto de vista de las políticas de desarrollo productivo y gestión de conocimiento.
[1] Gómez-Valenzuela V. STI policies in the Dominican Republic: the influence of economic rationales from a context-development perspective. Science and Public Policy 47, 371-383 (2020)