Me atrevo a afirmar que inmediatamente nos preguntan sobre la funcionabilidad del sistema de justicia dominicano respondemos o reaccionamos con argumentos negativos: no funciona, no hay justicia, se corrompe, es lo más injusto que hay, sólo los pobres caen presos y así sucesivamente. Seguramente daríamos una serie de argumentos que, si bien pudieran expresar la percepción negativa de parte del ciudadano, no podemos perder la objetividad y generalizar.
Históricamente, por sistema público de justicia se entiende el conjunto de normas, instituciones y procesos, formales e informales, que se utilizan para resolver los conflictos individuales y sociales que surgen como consecuencia de la vida en colectividad, establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones; autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de estos. Su función es administrar justicia de manera gratuita y decidir sobre los conflictos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.
Esto significa que los sistemas de justicia han sido diseñados para dar respuesta a los usuarios, traer mediación y solución pacífica a un conflicto entre partes, y proteger sus derechos. Sin embargo, la mayoría de los países en desarrollo hemos tenido la gran desventaja de contar, en algún momento de la historia, con sistemas públicos de justicia fallido y la República Dominicana no es la excepción.
El sistema de justicia dominicano es lento, el acceso a la justicia tiende a sentirse distante, lejano; la resolución de un caso legal que no encuentre mediación o conciliación fuera de los tribunales puede tomar años para una definición concreta, y muchas de las causas que originan este retraso y falta de respuesta oportuna al ciudadano son la falta de recursos, logística, estructura, empleomanía, compromiso de los actores clave, sensibilización, capacitación, monitoreo y evaluación constante de la respuesta o solución eficaz brindada al ciudadano, corrupción, entre otras muchas razones. Y todo esto ha llevado que, el sistema de justicia tenga muy baja credibilidad.
Como he compartido en entregas anteriores, la organización a la cual represento, Misión Internacional de Justicia (JM por sus siglas en inglés) es una organización global de derechos humanos cuya misión es la de proteger de la violencia a las personas que se encuentran en estado de pobreza a través del rescate de víctimas, llevar criminales a la justicia, restaurar sobrevivientes y fortalecer los sistemas públicos de justicia a fin de construir un futuro seguro y duradero.
La relación directa entre sistema legal y la pobreza general, es innegable: se pone de manifiesto el componente importante de limitación de acceso a la justicia que suelen enfrentar los ciudadanos por falta de recursos, la complejidad y lejanía que sienten al intentar acercarse a él. Un sistema de justicia complejo y distante es sin duda una barrera de acceso para cualquier ciudadano, y por tanto deficiente en la protección de sus derechos.
Los esfuerzos emprendidos por el Estado Dominicano en fortalecer el acceso y la confianza al sistema de justicia desde 1999 han sido visibles. Paso a paso, el sistema judicial dominicano ha ido robusteciendo sus estructuras institucionales, normativas y servicio a los usuarios de forma paulatina. Quizás lo veamos como un avance muy pausado ante tantas necesidades, pero recordemos que su transformación debe ser producto de un análisis riguroso que identifique dónde le falla el sistema al ciudadano y la voluntad política dispuesta para solucionarlo.
Esto nos trae a colación que hablar de procesos de transformación de sistemas de justicia ha de hacerse teniendo como foco y punto de partida principal al ser humano, el ciudadano que busca en el sistema de justicia la protección de su derecho violentado, es en función a él y su dignidad que operan los gobiernos y bajo lo cual se fundamenta el Estado de Derecho.
Por tanto, algunas de las razones que pudiéramos identificar dónde le falla el sistema al ciudadano y que provoca que este no acuda o no reciba respuesta objetiva del sistema en función de sus intereses, están: la falta de confianza, la falta de respuesta, la falta de seguridad, la falta de accesibilidad, corrupción, desprotección, demora, y la lista sigue. Es por esto por lo que entendemos que el cambio normativo y estructural del sistema público de justicia debe tener de enfoque principal a las personas, el que ha sido vulnerado en sus derechos.
El Estado por su parte, puede apoyarse del trabajo colaborativo de sus instituciones y los diferentes sectores de la sociedad a fin de brindar una justicia más asequible, más abierta y más cercana al ciudadano. La justicia no puede ser vista como una isla, sino que debe ser parte de un todo integral lo cual incluye alianzas entre el sector público y el sector privado; no puede ser vista como un sistema distante, quebrantado y fallido que no llegue a los pobres.
En IJM buscamos catalizar una revolución global en seguridad ciudadana que lleve como objetivo principal, mover a los gobiernos de las comunidades más pobres del mundo a hacerse cargo del trabajo de transformar sus quebrantados sistemas de justicia y compartir el poder protector de la disuasión con los pobres.
Nada es tan frustrante para una persona en condición de vulnerabilidad debido a la violación de su derecho, ver que su ruego, clamor o petición de justicia ante las autoridades sea desatendido, ignorado, denegado o peor aún, sea revictimizado por quien está llamado a velar por la protección de su derecho.
Puedo confesar que cuando ejercía como ministerio público en la provincia Santo Domingo, salía en ocasiones de audiencia a trancarme a llorar de impotencia y frustración por la solución otorgada a un caso. Experimenté el dolor y frustración que vivían algunos de los usuarios por el servicio carente del sistema de justicia, la falta de actualización de las leyes, la falta de sensibilización y sentido de urgencia del sistema, todo lo cual impactaba negativamente su interés y la aplicación de justicia.
El recorrido para transformar el sistema de justicia es largo y debe ser ajustado según las necesidades que se vayan presentando. La creación de nuevas normas, la actualización y la derogación de otras, se van haciendo notorias a medida del avance de los tiempos. La pandemia de COVID-19 es un ejemplo de esto: nos forzó a implementar la virtualidad en el sistema de justicia y a entender la urgencia e importancia de la digitalización, que trae como impacto la eficiencia y eficacia en tramitación de casos, la mejoría notable en el acceso a los servicios de justicia en línea y la transparencia.
Si digitalizamos información y datos del sector justicia, estaremos dando al país una garantía adicional de imparcialidad que permite fortalecer las actuaciones de los jueces, reduciendo las oportunidades de corrupción. El cambio institucional que busca reformas normativas, organizacionales, culturales, adecuar espacios, equipos y recursos para la mejora continua, es también parte esencial para transformar el sistema.
Ya para finalizar, la transformación del sistema de justicia debe ser inclusiva de la voz del usuario, el ciudadano, el ser humano. Cualquier ciudadano está completamente dotado para aportar a la construcción de nuevos servicios legales, de reformas normativas, fortalecimiento institucional y hasta políticas públicas. No sólo el ciudadano profesional, el funcionario o exfuncionario, o los altos gobernantes, sino ese ciudadano que ya ha sido usuario del sistema de justicia, como víctima, denunciante, querellante, imputado, testigo o informante. Cualquiera que haya sido su exposición con el sistema de justicia, cuenta con voz para aportar en la confección de un sistema judicial que opere a favor de la protección de los derechos de todos.
Referencias:
*Sonia Hernández es abogada litigante, procesalista penal, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se desempeña como Directora asociada del fortalecimiento del Sistema Público de Justicia para Misión Internacional de Justicia.