La lectura del pasado desde cortes temporales anuales nos muestra la continuidad de procesos sociales estructurales recurrentes como ocurrió en el año 2024. Un año en el que sucedieron hechos que incrementaron las desigualdades sociales, la violencia en sus distintas manifestaciones, la inequidad de género, la inseguridad ciudadana y las prácticas discriminatorias con especial énfasis en la población migrante haitiana.
El 2024 fue un año electoral. La presencia de las elecciones en este año favoreció el uso de campañas mediáticas dirigidas a promover una identidad cultural sostenida en distorsiones históricas y negación de nuestras raíces afrodescendientes bajo el concepto de “pura cepa” que desconoce la diversidad existente en la composición étnico-cultural de nuestra población desde el aporte de diferentes grupos inmigrantes y debilita su sentido de pertenencia e identitario.
Para los grupos más vulnerables de nuestra sociedad fue un año muy difícil. En él se incrementó la desigualdad social, el ejercicio de violencia, violaciones de derechos, acceso a vivienda y hábitat digno y exclusión social.
Las intervenciones sociales que se desarrollan con miras a una “modernización” del espacio urbano en las principales ciudades del país generaron la exclusión de una proporción significativa de familias que fueron desalojadas dejándolas sin acceso a un hábitat y vivienda digno.
La presencia de estas prácticas junto a muchas otras con normalización de la injusticia social demuestra la falta de priorización del componente humano y social en el modelo de desarrollo que se promueve.
El año 2025 plantea así grandes desafíos en términos de cambios en el estado de derechos para los grupos vulnerables y la sociedad en su conjunto.
Lo mismo ocurre con el respeto a los derechos humanos. El año 2024 se caracterizó por la ocurrencia continua de violaciones de derechos humanos hacia los grupos más vulnerables: mujeres, jóvenes, personas de la comunidad LGTBIQ, con condiciones de discapacidad, la población afrodescendiente y migrante haitiana.
El desarrollo de deportaciones masivas de personas migrantes haitianas por varios meses y que aún continua desconoce el debido proceso y los protocolos establecidos para ello. Las escenas de niños, niñas, mujeres migrantes captadas de forma violenta en operativos migratorios en las calles, con casos de niñez no-acompañada, así como de mujeres embarazadas son frecuentes y consideradas como “normales”.
Una política de control migratorio errada acompañada por la negación de renovación de documentos de residencia a población migrante para así convertirla en “irregular” desde el Estado y en consecuencia perseguirla y deportarla.
Estas prácticas han fortalecido el racismo, las personas de piel negra dominicanas se sienten inseguras de transitar libremente con la amenaza de ser violentadas y deportadas.
Los hechos de abuso sexual, incesto y feminicidios en el año se incrementaron engrosando la población infantil y adolescente huérfana y desprotegida. Los programas de prevención no logran el impacto social requerido para frenarlos ni un régimen de consecuencias efectivo para erradicarlos.
El ejercicio de los derechos humanos se mantiene dentro de la confusión entre derechos y “favor” o “privilegios”. En la interacción social se acentúan las prácticas de desconocimiento del respeto. El respeto es un tema pendiente con débitos históricos por su lamentable distorsión histórica con la imposición de poder y autoridad no así desde el reconocimiento del “otro” y sus derechos. La débil priorización de la niñez-adolescencia, mujeres, personas con discapacidad, afrodescendientes y de todos los grupos vulnerables se muestra en la ausencia de campañas educativas dirigidas a promover sus derechos y de un régimen de consecuencias que penalice la discriminación y la violencia hacia estos grupos.
La indiferencia ante las violaciones de derechos humanos en el país es altamente preocupante al igual que ante la violencia de género, abuso sexual y maltrato hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres. Los relatos de feminicidios con sus secuelas de orfandad en población infantil y adolescente, así como de continuas situaciones de incesto, abuso y acoso sexual, son parte de una narrativa social de sumisión e inercia.
La expansión de estos escenarios erosiona notablemente el clima democrático y la gobernabilidad en el país.
El año 2025 plantea así grandes desafíos en términos de cambios en el estado de derechos para los grupos vulnerables y la sociedad en su conjunto. Las políticas, programas sociales y el ejercicio de poder requiere de una descentralización y un enfoque estructural, territorial y cultural que identifique a los grupos sociales como sujetos – no como individuos aislados.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY