A inicios de este siglo XXI, escuché dos técnicos conversar bilateralmente sobre los postgrados en gestión de salud en República Dominicana. Muchas universidades se concentraban en salud pública y epidemiología. Ambos profesionales platicaban sobre la importancia de la formación de gerentes en salud; desde sus cubículos en la biblioteca de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Eran los doctores Pedro Ramírez Slaive y Carlos Amorós Báe. Me les acerqué al descubrir que el centro de su plática era fortalecer la formación de postgrado en gerencia de salud y seguridad social.
Para la ocasión, la ley de seguridad social no estaba aprobada, pero por los debates legislativos, suponíamos que el Congreso Nacional, lo haría pronto. Me atrajeron esos razonamientos pues esa era mi idea original, para impulsar desde las universidades. Entre los tres fuimos parte de los creadores de esas maestrías sobre salud y seguridad social en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).
En este contexto, inicié mi colaboración con la UCSD y asimismo pasé a ocupar la labor de asesoría del primer Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALSRIL), doctor Bernardo Defilló en materia del monitoreo de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Por petición de esa lumbrera, luminaria y guía de las ciencias médicas dominicanas, inicié la colaboración de asistencia técnica en monitoreo y seguimiento de las ARS, a la sazón unas 71 empresas.
En 2003, diseñé y apliqué con un equipo de SISALRIL, el primer instrumento de evaluación de las ARS. Igualmente orientamos que varias de las investigaciones de postgrado se concentraran en esta temática.
Los resultados evidenciaron que las ARS estaban atiborradas de contables, registradores, expertos actuariales, administradores, mercadólogos y analistas financieros.
No poseían planificadores, médicos, epidemiólogos, enfermeras, promotores, ni trabajadores sociales. Sus gerentes sabían poco de atención primaria y mucho menos de los factores de riesgos asociados a preservar la salud, antes que tratar las enfermedades caras.
Muchas ARS tampoco tenían patrimonio, sino que dependían de ciertos bancos. Cuando medimos el nivel de conocimiento en la ley 87-01, los gerentes de las 71 ARS de entonces, acumulaban similares saberes bajos que los estudiantes de séptimo grado de primaria.
Aunque República Dominicana legalizó sistemas de prepagos en salud, accidentes y daños laborables por más de 200 mil millones de pesos anuales, hoy no puede decirse que las ARS, ni las aseguradoras de vehículos, impulsen programas de preservar la salud.
En el artículo 118 de la ley 176-07 se establece la finalidad del Seguro Familiar de Salud (SFS). Por ningún lado este histórico mandato dice, que la función de este precepto en el sector salud, es administrar las rentabilidades, lucros y ganancias que se puedan obtener luego de que la gente se enferme.
En cambio si dice que el Seguro Familiar de Salud (SFS) tiene por finalidad, la protección integral de la salud física y mental del afiliado y su familia. Es decir se supone que su competencia es esencial es mantener a las personas sanas y saludables.
Incluso detalla el cómo alcanzar una cobertura universal sin exclusiones por edad, sexo, condición social, laboral o territorial. Establece la garantía del acceso regular de los grupos sociales más vulnerables. Al final indica que la “protección de la salud debe velar el equilibrio financiero, mediante la racionalización del costo de las prestaciones y de la administración del sistema”. Eso difiere de lucrarse con las enfermedades.
El Seguro Familiar de Salud (SFS) ha sido desvirtuado en la República Dominicana por un excesivo interés pecuniario de la mayoría de las ARS y la ausencia de un rol más activo y vigilante de parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALSRIL) y de los diversos organismos del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
La SISALRIL ha tenido cuatro superintendentes, estando al frente hoy el investigador Jesús Feris Iglesias, proveniente de una familia de profesionales estudiosos, quien tiene todas las potencialidades para en conjunto al Ministerio y el Gabinete de Salud, impulsar un cambio real.
Este SFS comprende todas las alternativas y técnicas mundiales para evitar que los asegurados dominicanos se enfermen. Es decir para mantener sano a los que realmente lo están. Acelerar el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de los que se enfermen. Asimismo, se impone que posteriormente, que los dominicanos se enfermen, emerjan de la enfermedad con limitación de sus discapacidades y rehabilitación física de cada paciente.
Dado la razón de 18 médicos cada 10 mil habitantes que registra la Republica Dominicana, los profesionales de la salud ofertan millones de consultas y contactos anuales con la población. Se registran más consultas anuales que el total de 11.0 millones de habitantes que hoy se estiman. Mas aun si logramos que como se ha planteado en el PLANDES 2030, las necesarias tecnologías de información y expedientes virtuales únicos para cada uno de las y los dominicanos.
La promoción de la salud, la prevención y el tratamiento de las enfermedades, la rehabilitación del enfermo, el embarazo, el parto y sus consecuencias. Son obligaciones de la ARS dominicanas.
Hoy, la seguridad social registra 10.4 millones de afiliados que no están protegidos, ni educados para evitar que una parte significativa de ellos, enfermen o mueran. En República Dominicana, la administración del riesgo de salud no se implanta como se debe y puede.
17 ARS certificadas no logran que sus afiliados se mantengan saludables, sino que permiten que la gente se enferme, para luego rivalizar con médicos, hospitales y clínicas, por tratamientos que racionalicen el riesgo financiero de sus empresas. Pretenden imponer terapéuticas ahorrativas de los 91 mil millones de pesos anuales que reciben.
Eso no es administrar “riesgo de salud”, sino gestionar “terapéutica de enfermedades”.
Los resultados iniciales del diagnóstico Plandes 2030, indican pasos para que el país se dote de un sistema de atención primaria integral, concurrente con un plan maestro de prevención de accidentes.
Creemos suficiente el monto dispersado por régimen de financiamiento y afiliados para implantar certeros programas preventivos. Por su parte, las aseguradoras de vehículos cada año, ingresan activos por el orden de los RD$ 80 mil millones. Monto que tampoco consigue resultados, que no sea la acumulación originaria de capitales privados.
En quince años (2007-2021) murieron en RD, 27,608 personas en accidentes de tránsito, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). Esto representa un promedio de 1,840.5 muertes por año, lo que se convirtió en 2021 en la principal causa de muerte en el país.
La salud como medio, escenario y fin del desarrollo es un bien social decisivo, para que dependa exclusivamente del mercado. Un cambio planificado se impone.
Hoy están dadas las condiciones para implantar con fondos del seguro familiar de salud y las aseguradoras de movilidad, una estrategia pública-privada salvadora de vidas. Gobierno, ADARS y Cámara de Aseguradoras debieran articular una alianza protectora de la salud de la población contra los riesgos de enfermedades y accidentes de tránsito.
El Plan Estratégico Nacional de Salud 2030 es el mejor espacio para cristalizar entre todos, un proyecto estructurante con resultados esperados de impacto.