Según los reportes de las instituciones públicas responsables del tránsito terrestre de nuestro país, las muertes por accidentes de tránsito superan las 3,000 personas durante el año 2024, lo que coloca a la República Dominicana en el segundo lugar por muertes en accidentes de tránsito a nivel mundial.
Como se sabe, la mayoría de las muertes en accidentes de tránsito involucra a personas en edades entre los 15 y los 45 años, período en el que los jóvenes estudian y/o trabajan; mientras que, los adultos están en su etapa de mayor productividad, según las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según nos consta, el Gobierno que preside Luis Abinader y Raquel Peña instruyó mediante decreto al señor Milton Morrison, Director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), a elaborar y presentar al Poder Ejecutivo a más tardar en el mes de mayo del año 2025, un Plan Nacional para planificar, organizar y gestionar el transporte terrestre para el período 2025-2030.
Por su parte, el decreto de referencia instruye al Director del INTRANT a involucrar a todos los sectores claves que tienen que ver con la movilidad y el transporte público y privado a nivel nacional, incluyendo entre otros, a los ministerios de Educación y de Obras Públicas de nuestro país.
Desde nuestro punto de vista, la estructuración de un Plan Nacional para planificar, organizar y viabilizar el transito terrestre en nuestro país, requiere el involucramiento de todos los centros educativos, las iglesias de todas las denominaciones, las juntas y las federaciones de juntas de vecinos, así como a todos los medios de comunicación que existen en todo el territorio nacional.
De su lado, las estadísticas sistematizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) refieren que, “el caos en el tránsito terrestre en los países en vías de desarrollo como el nuestro, reduce la productividad, afecta la salud física y mental y, al mismo tiempo, contamina el medio ambiente” (Reportes de la OMS, período 2001-2023).
Como se puede observar, la prevención de los accidentes de tránsito, requiere de políticas públicas, planes e inversiones estratégicas para el corto, mediano y largo plazo con criterios de sostenibilidad económica y ambiental, así como la aplicación del Régimen de Consecuencias a quienes violen las Ley de Transito 63-17 y sus reglamentos.
En tal sentido, el Presidente Luis Abinader debe nombrar, al comienzo del año 2025, un profesional (hombre o mujer) al frente del INTRANT que esté dispuesto a trabajar con todos los sectores claves de nuestro país, implementando estrategias para la prevención y resolución de conflictos económicos, sociales y gremiales bajo el concepto ganar-ganar.
Por su parte, el INTRANT debe diseñar las normativas requeridas para organizar el tránsito y, al mismo tiempo, adquirir las tecnologías disponibles en el mercado para planificar y organizar el tránsito terrestre en todo lo ancho y largo de nuestro país.
Según nos consta, México, Argentina, Colombia y Costa Rica utilizan normativas de tránsito y tecnologías diseñadas para planificar, facilitar y monitorear el tránsito terrestre y, al mismo tiempo, proteger a los ocupantes de los vehículos y a los peatones 24/7.
Como se sabe, el exceso de velocidad, la inobservancia de las leyes de tránsito, el consumo del alcohol y otras sustancias prohibidas, el mal estado de los vehículos, la falta de señalización en las carreteras y autopistas, entre otras, son las causas principales de muertes y lesiones por accidentes de tránsito en nuestro país, según los reportes de la ONE, la DIGESETT, el MOPC y el MSP.
Asimismo las estadísticas refieren que, los accidentes de tránsitos provocan, entre otros: (a) Muertes y traumatismos craneoenfálicos severos; (b) amputaciones; (c) pérdida de la visión; (d) lesiones neurológicas graves; (e) fracturas múltiples; (f) lesiones medulares que derivan en discapacidad; y, (g) lesiones que comprometen la cabeza, el cerebro, el cuello, la espalda, la pelvis, el abdomen y las costillas de acuerdo a las estadísticas de la OMS-OPS.
Por lo que hemos visto en el cuerpo de este artículo, la planificación, organización y viabilización del tránsito terrestre en nuestro país, requiere de voluntad política al más alto nivel, así como los recursos económicos para adquirir e implementar las tecnologías disponibles en el mercado para facilitar el tránsito vial a nivel nacional.
Permitir que continúen muriendo jóvenes en edad escolar y adultos productivos en accidentes de tránsito, es un acto indolente e irresponsable de los funcionarios públicos que están llamados a facilitar el tránsito seguro y, proteger las vidas de todos los ciudadanos que transiten por las vías públicas de nuestro país.
Finalmente, invito a los dominicanos a que nos involucrarnos proactivamente en la prevención de los accidentes de tránsito durante los 365 días del año 2025, condiciendo con responsabilidad y prudencia en las calles, avenidas, autopistas y carreteras de nuestro país.
“Educar y concientizar para prevenir los accidentes de tránsito, es una inversión invaluable que retorna con creces en beneficios de las presentes y las futuras generaciones” (DTGM, 2024).