La corrupción política comienza cuando lo público, el bien colectivo, se confunde o asume como un bien privado. Es decir, ocurre cuando el actor político ve y maneja lo que es de todos con los mismos criterios con los que manejaría lo propio o lo privado.

Los más grandes desastres políticos y estatales tienen su origen en este funesto cruce de roles.

En República Dominicana este trágico fenómeno la comenzamos a vivir con Pedro Santana, quien quiso y dirigió la República con los mismos criterios con los que manejaba su finca ganadera (terminó vendiendo el país entero a cambio de un nombramiento como marqués de España).

Por eso sorprende que en el siglo XXI líderes políticos de Santo Domingo Este levanten la bandera neoliberal de administrar lo colectivo desde el perfil de un “gerente” del sector privado. Es decir, desde el perfil de alguien preparado para administrar intereses privados, empresariales, propios o de terceros, como si fuera lo mismo que manejar una institución de servicios, una institución pública y todas sus variables sociales, políticas, históricas, legales, reglamentarias y burocráticas.

Sorprende más todavía que este discurso lo levanten personas que ni siquiera tengan un historial mínimo de trabajo importante en el sector público que no sea hacerse fotos regalando cosas del Estado para pasar como grandes benefactores, a sabiendas de que, como dice Raymond Pozo, el que da lo ajeno no da.

También llama la atención que levanten estos discursos quienes saben que ni las rifas ni las charlas motivacionales son modelos gerenciales trascendentes en el ámbito privado, y mucho menos en el público.

La realidad es que los ayuntamientos, el Gobierno y los demás espacios del Estado tienen mayor nivel de desempeño cuando son dirigidos por verdaderos servidores públicos, preparados y con un claro interés de fortalecer el bien colectivo, no el bien propio o de particulares.

En Santo Domingo Este el Ayuntamiento actualmente lo dirige un servidor público que se llama Manuel Jiménez, quien tuvo que articular a los más grandes empresarios del país, a todo el liderazgo político nacional y a figuras de todos los estratos sociales para crear la Ley de Cine, la ley de Mecenazgo, el actual Ministerio de Cultura; recuperar la oficina de Derecho de Autor, entre otras iniciativas impulsadas en su ya larga trayectoria de servicio público sin vinculación con prácticas de tigueraje ni privatización de lo que es de todos.

De su desempeño como alcalde hablarán los munícipes. Manuel Jiménez tendrá que ser evaluado por los más de 100 parques remozados por su gestión, el aumento de los arbitrios, la recuperación y creación de plazas y monumentos históricos, la organización y ampliación del sistema de juntas de vecinos, el incremento exponencial de los equipos y maquinarias operativas del cabildo, la mejora progresiva de los servicios municipales, la protección y ampliación de las áreas verdes y protegidas. el apoyo al deporte, la promoción de la cultura y los valores patrióticos, el respeto a la institucionalidad y los recursos del erario, y un largo etcétera.

Pero de los supuestos gerentes todo está por averiguar, comenzando por su condición: ¿son servidores públicos o típicos gestores de negocios propios?, ¿tienen alguna experiencia construyendo bienestar desde el Estado?, cuando estuvieron en la función pública ¿crearon soluciones o regalaron lo ajeno?

Son preguntas sencillas para quienes se venden con supuestos perfiles complejos, “gerenciales”.

El tiempo las responderá, muy pronto.