"La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de una intención elevada, un esfuerzo sincero, una dirección inteligente y una ejecución hábil." – John Ruskin.
En la República Dominicana, existen múltiples sectores donde la proclamada calidad puede ser cuestionada. Dicha calidad se refiere al cumplimiento de normativas, ya sean reglamentarias o de adhesión voluntaria. Al observar nuestra vida cotidiana con una perspectiva crítica y constructiva, se percibe la consolidación de lo que podría describirse como una cultura de incumplimiento cuyos protagonistas son innumerables empresas y los propios ciudadanos. Los servicios de transporte de carga y escolar ilustran claramente este fenómeno, aunque la lista es extensa e incluye la alimentación, construcciones civiles y la fabricación de una amplia gama de productos, tanto perecederos como de larga duración.
Muchos de los productos que se adquieren por necesidad en los hogares a menudo están lejos de cumplir las expectativas de los consumidores y usuarios. Al mismo tiempo, las ofertas especiales que aparecen periódicamente en grandes establecimientos pueden ser prácticas engañosas que, aparentemente, no están sujetas a ningún tipo de control, evaluación de conformidad o supervisión por parte de los entes reguladores establecidos por la ley.
La población debería estar informada sobre los objetivos legítimos protegidos por el Estado, que incluyen, al margen de la seguridad nacional, la prevención de prácticas engañosas, la protección de la salud y seguridad humanas, de animales y plantas, así como del medio ambiente. Estos aspectos conllevan riesgos significativos que requieren evidencia de cumplimiento, como certificaciones, inspecciones, evaluaciones o verificaciones técnicas por personal cualificado, información científica y técnica accesible, el cumplimiento de normativas de etiquetado obligatorias y pruebas y ensayos de laboratorio confiables, entre otros.
Recientemente, en una reunión familiar, presencié cómo una silla plástica se rompía bajo el peso de una señora de edad avanzada, provocando su caída. Este incidente sugiere una aparente indiferencia hacia la calidad de las sillas plásticas, responsabilizando al consumidor de los riesgos y posibles gastos médicos. En justicia, los fabricantes de estos productos, que presentan una amplia variedad, deberían asumir los costes médicos derivados de accidentes causados por productos que no cumplen con ningún estándar y carecen de certificaciones de conformidad visibles.
Los fabricantes están conscientes de que, para garantizar la calidad y seguridad de las sillas plásticas, estas deben ser fabricadas con plástico de alta calidad, resistente y duradero. Además, es imprescindible someter los productos a pruebas de resistencia que aseguren su capacidad para soportar el peso y el uso habitual. También se recomienda una inspección visual antes de su uso para identificar posibles grietas, deformidades o signos de debilidad estructural. No obstante, predomina la reducción de costos y la ampliación de los márgenes de ganancias, importando poco la seguridad de los usuarios finales.
Es aconsejable que los consumidores adquieran únicamente sillas de ese material que cumplan con estándares de seguridad reconocidos y que hayan sido certificadas por organizaciones competentes, como el Indocal en el ámbito gubernamental. Es esencial que los fabricantes ofrezcan garantías adecuadas que cubran defectos de fabricación, al mismo tiempo que los usuarios desarrollen el hábito de inspeccionar periódicamente las sillas en uso para detectar signos de desgaste o debilitamiento.
Existen normativas técnicas y reglamentos específicos en diferentes países sobre la seguridad respecto a una enorme diversidad de bienes, incluyendo las sillas plásticas. Algunas de las normativas más comunes incluyen la ISO 7174, la ASTM F1561 y la ANSI/BIFMA X5.1, así como la norma europea EN 581, que establecen los requisitos y métodos de ensayo para determinar la estabilidad, resistencia y durabilidad de las hoy ampliamente difundidas sillas plásticas.
El Indocal debería trabajar -si no lo ha hecho- con estas normativas y comunicar a los fabricantes, a través de Pro-Consumidor, la disponibilidad y requisitos para la certificación de conformidad según las normas que finalmente resulten adoptadas como nacionales. Paralelamente, Pro-Consumidor debe informar a los distribuidores y puntos de venta de sillas plásticas sobre la necesidad de contar con la certificación oficial con la norma que corresponda, o de alguna otra equivalente emitida por una empresa certificadora acreditada.
Es importante, desde esta perspectiva, la recogida y análisis de datos sobre incidentes con productos defectuosos, permitiendo evidenciar problemas y desarrollar estrategias de mitigación eficaces. Igualmente, es perentorio mirar hacia naciones con regulaciones avanzadas, como la Unión Europea y Estados Unidos, las cuales ofrecen modelos y prácticas a implementar para mejorar la calidad y seguridad de una gran variedad de productos en nuestro país.
Todas las acciones mencionadas podrían ser complementadas con la incorporación de testimonios de usuarios afectados. Ello destacaría las consecuencias de ignorar el cumplimiento de requisitos técnicos y otros, humanizando los datos y resaltando la necesidad de reformas. Finalmente, la colaboración con expertos y la elaboración de guías para consumidores son necesarias para promover la educación sobre derechos y estándares de seguridad, motivando a la industria hacia la adopción de un compromiso mayor con la calidad y seguridad de sus bienes finales, en beneficio de la sociedad.