El reciente anuncio del gobierno de la fusión de varios ministerios es una medida correcta en su concepción, pues se debe eficientizar la estructura de servicios del Estado y los recursos empleados. Pero esto debe tener, a su vez, correspondencia práctica en la implementación.
Tal decisión es parte de una tarea histórica pendiente, pero se precipita ante la inminente reforma fiscal. El gobierno está obligado moralmente a ser paradigma de uso racional de los ingresos, disminuyendo la nómina pública y los gastos superfluos e improductivos y los que no se correspondan con los fines institucionales. Es la única forma del presidente Abinader y su gobierno ganarse el respaldo ante el incremento impositivo que formará parte de las reformas que se avecinan en el ámbito fiscal.
Si todos nos tenemos que apretar los cinturones, primero tiene que hacerlo el gobierno. No solo porque aún con la reforma fiscal no se podrá cubrir el déficit fiscal recurrente de que adolecemos, elevado exponencialmente por el financiamiento con recursos públicos de campañas electorales, disfrazado de obras y ayudas sociales; sino que será imprescindible reducir el tamaño del gobierno y hacerlo más racionalmente, acorde a nuestras reales necesidades institucionales.
Conociendo el cuidado que se tiene con sacar de la nómina a los compañeros o a quienes tienen ganada la estabilidad en el empleo, no estoy tan seguro de se pueda lograr todo el ahorro anunciado por el gobierno.
Pero, estoy convencido de que, si no hay una eficientización del gasto público, el gobierno no tendrá la legitimidad que precisa para pedirnos mayores sacrificios, que a final de cuentas implican una disminución de nuestros ingresos y aumentan los del gobierno para gastar más.
Es cierto que la inversión pública dinamiza la economía, con su efecto generador de riqueza, lo que debe ser necesario reduciendo el déficit fiscal y cuasi fiscal, a través de impuestos; pero no es razón suficiente para lograr el apoyo de la población.
El ejemplo comienza por casa, se ha predicado siempre. El apoyo ciudadano a una reforma como la planteada por el gobierno, para disminuir significativamente los gastos gubernamentales, es indudable pues con ello el gobierno predica con el ejemplo antes de dar, más que consejo, con el mallete impositivo. De su efectiva implementación depende la credibilidad, licitud y validez de las reformas.