Los desafíos actuales que enfrentan los derechos fundamentales en la República Dominicana son los mismos que en una parte de las naciones de América Latina, marcadas por procesos políticos poco participativos.
En nuestro país, esos retos se presentan pese a que proclamamos en el año 2010 una Constitución que instituye un modelo de Estado social y democrático de de derecho.
Por esa razón, hemos asumido desde la Fundación Prensa y Derecho una activa estrategia de litigios estratégicos dirigida a producir cambios sociales a través de las sentencias de los tribunales, y muy especialmente del Tribunal Constitucional, para así proteger los derechos de los ciudadanos y compatibilizar nuestro ordenamiento jurídico con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
En ese tenor, promovimos junto a un grupo de directores de periódicos la acción directa de inconstitucionalidad que dio origen a la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0075/16, que despenaliza los delitos de difamación e injuria cuando se producen contra funcionarios ministeriales.
Nuestra tesis de defensa a la libertad de expresión se fundamenta en la doctrina del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que estima que las sanciones penales tocan, por lo menos, tres de los límites que la Convención Americana sobre Derechos Humanos para la restricción de la libertad de expresión. Esas fronteras son: a) que la penalización de la difamación no es necesaria en una sociedad democrática; b) que es un medio desproporcionado y, c) que constituye una restricción a las libertades de expresión e información.
Igualmente, se han sustentado otros procesos, como la defensa colectiva de los usuarios de las telecomunicaciones frente a las cláusulas abusivas de las empresas prestadoras de servicios telefónicos, obteniendo la sentencia No. 442-13, del Tribunal Superior Administrativo, que ordenó al órgano regulador de las telecomunicaciones suprimir dichas cláusulas de los contratos de adhesión de los ciudadanos.
Especial interés hemos prestado también al derecho a la intimidad de los ciudadanos frente a los organismos represivos del Estado, logrando las sentencias TC/200/13 y TC/0484/16 del Tribunal Constitucional, que prescriben la necesidad de autorización judicial para los “pinches” telefónicos, así como permiten el hábeas data frente a los bancos de información confidencial de los organismos represivos del Estado.
Conjuntamente con estas labores, desarrollamos una intensa labor educativa sobre los derechos económicos y sociales, que complementamos con acciones judiciales para la protección de los afiliados a la seguridad social, la representación de los derechos de los consumidores y del medio ambiente.
La Fundación Prensa y Derecho es un poderoso brazo procesal que ha marcado el camino en el ejercicio de derechos de los ciudadanos y ha abierto los procesos de litigios de alto impacto ante las altas cortes del país.