Los ciudadanos no se ven reflejados en los políticos y partidos tradicionales que, carentes de ideología y compromiso social, realizan, indiscriminadamente, prácticas clientelares para conseguir o mantenerse en el poder. Pocos ya aceptan de buen grado consignas inspiradas en el servicio al "partido" o "a los míos” para después servir al país. En una real democracia, como la que aspiramos, un bien particular no puede estar por encima del bien común. Es hora de escoger para el servicio público a ciudadanos que sean "uno entre muchos", sin liderazgos heredados ni comprados, que, sobre el interés pecuniario, destaquen por sus valores y capacidades profesionales vinculadas a la defensa de derechos, que muestren un historial de acciones tangibles a favor de sus comunidades. Todas las crisis nos obligan a pensar fuera de la caja, y eso es lo que propongo hacer a continuación.
En aras de un libre ejercicio de la democracia representativa, la ley electoral dominicana debiera ser revisada, siempre de acuerdo con el artículo 22 de la Constitución, para que todos los ciudadanos puedan elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones. Me atrevo a proponer la incorporación de la figura del “candidato independiente” para todos los cargos políticos electivos. Pienso que lo ideal sería que todas las candidaturas de ciudadanos, afiliados o no a partidos, se presentaran individualmente, en igualdad de condiciones, con normas que regulen estrictamente los gastos de campaña, que obliguen a un uso de medios publicitarios de manera igualitaria, e incluso que obligue a los organismos electorales a presentar a todos los candidatos en las boletas de votación sin logotipos partidarios.
No, no es un dislate, tampoco una utopía irrealizable. Así, haciendo visible al candidato por sus cualidades y propuestas, sin ventajas estructurales partidistas, se garantizan los derechos de la ciudadanía en países como Inglaterra y Australia. Este esquema permitiría que los ciudadanos con talento y vocación que no pertenecen a la aristocracia partidista ni cuentan con aplastantes recursos (legales o no) se presentasen a las elecciones. También propiciaría, gracias a la diversidad de opciones, una mayor libertad de elección para los votantes. Todo esto señalamientos son coherentes con lo que establece el Artículo 22 de nuestra Constitución al definir los “Derechos de Ciudadanía”, que no están condicionados por una pertenencia a un partido político. Obviamente, acomodar o sanear nuestro sistema electoral de esta manera no resulta atractivo para los partidos políticos tradicionales, pues, aunque no los eliminaría del sistema eleccionario, los hace obsoletos, al convertir en gastos innecesarios los miles de millones de pesos que reciben anualmente del presupuesto nacional para financiar sus actividades proselitistas.
Según el Artículo 22, son derechos de ciudadanas y ciudadanos:
1) Elegir y ser elegibles para los cargos que establece la presente Constitución;
2) Decidir sobre los asuntos que se les propongan mediante referendo;
3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes;
4) Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto;
5) Denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo.
Creo fervientemente que la habilitación de “candidaturas independientes”, es el mejor camino para que los ciudadanos elijan personas calificadas, íntegras y con verdadera vocación de servicio. Siguiendo el espíritu original del famoso "E pluribus unum" que fundó el sueño de los Estados Unidos de América, nación que siempre tomamos como modelo, pienso que es tiempo de que los ciudadanos dominicanos empecemos a empoderarnos para alcanzar nuestro propio sueño, propiciando condiciones que garanticen que el erario deje de ser un botín y el Congreso un bestiario.
Si al final esta reflexión es solo un sueño, es el de una nación mejor.