En el año 1978, en República Dominicana, poco antes de la transición entre dos gobiernos, miembros de las fuerzas armadas que habían sido instrumentales en el mantenimiento de la dictadura y que conservaron una alta cuota de poder una vez se empezó a trabajar en democracia, tuvieron la tentación de mantener al mando al candidato que había perdido las elecciones y con quien ellos se sentían más importantes. Las escenas de cambios de mando del año 1974 demuestran que tenían razón. El primer mandatario, más que protegido por las fuerzas del orden, parecía ser un preso de confianza de un equipo numeroso y orgulloso de su poderío.
Afortunadamente, gracias a la colaboración de personas decentes dentro de las mismas fuerzas armadas, del apoyo de la población y de un gobierno que sentía que tenía esta legitimidad, lo que fue un exabrupto se convirtió en el primer paso de un movimiento de equilibrio hacia una repartición de fuerzas más equitativa entre los miembros de los diferentes estamentos. En otras palabras: se trabajó firmemente para el establecimiento de un orden más democrático.
A principios del siglo XXI, los excesos de ciertos actores del sector financiero fueron analizados y condenados por la justicia y como resultado el sistema completo quedó más fortalecido, con unas normativas conducentes a un mejor funcionamiento de todos los involucrados.
Dos décadas después, el caso Medusa ofrece la oportunidad de hacer lo mismo con respecto a la complicidad en los actos de corrupción. Algunos opinantes se concentran en el involucramiento del sector público. Ellos denuncian especialmente la participación de representantes del estado. La pura verdad, y no solemos reconocer con suficiente frecuencia, es que la mayoría de los colaboradores del estado son personas que no estafan a la población, ni al estado que representan. Lamentablemente, en coherencia con la frase que dice que: “si quieres conocer a Mundito, dale un carguito”, algunas personas evidencian que no es su escala de valores la que les permite esa buena actuación, sino la falta de oportunidades “de hacer lo mal hecho”.
Otros, tienden a adjudicar la responsabilidad de la corrupción en el sector privado, tal como señalaba Celso Marranzini en su artículo de la semana pasada. Coincido con él en que una gran parte de los emprendedores, con diferentes niveles de éxito, son personas que dedican sus esfuerzos a ganar dinero legítimamente, en proyectos (empresas) que aportan bienes y servicios a la sociedad.
Es el honor y la responsabilidad de los que están al frente del aparato judicial actual el contribuir para que una situación como la actual se convierta, como ya ha sucedido en el pasado, en la oportunidad de mejorar el sistema en su conjunto tanto a través del ejemplo como el de la disuasión. Es el honor y la responsabilidad de la sociedad civil el demostrar el apoyo a este trabajo de manera que al final todos resultemos gananciosos.