“Con un Estado endeudado y sin gran margen de maniobra fiscal, una sociedad poco educada y preparada para el futuro, el país se arriesga, si no se hace nada, a no tener una segunda oportunidad. Más aún, cuando el cuerpo social no ha aprovechado el impulso económico: con un desempleo endémico, un mercado informal considerable, una política de salud pública poco eficaz, y una criminalidad en aumento, el pueblo dominicano tiene un sentimiento de abandono que lo lleva al individualismo social y a la desconfianza en las instituciones nacionales”-Jacques Attali: Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana 2010-2020.
Desde el sector gubernamental se puede contribuir significativamente al fortalecimiento de las capacidades competitivas de las empresas. Para ello, como ha sucedido en países con un alto nivel de desarrollo industrial, es esencial que la clase política y los estamentos empresariales compartan una visión común que integre ciertos organismos estatales especializados. Juntos, deben formar una alianza de trabajo y desafíos, complementando sus experiencias y conocimientos, y esforzándose por establecer metas alcanzables y resultados convergentes. El mecanismo de acción que pudiera adoptarse debe tener un alcance nacional y ser financiado con recursos de la cooperación multilateral, donantes y fondos propios.
En países como el nuestro, las estructuras organizativas de los organismos estatales que tienen el potencial de mejorar las capacidades competitivas del sistema productivo nacional suelen ser rígidas y altamente burocratizadas, lo que dificulta una interacción efectiva con programas e instrumentos externos de naturaleza dinámica. A menudo, las entidades del gobierno central operan como compartimentos estancos, reflejando la falta de visión estratégica y estilos de liderazgo ineficaces.
No se trata solo de estímulos o facilidades desde el sector gubernamental. La cuestión radica en cómo, desde el gobierno, podemos promover efectivamente las exportaciones y diversificarlas con productos de alto valor agregado; identificar los mecanismos dentro de ciertas instituciones gubernamentales para fomentar inversiones en sectores estratégicos para el desarrollo nacional, desplegar iniciativas para el desarrollo de recursos humanos e impulsar la innovación, ciencia y tecnología, eslabón donde presentamos grandes rezagos.
Por ejemplo, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (Prodominicana), el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PRO-Industria), el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Idiaf), el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), Infotep y el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), junto con ministerios vinculados con el quehacer empresarial, como Industria, Comercio y MiPymes; Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD); Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT); y Agricultura y Turismo (MITUR), entre otros, así como ciertas agencias bancarias, podrían definir, desde el sector gubernamental, el motor impulsor de la competitividad dinámica.
En las últimas cuatro décadas, se han promovido numerosos planes estratégicos multisectoriales y sectoriales tanto por el Estado como por gremios empresariales representativos. Lamentablemente, muchos de estos esfuerzos han caído en el olvido, incluida la iniciativa de creación del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico (2007). Por lo tanto, es imperativo que el entorno nacional favorezca la competitividad, concentrando los mayores esfuerzos en la estabilidad macroeconómica y alineando las intenciones, recursos e instrumentos hacia objetivos de desarrollo compartidos.
En la coyuntura actual, marcada por la declaración oficial de concentrar esfuerzos en cambios sustanciales en la economía y sociedad, los organismos públicos líderes deben procurar cohesión y coherencia, unificar esfuerzos y recursos hacia metas comunes y fomentar la vinculación con el sector privado. Este último debe colaborar no solo en la definición de políticas, sino también ser parte activa y creativa en su gestión.
Aunque la intervención del sector público es dinámica, con frecuencia se ve interrumpida por cambios de gobierno. Es necesario que las políticas y programas de desarrollo, donde media la voluntad empresarial, se mantengan el tiempo necesario, sin dejar de incorporar las necesarias modificaciones que traen los ciclos político-económicos.
Las iniciativas deben tener un alcance nacional, con la orientación regional que demanden ciertas necesidades, y una ejecución descentralizada que permita la participación de actores clave de los gobiernos territoriales. Las políticas deben partir de problemáticas concretas, sugiriendo abordajes diferenciados.
Cada organismo estatal debe actuar de manera integral en el ámbito de la competitividad que le corresponda, integrando empresas y agencias de negocios, pero sin perder de vista que forma parte de un programa ampliamente compartido de fortalecimiento de la productividad de los factores y las principales aristas de la competitividad empresarial.
Las prioridades para las instituciones gubernamentales deben incluir la adquisición de bienes de capital, la creación de empleo, la capacitación, la investigación y desarrollo (I&D), y las operaciones de leasing. Es crucial que estas instituciones pasen de posiciones reactivas a proactivas y viables, favoreciendo las transformaciones que demanda el país. Por su parte, las empresas nacionales deben enfocar sus esfuerzos en la búsqueda de nuevas oportunidades, el apoyo a start-ups, el desarrollo tecnológico e innovador, el incremento de la productividad y la obtención de opciones financieras ventajosas.
En estos y otros temas que abordaremos en la próxima entrega, la calidad debe estar siempre presente. Debemos aproximarnos no solo a una infraestructura de calidad robusta y reconocida, sino también asegurar que sus servicios técnicos lleguen a las empresas según sus planes de expansión, tamaño actual y vulnerabilidades funcionales y organizativas.