“De todo; como en botica”. La expresión le va muy bien a lo que ha trascendido en torno a las más recientes rendiciones de cuentas en las municipalidades dominicanas.

 

Desde fuertes críticas de regidores a ejecutivos municipales hasta reclamos relacionados con la famosa “Regla de oro”, como le llaman al “entendimiento” para que el presidente de cada concejo de regidores pertenezca al mismo partido que el alcalde, pasando por “dimes y diretes” entre políticos con intereses encontrados, marcaron esas actividades en el más reciente Día de los Ayuntamientos.

 

Como todavía no estamos muy acostumbrados a que esas sesiones especiales en las municipalidades sean realizadas el 24 de abril, por aquella viejísima costumbre de que ocurrieran en fecha 16 de agosto, mucha gente habrá pasado por alto el feo espectáculo ofrecido por muchos gobiernos locales.

 

Se ha de recordar que la decisión para ese cambio de fecha obedece a un mandato constitucional, a partir de la más reciente reforma a la Carta Magna. La fecha fue estrenada al asumir sus cargos, en medio de la pandemia, las actuales autoridades de los municipios dominicanos.

 

Pero también hay buenas nuevas relacionadas con los gobiernos locales. Se acaba de juramentar a los miembros del Gabinete de Descentralización. Con ello se busca, según se ha explicado, “fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en los territorios e impactar en la calidad de vida de las familias dominicanas”.

 

Incluso, hasta una expresión con rima ha sido usada para dar a conocer ese propósito: “que el bienestar de la ciudadanía sea gestionado desde la cercanía”.

 

La responsabilidad del referido gabinete también ha de estar acogida a lo estipulado en nuestra Carta Magna, cuyo Artículo 204 reza: “El Estado propiciará la transferencia de competencias y recursos hacia los gobiernos locales, de conformidad con esta Constitución y la ley. La implementación de estas transferencias conllevará políticas de desarrollo institucional, capacitación y profesionalización de los recursos humanos”.

 

Con ello se responde a una aspiración vieja en la sociedad dominicana. Desde antes del nacimiento de la República, Duarte planteaba la preponderancia del Poder Municipal. Incluso, aunque nunca llegó a ser aplicada, existió una Ley, la 166-03, que disponía la entrega del 10% del ingreso no especializado del Presupuesto Nacional a los Ayuntamientos.

 

Pero si seguimos revisando la Constitución, encontraremos que en su artículo 206, expresa: “La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local”.

 

Y todavía más: agreguemos a ello lo que plantea el Artículo 18, párrafo IV, de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios. “Los ayuntamientos podrán solicitar la delegación de determinadas competencias al Gobierno Central, respondiendo a la demanda de la población y a partir de la demostración de que pueden hacer un ejercicio de las mismas más eficiente, eficaz, transparente y participativo”, reza el referido texto legal.

 

De solo leerlo, uno piensa que se trata de algún texto “colado” o relacionado con realidades muy ajenas a las nuestras. ¿Cuántos ayuntamientos se han apoyado en ese párrafo para asumir alguna responsabilidad? O quizás más allá. ¿Alguien recuerda a una ciudadanía empoderada reclamándole eso a alguna entidad edilicia en nuestro país?

 

Hasta ahora hemos tenido, más por iniciativa del Ejecutivo que por reclamo de las municipalidades, y ni decir sobre exigencia ciudadana, transferencia de recursos desde el gobierno central a los gobiernos locales.

 

Ojalá que con el trabajo del recién juramentado Gabinete de Descentralización se propicie un tema clave: la real participación de la ciudadanía en procesos que generen oportunidades y repercutan en dinamismo económico, como vía para avanzar hacia el anhelado bienestar en los territorios.

 

Para ello hay muchas tareas de cara a superar la tradición de votar a candidatos que ni siquiera conocen sus atribuciones, que comienzan denostando a sus antecesores, que, en la mayoría de los casos, se dedican a entretener a la gente y terminan siendo otro más del montón.

Esta fórmula para el avance ayudaría a superar una etapa caracterizada por la abundancia de “dictadorcitos” que se disfrazan y por figurines que logran encantar a gente incauta.