A más de un año de las elecciones presidenciales comenzó la campaña electoral. El papel del dinero público y privado que circula desde ya, es exorbitante. La cantidad de vallas políticas que hay en todo el país nos sorprende.
La Junta Central Electoral (JCE), entregó recientemente RD$147, 740, 136.99 a más de 20 partidos políticos, correspondiente solamente a los meses de enero, febrero y marzo del presente año.
El Informe "Nuestra democracia", elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expresa sobre las campañas electorales que, "La desigualdad en la competencia y los vínculos con los poderes fácticos que nacen con el financiamiento político están entre las razones más importantes de las distorsiones en el funcionamiento de la política en la democracia. La consecuencia simple y directa de una inadecuada regulación del financiamiento es que los gobiernos priorizarán las demandas de los grupos que financian la campañas electorales en lugar de cumplir con el mandato electoral".
El financiamiento del sector privado puede generar conflictos de interés con los actores políticos al tratar de influir a cambio de contrataciones públicas o impunidad. Este tema está ausente en el discurso político y probablemente siga así a menos que la opinión pública se haga eco de esto.
Ponerle un plazo formal a las campañas para reducir el gasto electoral es una tarea pendiente para evitar el despilfarro. Urge que la ciudadanía les exija a los candidatos que rindan cuentas respecto a los gastos de campaña.
Se ha debatido mucho ya crear una Ley de Partidos Políticos que se encargue de regular el financiamiento y no vemos la voluntad política para que se apruebe. Sin transparencia en el financiamiento de la campaña electoral no hay una verdadera democracia.