La ley de Fideicomiso Público, en concreto, busca “establecer la capacidad legal para administrar recursos públicos y proveer, gestionar o ejecutar obras y proyectos de infraestructura o servicios de interés colectivo, así como fijar normas y requerimientos para que cualquier ente público autorizado pueda actuar como fideicomitente, fideicomisario o beneficiario”.
Asimismo, se pretende “instituir regulaciones para el funcionamiento del fideicomiso público al momento de su constitución, durante su existencia y al momento de su terminación, desde la óptica legal, contable, financiera, administrativa y de rendición de cuentas”.
No debe convertirse en un asunto político porque el PLD aprobó varios fideicomisos en sus años de gobierno y han funcionado. El Fideicomiso Red Vial, que administra el Banco de Reservas, le permitió al anterior gobierno financiar la mayoría de las obras viales más importante del país. Con el Fideicomiso Ciudad Juan Bosh, y apoyado por la inversión privada, le levantaron 25 mil viviendas.
Se trata simplemente de un tema de alta prioridad nacional, aunque me extrañó que la oposición no apoyara su aprobación en la cámara baja.
El proyecto de ley de fideicomiso público ha sido ampliamente debatido en los medios escritos y digitales y por varios expertos en el tema que han participado en programas televisivos explicando su contenido y destacando los aspectos positivos y negativos.
La ley ha sido modificada para lograr el mayor consenso posible donde se destaca la transparencia y el acceso a la información, los aspectos de fiscalización y exenciones de impuestos, el tema de la capitalización y lo más importante, la rendición de cuentas.
Sin esta ley, que ha sido fuertemente defendida por el presidente Abinader, olvídense de Manzanillo o Pedernales o de cualquier mega proyecto que hay en carpeta y que serán los pilares del gran salto hacia el desarrollo de regiones tradicionalmente abandonadas por siglos.
Y hablamos precisamente de las regiones más pobres del país, que han esperado por décadas el aprovechamiento de las condiciones que poseen para su explotación en turismo, transporte, energía, agua potable, red vial y otras grandes obras de infraestructura,
Además, la inversión privada (nacional y extranjera) en estos megaproyectos se convertirá en una fuente de ingresos en divisas para el país, que aumentarán el empleo y el bienestar de miles de familias marginadas.
Tenemos en las manos un poderoso instrumento para el desarrollo económico y social, que no implica ningún riesgo financiero o compromiso que vaya más allá del que le ley establece.
Porque sin las alianzas público-privadas para desarrollar ese megaproyecto jamás será posible su ejecución.
No olvidemos que Puerto Plata, cuna del turismo dominicano, fue desarrollada precisamente por un “fideicomiso llamado INFRATUR” en 1972 aunque en esa época la palabra fideicomiso era inexistente.
INFRATUR era una dependencia del BCRD (un fideicomitente) y a través de ese mecanismo se obtuvieron préstamos del BID y el BM y aportes del propio Banco Central que hoy sería totalmente ilegal. ¿Pero cuántos beneficios le ha dado al país el aeropuerto y la zona hotelera de Playa Dorada, que impulsó posteriormente el desarrollo turístico de Sosua, Cabarete, Cofresi y Playa Grande?
El número superaría cientos de veces la inversión realizada.
En México se publicó un decreto mediante el cual el ejecutivo ordena extinguir todos los fideicomisos públicos SIN ESTRUCTURA ORGÁNICA. Pero aquí hay y habrá estructura orgánica de los fideicomisos.