A diferencia de los intelectuales del Cibao que abordaron la cuestión educativa, Federico García Godoy (Cuba, 1857 – La Vega, 1924) la analiza a partir de los principios del positivismo, en particular a partir del ideal civilizatorio que pregonaba esta corriente cuyo eje central se fundamentaba en la generalización de la instrucción pública.
García Godoy saludaba exultante “el movimiento de general progreso, lento si se quiere, pero al fin seguro” que se operaba en la educación con la reforma educativa promovida por Eugenio de Hostos a fines del siglo XIX:
“En el orden intelectual, el espíritu se expande en la contemplación de grandes adelantos. La instrucción pública alcanza grado de esplendor, hasta ahora nunca visto, merced a racional sistema basado en la observación de la naturaleza. Escuelas, asociaciones, periódicos, conferencias literarias, todo revela que la inteligencia adquiere espacio en qué dilatar sus facultades, y goza con la perspectiva de nuevos y floridos horizontes”. (El Derecho, 1 de enero de 1885.)
Se hallaba convencido de que solo con una instrucción pública bien dirigida podía obtener la República agrupaciones idóneas, capaces de eliminar males seculares que se habían convertido en “obstáculos formidables” para alcanzar el progreso. Por medio de la instrucción las masas populares, compuestas en la época mayoritariamente por campesinos desprovistos por completo de toda clase de conocimientos, alcanzarían “las grandes obligaciones que les demarca el patriotismo, en agrupaciones de ciudadanos pensadores y reflexivos, partidarios convencidos del sistema democrático único adaptable a nuestro modo de ser como nación libre e independiente”. (El Derecho, 30 de mayo de 1885).
En la perspectiva de García Godoy lo decisivo devenía en instruir y moralizar a las “desdichadas” masas populares privadas por desgracia de este beneficio, aunque no se trataba solo de “instruir rutinariamente, sino con sujeción a procedimientos científicos en armonía con el espíritu analítico e investigador que caracteriza a nuestro siglo”.
Al margen de su condición social, con la instrucción y moralización los ciudadanos y los individuos en general, estarían en condiciones de reconocer el conjunto de los derechos que le son inherentes, se convertirá en guardián de la ley, sostenedor de las libertades populares y podrá rechazar cualquier modalidad de despotismo.
El pobre inculto ignora cuáles son derechos individuales y sus necesarias aplicaciones. En lugar de ser un ciudadano consciente, de bien, de adelanto, es causante de retroceso, contribuye a consolidar errores y a “agravar otros males de dificultosa curación”, se convierte en acólito de los caudillos que ejercen una “maléfica influencia” en la vida de los pueblos”. Para los intelectuales decimonónicos dominicanos el caudillismo compendiaba todos los males de la sociedad.
El progreso intelectual de la sociedad debía marchar a la par que el adelanto material y, al tiempo que se construyeran escuelas, “centros luminosos donde radica la verdadera grandeza de los pueblos”, también se debía acometer el desarrollo material, como proteger las industrias que emerjan, para de este modo “levantar el país del estado de postración en que se encuentra y conducirlo al grado de esplendor a que es acreedor por su magnífica posición geográfica y por sus gloriosísimos antecedentes históricos”. (Ibidem).
García Godoy insistía en la necesidad de superar la “degradante situación” en que s hallaba la sociedad dominicana y penetrar en la ruta “ennoblecedora de la regeneración popular por medio de la difusión de la enseñanza en todas las clases sociales” y trascender de forma definitiva la “funesta” y “costosa” política personalista que provocaba la “deshonra” de la sociedad y obstaculizaba el progreso.
Entendía que de manera inútil en el país se trataba de asimilar las instituciones vigentes en países que marchaban a la vanguardia del progreso, esfuerzo que consideraba “laudable”, sin embargo, planteaba que como paso previo, y condición indispensable, se debía instruir de forma conveniente al pueblo para que pudiera justipreciar las instituciones políticas y las ventajas que estas entrañan. Citaba a Chile y Argentina como países en los cuales educación popular había alcanzado un elevado nivel de desarrollo, cuyos gobernantes se mantenían apegados a las “prescripciones del progreso”, ejemplos dignos de ser imitados sin importar los esfuerzos y sacrificios.
La educación obligatoria
Con las mejores intenciones de mejorar la educación algunos sectores sociales propusieron se declarara obligatoria y gratuita la educación. Sin embargo, para que dicha propuesta diera “resultados apetecibles”, se requería que los ciudadanos tuvieran un conocimiento íntegro de sus derechos y deberes, lo cual solo se podía lograr cuando se universalizara la instrucción.
García Godoy refería el poderoso movimiento que se desarrollaba en el país en esa época a favor del desarrollo de la enseñanza, en un esfuerzo conjunto del pueblo y el Gobierno, etapa que valoraba de “adelanto y perfeccionamiento” que implicaba:
“[…] el establecimiento de “sistemas racionales, textos apropiados, útiles pedagógicos, todo se pone en requisición para lograr el magno resultado propuesto cual es proporcionar a las generaciones que se levantan la suma de luces indispensables para poder librar con confianza la gran batalla de la vida”. (El Derecho, 15 de junio de 1885).
El autor de la novela histórica El Derrumbe veía la educación obligatoria y gratuita como una “condición ventajosísima” para que la enseñanza cumpliera su beneficiosa misión de formar generaciones educadas para la vida democrática, dotadas de capacidades para apreciar las ventajas que se derivan de la libertad bien entendida. No obstante estas ventajas, García Godoy se muestra contrario a la enseñanza obligatoria pues para que esta pudiera fructificar se requería una reforma absoluta de la enseñanza en el país que, en general, “no puede ser más triste su estado”.
Calificaba de “defectuosa” la enseñanza que recibían los estudiantes en los centros educativos, muchos de los cuales no obedecían a ningún plan de estudio definido, además de que un gran número de escuelas continuaban apegadas al “ruinosísimo sistema de confiarlo todo a la memoria” y para no afectar arraigadas creencias religiosas se desechaban principios científicos lo cual daba lugar a formar generaciones en un conocimiento cerrado en materias de suma importancia y a desconocer la verdad.
Resaltaba además otras fallas de la educación dominicana como: carencia completa de útiles pedagógicos, falta de sistemas acordes con el espíritu científico moderno, ineptitud de muchos de los profesores elegidos más por necesidad que sus propios méritos, a las cuales se suman otras de orden secundario. En esas pésimas condiciones, por tanto, no podía esperarse que la enseñanza obligatoria rindiera los “frutos apetecidos”, sino que aumentaría el mal y haría más dificultosa la solución.
La aplicación de la enseñanza obligatoria se enfrentaría con el grave obstáculo de la incapacidad económica de los municipios para solventarla ya que la misma implicaría duplicar el número de escuelas y la cantidad de profesores. En ese momento los cabildos invertían las tres cuartas partes de sus ingresos para subvenir las necesidades de la instrucción pública. Descartaba al Estado para financiar la educación, cuyos ingresos eran absorbidos por la “desdichada práctica personalista”.
Frente a la postración de la educación, García Godoy proponía el aplazamiento de la educación obligatoria. Mientras tanto, sugería laborar para que en las escuelas tuvieran cabida “buenos sistemas” que han dado resultados positivos en otros países, eliminar de ellas todas las preocupaciones absurdas que no eran más que un “triste legado de pasadas épocas de oscuridad y estacionamiento que todavía, a despecho de científicas conclusiones, levantan la cabeza, y habremos de preparado el campo para la realización de la medida que con tan noble anhelo se propone”. (Ibidem.)
¿Cuándo entonces se podría implementar en el país la enseñanza obligatoria? Cuando se logre lo anterior y se acentúe un movimiento favorable al completo desarrollo de la enseñanza en todos sus niveles, y por la “fuerza moral de las circunstancias” se consignen en el Presupuesto Nacional sumas muy superiores a las “raquíticas” que regularmente se destinaban al capítulo de la instrucción pública.