Sonia Hernández y Vanessa Cabrera.
La falsificación y piratería constituyen un problema mundial que tiene gran impacto en las distintas industrias, afectando no sólo los intereses de los titulares de marcas y derecho de autor, sino también la economía de los países, la salud humana y la seguridad de una nación. Detrás de dichos delitos se encuentran, además, otros de gran envergadura como es el terrorismo, tráfico de drogas, lavado de activos, etc., actividades delictivas que impactan negativamente el bienestar de la sociedad.
La República Dominicana no escapa a esta problemática, sobre todo por ser un país con ubicación geográfica estratégica, que tiene como actividad económica principal el turismo. Sin duda alguna, estas características hacen que sea un punto vulnerable y, a la vez, atractivo para los infractores en la comercialización de productos falsificados y violatorios al derecho de autor.
Para poder comprender cómo se lleva a cabo en la República Dominicana la comisión y el combate de estos delitos, es necesario, por un lado, abordar brevemente el panorama de la comercialización de productos falsificados y de la piratería en el país, y, por otro lado, resaltar cómo las autoridades lo contrarrestan, apoyándose en legislaciones vanguardistas que tipifican y establecen penalidades, medidas y mecanismos de acción que tienen al alcance en contra de estos.
En este sentido, respecto a las infracciones marcarias, cabe destacar que los productos que en los últimos tiempos han sido objeto de mayor falsificación e imitación fraudulenta han sido calzados, ropa, accesorios de celulares y juguetes. Por igual, se ha detectado numerosos casos de falsificación de bebidas alcohólicas y medicamentos.
En provincias del país como Santo Domingo y Santiago, existen zonas específicas en las que, de forma abierta y un tanto normal, se comercializan indumentarias y accesorios falsificados de marcas famosas. En estos lugares es común la venta de falsificaciones e imitaciones fraudulentas -como si fuese una actividad lícita- de calzados casuales y deportivos, ropas, juguetes, cargadores de celulares, audífonos, etc.
De igual forma, a raíz del surgimiento y apogeo de las redes sociales, contrario a lo que sucede en otros países -en los que es muy común la comercialización de estos productos a través de sitios webs- en República Dominicana los infractores utilizan las plataformas de Instagram y Facebook como medio e instrumento principal de publicidad y venta de productos falsificados. Así, el delito se ejecuta a gran escala tanto en tiendas físicas, como de manera virtual, por medio de dichas redes sociales.
En cuanto a la falsificación de bebidas alcohólicas, su comercialización ocurre de manera clandestina donde normalmente el consumidor desconoce lo que está adquiriendo, a diferencia de los artículos anteriormente citados que sí suelen tener conocimiento que no son originales; las bebidas adulteradas suelen ser vendidas al público en discotecas y bares, bajo la creencia de que son bebidas originales, confiables y aptas para el consumo humano. Lo mismo ocurre con los medicamentos, su venta es clandestina y los consumidores los obtienen bajo el entendido de que están comprando productos genuinos. Todo lo cual, implica un grave riesgo a la salud.
Así las cosas, surge la importante pregunta: ¿De dónde provienen estos productos infractores? las falsificaciones de indumentaria y accesorios son en su mayoría importados al país desde China y Panamá, siendo pocos los casos manufacturados localmente. También se observan situaciones en las que los materiales de estos productos son importados de manera aislada -por piezas o partes- y los mismos son ensamblados o confeccionados en su destino final.
Respecto a las bebidas alcohólicas, medicamentos y cigarrillos, es usual que ingresen al país por Haití a través de contrabando, pero, de igual manera, han sido frecuentes los casos de desmantelamiento y cierre de laboratorios y locales de manufactura ilícita por parte de las autoridades.
Si bien el panorama anterior pudiera percibirse poco alentador, es relevante aplaudir y resaltar la gran labor que la República Dominicana ha venido efectuando desde hace largos años para combatir la falsificación, convirtiéndose en un país activo y de ejemplo en la lucha contra estas infracciones.
A raíz de la ratificación del Acuerdo con la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), se adoptaron normativas actualizadas en propiedad intelectual, a través de la promulgación y posterior modificación de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, las cuales clasifican las infracciones en cuestión como delitos penales, disponen de penas de prisión de entre 6 meses y 3 años en contra de los infractores, multas de 50 a 1000 salarios mínimo, así como de fuertes medidas cautelares incluyendo medidas en frontera.
Además, como consecuencia de los compromisos asumidos mediante el DR-CAFTA, fue modificado el Código Procesal Penal, de manera que las infracciones de marca hoy día constituyen delitos perseguibles por la vía de la acción penal pública o la vía de la acción penal privada.
Por igual, fue creado en el año 2010 el Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección General de Aduanas (DGA), el cual retiene, inclusive ex – officio, productos infractores de marcas y derecho de autor importados, exportados o en tránsito, en aplicación de las referidas medidas en frontera. Asimismo, dicho departamento instauró el registro de titulares de marcas y derecho de autor ante la DGA, para una mejor ejecución de su labor de detección y retención de falsificaciones y piratería.
La Procuraduría General de la República ha creado fiscalías especializadas para la persecución de los delitos en cuestión, entre las cuales se pueden citar: A) la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (PEDECSA), la cual, de la mano con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), el Departamento de Inteligencia de la DGA y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECOM), investiga y realiza operativos en contra del contrabando, manufactura e importación de bebidas alcohólicas y medicamentos falsificados; y B) la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), que dirige las diversas fiscalías de propiedad intelectual en las distintas provincias del país, las cuales realizan allanamientos a comercios infractores e incautaciones de productos falsificados y pirateados. Estas autoridades, han estrechado lazos y trabajan juntamente con el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (PRO-CONSUMIDOR), la Policía Nacional y el “Homeland Security Investigations” (HSI) de los Estados Unidos de América, llevando a cabo exitosos operativos.
Otras legislaciones importantes que no pueden ser pasadas por alto son la Ley General de Salud 42-01, modificada por la Ley 22-06, la cual impone fuertes sanciones en contra de la falsificación de medicamentos, así como la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos regulados. Esta última, dispone de sanciones administrativas y penales enérgicas, así como establece medidas cautelares y el decomiso y destrucción de productos, una vez constatada su procedencia o comercialización ilícita por las autoridades competentes, sin la necesidad de que medie una sentencia definitiva.
Sonia Hernández es abogada penalista, exprocuradora fiscal de la provincia Santo Domingo, actualmente socia del despacho legal Global District Law y consultora experta en materia de trata de personas para Misión Internacional de Justicia, República Dominicana (IJM). Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Vanessa Cabrera es abogada especialista en Propiedad Intelectual, socia fundadora del despacho legal Global District Law y líder de la oficina regional E-Proint, República Dominicana.