Sonia Hernández y Vanessa Cabrera.

En continuación a nuestro artículo publicado días pasados, la falsificación y piratería constituyen una problemática que impactan negativamente a todas las industrias y sectores a nivel nacional e internacional, pues pone en riesgo la salud humana y la seguridad de los Estados.

 

Como país, nos hemos visto afectado por la comercialización de falsificaciones, en su mayoría de indumentaria, accesorios de celulares, medicamentos y bebidas alcohólicas, así como también por la piratería en el sector de contenidos.

 

En ese sentido, y a fin de fortalecer la regulación y fiscalización de los generadores de contenidos y los prestadores de servicios de radiodifusión sonora, televisiva y de televisión por suscripción, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y la Oficina Nacional del Derecho de Autor (ONDA) firmaron un acuerdo de Cooperación interinstitucional en el año 2021, con la finalidad de afianzar la protección de los derechos de autor en el país.

 

Como consecuencia de este acuerdo, estas instituciones han tomado medidas de cierre de establecimientos de prestación de servicios ilegales de difusión de contenido.

 

El pasado año 2022, se constituyó el Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual, el cual vela arduamente por la protección y observancia de los derechos de propiedad intelectual, a través del trabajo en conjunto de las distintas autoridades que se involucran en la materia.

 

Del mismo modo, en la lucha en contra de los ilícitos de falsificación y piratería, el Estado dominicano ha designado fiscales especializados en propiedad intelectual en la mayoría de las provincias del país, los cuales durante el año pasado 2022 atendieron más de 584 casos a nivel nacional los cuales resultaron en la incautación de decenas de millones de productos infractores en distintos operativos[1].

 

Durante el pasado año y en el presente año también, las autoridades dominicanas, a través de los organismos citados previamente, alcanzaron logros importantes en contra de estos ilícitos, dentro de los cuales destacamos: A) La destrucción en enero del año 2023 de 471,000 medicamentos falsificados y 78,600 estimulantes sexuales por el CECOM, los cuales fueron incautados por la DGA, PEDECSA y PRO-CONSUMIDOR en distintos operativos[2]; B) La incineración de más de 6.5 millones de cigarrillos, bebidas alcohólicas adulteradas, estimulantes sexuales y medicamentos falsificados, decomisados por PEDECSA, CECOM y la DGA[3]; C) El decomiso en julio de 2022 de 3000 galones de bebidas alcohólicas adulteradas que fueron incautadas en operativos llevados a cabo en Santo Domingo, La Romana, Puerto Plata, Santiago, Elías Piña y Dajabón[4]; D) El allanamiento en septiembre de 2022 a una imprenta ubicada en la capital, incautándose numerosos libros de textos pirateados para niños y los equipos utilizados para su impresión ilícita, apresando a los infractores e imponiendo medidas de coerción en su contra[5]; y E) Diversos operativos que incluyen allanamientos simultáneos, llevados cabo en el año 2022 en distintas tiendas en Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional por la UPI y HSI, incautándose numerosos calzados, prendas y artículos deportivos falsificados de reconocidas marcas[6].

 

No obstante a lo anterior, se debe reconocer que todavía existen aspectos que requieren ser mejorados en torno a la persecución de los delitos de propiedad intelectual. Entre esas prácticas a mejorar se puede citar el hecho de que, si bien este tipo de delitos es perseguible por la vía de la acción penal pública, sucede frecuentemente que, si no media una querella por parte del titular del derecho de propiedad intelectual, la fiscalía no actúa de manera independiente, dándosele incorrectamente a la persecución del delito, el carácter de una acción penal pública a instancia privada, lo cual no debe ser conforme dispone la ley.

 

También existe una gran necesidad de capacitación a los jueces, fiscales, policías y distintas autoridades que forman parte de esta batalla, a los fines de continuar logrando resultados efectivos, y eliminar la incorrecta percepción de que estos delitos solo afectan intereses privados. Del mismo modo la educación a los jóvenes y adultos en materia de propiedad intelectual, debe ser una prioridad para la sociedad dominicana, pues resulta imperante concientizar a la población del grave daño que ocasionan estos delitos a la nación.

 

Los titulares de derechos de propiedad intelectual constituyen actores claves en la concientización de la población, así como en la lucha contra estos delitos. Las medidas tomadas por el Estado dominicano a lo largo de los años en esta materia, son ejemplos a seguir, pues las mismas han sido muy favorables y beneficiosas a la causa, así como tendentes al cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel internacional.

 

Por último, si bien la República Dominicana aún continúa dentro de la categoría “watch list” en el reporte 301 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos de América correspondiente al año 2023, en dicho reporte se reconoce al país por sus grandes avances, elogiando su fuerte voluntad política para contrarrestar estas infracciones. Estos son los logros que debemos resaltar y trabajar para fortalecer e ir por más. Adelante RD!

 

-Sonia Hernández es abogada penalista, exprocuradora fiscal de la provincia Santo Domingo, actualmente socia del despacho legal Global District Law y consultora experta en materia de trata de personas para Misión Internacional de Justicia, República Dominicana (IJM). Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

-Vanessa Cabrera es abogada especialista en Propiedad Intelectual, socia fundadora del despacho legal Global District Law y líder de la oficina regional E-Proint, República Dominicana.

[1] Reporte 301 de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos de América. Año 2023.

[2] Ministerio de Industria, Comercio y MYPIMES (2023, 18 de enero). CECCOM incinera 1.2 MM unidades cigarrillos ilícitos; vierte miles de litros alcohol adulterados

https://micm.gob.do/noticias/ceccom-incinera-1-2-mm-unidades-cigarrillos-ilicitos-vierte-miles-de-litros-alcohol-adulterados

[3] Ministerio de Industria, Comercio y MYPIMES (2023, 18 de enero). Autoridades incineran 6.5 millones de productos decomisados. https://www.micm.gob.do/noticias/autoridades-incineran-6-5-millones-de-productos-decomisados

Asimismo, se debe apoyar a estas autoridades con los recursos pertinentes para que puedan ejecutar sus funciones de manera eficaz, ya que la falta de estos sigue siendo un obstáculo para el correcto desempeño de sus tareas. [4] Ministerio de Industria, Comercio y MYPIMES (2022, 28 de julio). CECCOM decomisa más de 3,000 galones de alcohol adulterado en el Gran Santo Domingo y otras provincias del país. https://www.micm.gob.do/noticias/ceccom-decomisa-mas-de-3000-galones-de-alcohol-adulterado-en-el-gran-santo-domingo-y-otras-provincias-del-pais

[5] Procuraduría General de la República Dominicana. (2022, 29 de septiembre). Ministerio Público somete a la justicia a dos impresores por violación a derechos de propiedad intelectual. https://pgr.gob.do/ministerio-publico-somete-a-la-justicia-a-dos-impresores-por-violacion-a-derechos-de-propiedad-intelectual/

[6] Operativos llevados a cabo a través de la firma TRONCOSO LEROUX