Las recién pasadas elecciones municipales han generado todo tipo de conjeturas que, resultan recurrentes en cada proceso, en esta ocasión estimuladas por los resultados avasalladores en favor del partido de gobierno.
En esta ocasión se diseñaron dos grandes grupos de alianzas, un primer frente conformado por la oposición política, denominado Alianza Rescate RD, lidereada por el Partido de la Liberación Dominicana, bajo el liderazgo del ex presidente Danilo Medina, y su primer desprendimiento, Partido Fuerza del Pueblo, bajo el liderazgo del ex presidente Leonel Fernández; y otro frente llamado Alianza RD Avanza, liderado por el Partido oficial, Revolucionario Moderno, liderado por el presidente Luis Abinader, conformado por 22 organizaciones aliadas.
De esta gran batalla electoral, la Alianza RD Avanza logró retener y conquistar los territorios con mayor densidad de electores, como son el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Oeste y Norte, San Cristóbal, Santiago, La Vega y muchos otros para cargar con la victoria en más de un 60 % de las posiciones escrutadas.
De 81 alcaldes y 103 directores que el PRM había obtenido en las elecciones de 2020, en las del 2024, junto a sus aliados, logra subir a 122 alcaldes y 150 directores municipales, para alcanzar 272 candidaturas uninominales.
Por su lado, de los miembros de la Alianza Rescate RD, en el caso del PLD, había obtenido en las elecciones del 2020, 65 alcaldes y 119 directores, en esta ocasión descendieron estrepitosamente a 15 alcaldes y 36 directores para un total 51 posiciones uninominales, el FP obtuvo a penas 6 alcaldes y 36 directores, mientras que el Partido Revolucionario Dominicano obtuvo 1 alcalde y 5 directores municipales. En conjunto, esta Alianza logró solo 99 posiciones uninominales.
La gran preocupación actual de la Alianza Rescate RD, que ha sufrido una herida mortal, es ¿cómo recomponerse en medio de un pacto que no gozó de la simpatía necesaria para encariñar al electorado? donde primó la competencia interna en procura de imponerse a su presunto aliado, con tal de ganar más posiciones de forma individual, a los fines de exhibir poder para la contienda de mayo e imponer a su figura presidencial, bajo la premisa de que, en una eventual segunda vuelta, el tercer lugar apoyaría al segundo a la presidencia de la república.
Pasadas las elecciones municipales, los debates se han centrado en denunciar la compra de cedulas, la inversión de los recursos del Estado a favor de los candidatos del PRM y la abstención electoral, elementos comunes a todos los procesos, pero no se han generado autocríticas ni propuestas de soluciones para esos males y crear los precedentes esperados.
Sobre el gran culpable llamado “la abstención electoral” nos vemos motivados a ofrecer algunas informaciones que desmienten el espejismo que se ha creado. Este término proviene del abstentio, “es un no hacer o no obrar que normalmente no produce efecto jurídico”. En el caso nuestro es una conducta recurrente, más pronunciada en las elecciones municipales que en las presidenciales, por el carácter dominante de la figura presidencial. Son muchas las razones que pueden generar esta práctica, lo primero es que, no hay conciencia ciudadana sobre el deber y valor del voto y su práctica no genera un régimen de consecuencias, lo segundo es provocado por el mercantilismo del voto, lo tercero es el desinterés en la figura de la autoridad municipal, la desactualización del domicilio residencial y el domicilio electoral, entre otros motivos.
Se ha difundido la información de que estas elecciones fueron excepcionales por el escandaloso porcentaje de abstencionismo, con el objetivo de vender la idea de ser esta, una causal del triunfo de unos y de la derrota de otros, sin embargo, no hay forma de identificar en qué porcentaje votarían por un bando o por el otro los que se abstienen de sufragar en unas elecciones.
Hay dos factores importantes a tomar en cuenta en las elecciones municipales recién pasadas, la división evidente de la alianza opositora, lo que produjo una imagen de un pacto irreal o fingido, causando la desmotivación de los simpatizantes de esas corrientes políticas y por otro lado, la campaña de triunfalismo del oficialismo, con lo que provocó la disminución del esfuerzo en la búsqueda del voto, al considerar tener una victoria previamente asegurada.
El padrón de la Junta Central Electoral contaba con una matrícula de 8,105,151 votantes, de los cuales, el padrón en el exterior tenía 869,007 electores, quedando 7,236,144 hábiles para votar en el territorio nacional, de los cuales acudieron a las urnas 3, 775,587 para un 52.18% de concurrentes, para una abstención real de un 47.82%, sin tomar en cuenta a los más de 25,000 privados de libertad y más de treinta mil empleados en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Junta Central Electoral, que no acudieron a las urnas, lo que reduciría aún más la abstención.
En las elecciones del año 2020 hubo una participación de 49.14% y una abstención de 50.86%; en las del año 2016, una concurrencia de 67.28%v y una abstención de 32.72%. En las elecciones del 2010 hubo una participación de 56.43% y una abstención de 43.57%; en el 2006, hubo una concurrencia de 51.8, y una abstención de 48.2%; en el 2002 hubo una participación de 51.02% y una abstención de 48.98%. Vistos todos estos resultados, se comprueba que estos porcentajes, independientemente a su pertinencia o no, se encuentran en la media electoral municipal de los últimos 24 años.
Desde el Estado se debe procurar el establecimiento de normas y disposiciones coercitivas que conlleven a que los ciudadanos cumplan con su deber de ejercer el voto, elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia, junto a correctivos desde el seno de los partidos, como modelo a seguir de transparencia y honestidad, con la aplicación de un régimen de consecuencia muy definido por las autoridades a los fines de romper con el sesgo de las manipulaciones y maniobras fraudulentas entre candidatos y electores. Necesitamos que se imponga el respeto a la ley por parte de todos los actores.