Resulta sorprendente como el inmediatismo le gana con facilidad a la razón. Parecería que quienes defendemos la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho contenida en el artículo 7 de nuestra Constitución, promovemos el “desorden” y no queremos que la “autoridad” haga su trabajo. Nada más falso. De lo que se trata es de que precisamente las instituciones y sus funcionarios trabajen y den resultados, pero comprendiendo que no están por encima ni al margen de la ley.
Hay quienes no salimos del asombro, respecto a cómo colegas y grandes personalidades defienden el accionar de instituciones como el Ministerio de Interior y Policía (MIP) y la ministra Faride Raful, conociendo ellos que la arbitrariedad y el autoritarismo le ha costado sangre y fuego a nuestra nación. Cuando pensamos que la Era de Trujillo había sido sepultada, hoy no demuestran que muchos no están culturalmente preparados para pasar esa página. Ese Ministerio y su incumbente actúan como que se decretó algún estado de excepción.
Pero, para que no tergiversen el interés de quien escribe, es bueno que muchos sepan que sería mezquino no reconocer la gran preparación de la honorable funcionaria, contra quien no existe nada personal, sino, una postura opuesta ante un tema que ella misma como letrada sabe que no aborda correctamente, ya que está usurpando funciones como bien señala el artículo 73 de la Constitución, y que la manera de hacerlo, además de imponente es imprudente. Esa resolución de diciembre es nula de pleno derecho.
También, ella debe saber que el neoconstitucionalismo como movimiento constitucionalista propugna algo más que una Carta Magna de letras muertas, sino, más bien, un texto dinámico, vivo, que instaura principios, derechos y deberes fundamentales a los que debemos acogernos todas las personas en territorio dominicano, pero, sobre todo, que, en repuesta de aquellas épocas oscuras de totalitarismo y absolutismo, prevé que las actuaciones del Estado tengan límites y que no respetarlos puede comprometer a la entidad estatal, así como al funcionario que la dirige, en responsabilidad patrimonial con su propio peculio como consecuencia a su actuación antijurídica, a favor de quien o quienes resultaron lesionados.
En ese mismo tenor, pero, respecto a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, entidad que fue creada por decreto, no por ley. Por tanto, carece de potestad sancionadora, ya que solo a partir de la ley como consagra la Constitución en su artículo 40.17 y la Ley 107-13, en su artículo 35, es posible amonestar a quienes infrinjan las disposiciones previas en las normas. Los “moralistas” hablarán de buenas costumbres y tradiciones. Sin embargo, lo ideal es que revisen en qué consiste la Pirámide de Kelsen, así como el peso y valor del principio de jerarquía normativa, y no les caería mal repasar de qué trata el Derecho positivo del cual no somos ajenos. Aunque, por buscar “views” se hace cualquier cosa.
Asimismo, no creo que exista un solo dominicano que en algún sentido no quiera vivir en orden. Ahora bien, ese modo o estado de vida debe ser ajustado a la Constitución y a las leyes. Es la autoridad quien debe poner el ejemplo. De hecho, al Estado le compete ejercer la buena paternidad a favor de las personas y su dignidad consagrada en el artículo 8 de nuestra Carta Sustantiva.
Además, si pretendemos avanzar como sociedad, es tiempo de que la Administración socialice nuevamente el Contrato Social de Rousseau, pues solo concientizando y orientando a las personas, se avanza. Hay que hablar con la gente a través de las Juntas de Vecinos, grupos focales, encuentros académicos, entro otros. Imponer porque sí, es una aberración que puede generar cólera innecesariamente. Fácilmente, sale más cara la sal que el chivo, como popularmente decimos.
Empero, no está demás recordar aquellas palabras del periodista y comunicador Julio Martínez Pozo, al enterarse de la designación de la ministra Fadul. Expresó que no le parecía una posición para ella, ya que su carrera política podría salir perjudicada sin necesidad. Lo anterior, no por ser mujer, sino, por su tremenda trayectoria. Muchos dirán que no importa, que la apoyan, y que alguien tenía que hacerlo. Estamos de acuerdo, pero debe sujetarse a la ley, no autorizar y promover una cultura de intolerancia a partir de actuaciones arbitrarias, desmedidas y discrecionales.
Finalmente, hay que poner orden, pero dentro del marco legal. Los esfuerzos de la reforma policial se fueron al piso durante el mes de diciembre y los primeros días de enero. Como vivimos en un país democrático, cuyo presidente ha demostrado tolerancia en diversos temas, por favor, que alguien le haga llegar este humilde escrito al primer mandatario, para que solicite a sus designados que actúen con comedimiento, porque la imagen de su Gobierno está siendo dañada innecesariamente.