Uno de los ejes acordados en el Pacto nacional para la reforma del sector eléctrico (2021-2030) consiste en la educación del usuario en materia de servicios de electricidad la cual se promoverá a través de diversas iniciativas entre las que se encuentran la concienciación sobre los derechos y deberes en el uso de la energía eléctrica, la promoción de políticas de pago oportuno y del uso ético y responsable de la energía eléctrica.
Dicho eje estratégico se encuentra alineado con el artículo 25 de la Ley número 1-12, del 25 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END), en el que el Estado se obliga a fomentar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético y el uso eficiente del sistema eléctrico.
Siendo coherente con los principios rectores de la conducta de los servidores públicos de los órganos y entidades de la administración pública, tales como la honestidad, la probidad y la pulcritud, el pacto eléctrico y la cultura de transparencia e integridad que este gobierno ha decidido con acciones claras, implementar en toda la gestión de la cosa pública, resulta razonable la propuesta que el pasado 21 de agosto de este año hiciera el Presidente del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución Eléctricas Estatales, señor Celso Marranzini en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), en el sentido de solicitarle al Presidente Luis Abinader la emisión de un decreto para que, en un plazo determinado, todos los empleados del sector público presenten sus facturas de energía.
Siendo las empresas de distribución y comercialización de energía que cubren hasta el 95% del territorio nacional de propiedad estatal, resulta incongruente que los entes y órganos de la Administración pública que se encuentran bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, incluyendo la Administración pública central, desconcentrada, así como los organismos autónomos y descentralizados, no promocionen e incentiven la cultura de la contratación del servicio de energía eléctrica y su oportuno pago entre sus colaboradores. La presentación de la factura es un primer paso para que toda la fuerza laboral del sector público del Estado Dominicano demuestre que tiene una relación comercial vigente con su proveedor del servicio eléctrico.
Por lo tanto, desde nuestra perspectiva nada impide que el Poder Ejecutivo instruya al Ministerio de Administración Pública para que, en el ejercicio de sus atribuciones, diseñe, ejecute y evalúe una estrategia nacional de fomento de la cultura del pago oportuno y responsable del consumo de la energía eléctrica en el empleo público. La estrategia pudiera válidamente contemplar que a los servidores públicos una vez contratados en función de sus méritos personales se les exija la prueba de que mantiene una relación comercial legítima con su proveedor de servicio eléctrico, aportando copia de la factura eléctrica del lugar de su residencia o domicilio, a la dirección o gerencia de gestión humana de cada dependencia del gobierno y los entes y organismos descentralizados del Estado y de los gobiernos municipales.
Si bien la no presentación de dicha factura o que esta presente atrasos en el pago, no implicaría una desvinculación del servidor público por tratarse de una relación comercial ajena a sus deberes y funciones, sí generaría información sensitiva para promover en coordinación con las EDES, una campaña de contratación de servicios con ese personal. Es muy improbable que un servidor público se resista a normalizar su servicio eléctrico, pero si se produjera ese improbable escenario, dicha conducta debiera ser considerada para el desarrollo futuro de este colaborador, pues quien prefiera mantenerse en un estado de ilegalidad en el uso de este servicio público no reúne las condiciones éticas mínimas para ser promovido dentro de la función pública. Y claro ante una actitud como esa debiera activar el brazo persecutor del sistema eléctrico (Pgase) para imponer las sanciones correspondientes.
Una estrategia de esta naturaleza no solo constituiría una de las primeras acciones que procuren materializar el eje estratégico 6.6 relacionado a la educación al usuario del pacto eléctrico, sino que a través de ella se materializaría también el principio de coordinación y colaboración previsto en la ley orgánica de la administración pública no. 247-2012, según el cual todo el aparato gubernamental conformado por los entes y órganos de la Administración Pública deberán colaborar entre sí y con las otras ramas de los poderes públicos en la realización de los fines del Estado. Tocará al Ministerio de Administración pública delinear los detalles en que una estrategia de esta naturaleza debiera ejecutarse, en la que se consideren todos los aspectos importantes para garantizar el éxito de su implementación.
El adecuado funcionamiento de las empresas públicas estatales de distribución y comercialización de la energía y su sostenibilidad financiera requiere que todo el usuario de la energía eléctrica se convierta en cliente formalizando su relación comercial y pagando oportunamente su consumo.
Las instituciones públicas a través de una iniciativa como esta tienen la capacidad de liderar el camino para reducir los índices de pérdidas no técnicas provocadas por el hurto de la energía eléctrica a cifras internacionalmente aceptables para el mercado minorista de electricidad, al establecer medidas y prácticas que transformen la cultura del no pago de la energía eléctrica en una conducta de uso ético y responsable de la energía eléctrica.
Por lo tanto, la propuesta realizada por el señor Celso Marranzini no solo es viable, sino que resulta prioritaria si de veras queremos convertir en acciones las promesas que asumimos en el pacto eléctrico para relanzar y fortalecer las empresas públicas que brindan este servicio estratégico en el país.
Arístides Trejo Liranzo
Especialista en derecho público y mercado eléctrico.