En la celebración del aniversario 198 de la independencia de Bolivia, el mandatario Luis Arce urgió a los gobiernos del continente el pasado día 5 de agosto a unirse en una lucha frontal en contra del flagelo del narcotráfico, mismo que según sus estimaciones ha logrado penetrar en la esfera política de los distintos estados poniendo en jaque la seguridad de estos. Sus palabras, no podrían ser de otro modo. Son incontables los casos y ejemplos de nuestros países en donde hemos asistido al horror, tragedias humanas y saldos desastrosos producto del alto poder de fuego que las distintas corporaciones criminales dedicadas al trasiego de estupefacientes han sembrado en cada uno de nuestros países. En la actualidad, Bolivia es el tercer exportador de cocaína en el mundo después de Colombia y Perú.

En la propia nación andina, el gobierno boliviano se ha visto envuelto en escándalos tras la fuga de uno de los narcotraficantes más buscados en todo el continente tras haber residido en Bolivia usando una falsa identidad.  Luego de intensos cateos que movilizaron a miles de efectivos de la policía boliviana, el ex futbolista de Uruguay, Sebastián Marset, hasta el momento de escribir esta nota, no ha podido ser encontrado. La exestrella, según las autoridades era cabecilla de un poderoso cartel cuyas conexiones se extendían en Uruguay, Paraguay y Bolivia, con el objetivo de exportar cocaína hacia Europa.  Al mismo, también se le acusa de planear el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo del 2021 en Colombia. En este sentido, la jefa de la agencia antidroga de EEUU (DEA), Annie Milgran, estimo recientemente en comparecencia ante un Subcomité del Congreso estadounidense, que los principales carteles del narcotráfico en México, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación tienen más de 44 mil elementos en más de 100 países.

De ahí, que sea imperativo de todas nuestras naciones el crear mecanismos institucionales que impidan o disminuyan el poder de infiltración, compra de conciencias, u cooptación de estas corporaciones criminales en nuestros respectivos países.  No es menos cierto y preocupante que estas entidades criminales hoy acumulan en diversos estados del continente un impresionante poder de fuego capaz de en muchos casos competir con las fuerzas armadas nacionales en algunos de nuestros territorios.

Lamentablemente, en los diversos foros, acuerdos internacionales, conclaves, etc… efectuados durante décadas en nuestro continente, todavía no se ha podido erigir una política eficaz sucesora de la histórica estrategia de Washington lanzada en los 70s. La misma, con el correr del tiempo ha evidenciado sus innumerables desaciertos ya que entre otras, ha hecho de manera exclusiva responsable a la mayoría de nuestros países de su fracaso.  A fin de cuentas, nuestras naciones históricamente han pagado un coste leonino en términos de sangre, destrucción de comunidades, barrios, erosión de la institucionalidad en nuestros países, así como una carencia de un norte concreto en materia de políticas efectivas y programas eficaces de cooperación e intervención social para combatir este flagelo.

El enfoque militarista de la doctrina de la guerra en contra de las drogas, mismo que se ha implementado a rajatablas por todas las administraciones estadounidenses a partir de Nixon debe ser modificado. De hecho, su principal instrumento, la DEA una y otra vez ha demostrado ser una doble puerta en donde sus funcionarios se han visto envuelto en diversas investigaciones y actos de corrupción, conflictos de intereses sin olvidar los tantos oficiales sorprendidos trabajando para el narco durante los últimos 40 años.  Si bien es cierto, que como indicó el presidente Luis Arce Catacora en su discurso, nuestros gobiernos necesitan emprender una lucha coordinada en contra de este, también es cierto que EE. UU. tiene que admitir sus errores tales como el combatir el trasiego y minimizar su presupuesto hacia el tratamiento clínico de las adicciones. Además de no poseer un mayor rigor en la supervisión de las compañías farmacéuticas en donde, como el caso de la Purdue Pharma esta llevó a la narco dependencia a millones de personas en EEUU tras la puesta en circulación de OxyContin en 1996. Aun así, Norteamérica insiste en afirmar que no existen en territorio estadounidense carteles del narco que facilitan el transporte y distribución a lo interno de Norteamérica.

De igual manera, el debate en nuestra región debe extenderse no tan solo al trasiego de cocaína. Hoy por hoy varios de los carteles históricos gradualmente están desplazándose del trasiego de cocaína hacia la producción y exportación de Fentanilo en la región. Tan solo en EE. UU, este ha sido el causante de alrededor de unas 70 mil muertes por sobredosis en los últimos años. Este sintético opioide es usualmente hecho de diversos químicos producidos en China y ensamblados en México. Un reporte ha indicado que la cantidad de fentanilo decomisado en los EE. UU. tan solo en lo que va de año del 2023 es capaz de causar la muerte alrededor de un billón de personas.

No obstante, las muertes, la destrucción de familias, vidas que año tras año el narcotráfico genera, Norteamérica continúa siendo el mayor beneficiario económico de dicho tráfico. Esto es así puesto que en los EE. UU. las entidades bancarias, financieras y cambiarias son las beneficiarias del lavado del grueso de las entradas por motivo del negocio ilícito de las drogas. además, es la industria armamentista estadounidense quien recibe enormes utilidades por motivo de venta de armamentos a los mismos carteles y a los gobiernos envueltos en la lucha en contra del narcotráfico. De ahí que si en verdad se quiere enfrentar el problema, resultara imperativo el planteamiento de una agenda integrar hemisférica que cuente con la participación de nuestros países sin contar con Washington e aras de formular una estrategia viable en contra de este mal si es que de verdad queremos enfrentarlo.