Aún hoy, está pendiente la realización de un estudio sistemático encaminado a documentar los esfuerzos que durante el gobierno de transición del Consejo de Estado, entre el 1 de enero de 1962 y el 20 de febrero de 1962, se realizaron para juzgar los crímenes atroces perpetrados durante los treinta y un años de la tiranía trujillista.
Un importante memorándum, de siete páginas, que en fecha 15 de marzo de 1963, el Dr. Francisco del Rosario Díaz, entonces Abogado Ayudante en la Procuraduría General de la República, dirigió al Dr. Luis Lembert Peguero, a la sazón Secretario de Estado de Justicia durante el gobierno presidido por el Profesor Bosch, constituye una valiosa aproximación a los aprestos de judicialización de los crímenes más señeros del trujillato y los actores principales de aquel temible aparato represivo.
En el mismo, se resumían los casos de mayor trascendencia judicial de los que se había ocupado la Procuraduría General de la República en el período preindicado.
1.- Esfuerzos por esclarecer incidencias en torno al secuestro y asesinato de Jesús de Galindez. Las revelaciones del ex. agente policial Jaime Charles Well Toledo
Numerosas personas fueron entrevistadas en torno a este osada trama criminal , de singular repercusión internacional, iniciada con el secuestro del intelectual y académico vasco, el 12 de octubre de 1956.
En la Procuraduría fueron interrogadas muchas personas en torno al caso, entre ellas Félix W. Bernardino el día 10 de julio de 1962 y el 13 del mismo mes y año, Federico G. Julio González y el teniente coronel de la Policía Nacional Gaspar Salvador Morató Pimentel.
De igual manera, y respecto al mismo caso, en fecha 17 de julio de 1962 fue entrevistado el Señor Jaime Charles Well Toledo, ex. agente de la policía.
Al ofrecer sus declaraciones, Well Toledo confesó que realizó por su propia cuenta investigaciones en torno al crimen de Galíndez y la larga cadena de asesinatos desatados contra todos los que, de una forma u otra, se vieron involucrados en el mismo.
Conforme la versión dada por Well Toledo, pudo concluir que el piloto Gerard Lester Murphy, quien condujo el avión en que Galíndez, en estado de sedación, fue trasladado desde Long Island hasta Montecristi, fue asesinado por el entonces capitán de la Policía Nacional Ramón A. Soto Echavarría, quien tras la caída de Trujillo escapó al extranjero, a fines de evadir la persecución judicial.
Afirmaría al respecto: “para cometer este crimen el mismo Soto Echavarría le propinó un contundente golpe en la cabeza con un madero. Cuando Soto Echavarría le dio dicho golpe a Murphy, este salió huyendo y al ser agarrado de nuevo dijo las siguientes palabras “mira cómo me pagan Trujillo y sus hombres, después que le traje a Galíndez”.
Revelaría, además, que Murphy: “fue muerto en el depósito de ropas de la Policía Nacional, en ese entonces, Departamento para Robos de esa Institución”.
También hizo referencia Well Toledo, al ofrecer sus declaraciones, a la muerte del capitán Octavio de la Maza (Tavito), víctima de la insidia criminal desatada tras el crimen de Galíndez.
Afirmaría al respecto: “en cuanto a Tavito de la Maza, he podido investigar, de que el mismo, un día antes de su muerte fue subido a la barbería de la Policía Nacional, donde fue pelado por el hoy Teniente Mélido, en ese momento cabo o sargento de la Institución”.
Y forma categórica expresaría: “quiero hacer constar que si la justicia quiere poner en claro el caso de Galíndez, solamente tiene que dar con el paradero de los ex. coroneles David Antonio Hart Dottin y Ramón Antonio Soto Echavarría, el primero, porque era jefe de la Policía, y el segundo, por lo expresado más arriba. Además, para que así conste, estos dos personeros del trujillato, salieron huyendo de nuestro país en el mismo avión, y se dice que están en Hollywood”.
Consignaba el referido informe, que en el mes de agosto de 1962, durante el gobierno del Consejo de Estado, visitaron el país, con el propósito de investigar la muerte de Galíndez, tres investigadores enviados por el Departamento de Estado, a saber: James J. Sweeny, Aubrey E. Lippincott y Arthur Plambeck, quienes fueron autorizados por el entonces Secretario de Estado de Justicia Lic. Ángel María Liz y el Dr. Antonio García Vásquez, entonces Magistrado Procurador General de la República, para que, acompañados del Doctor Díaz, realizaran “todas las investigaciones concernientes al mejor esclarecimiento sobre el caso de Galíndez”.
En cumplimiento de su propósito viajaron a Montecristi, donde interrogaron a numerosas personas, visitaron los archivos del Palacio Nacional y revisaron toda la documentación disponible al respecto, lo mismo que los archivos de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, no obstante, “pese al todo el esfuerzo realizado, hasta ahora el crimen continua rodeado de un profundo misterio”.
2.- Referencias del Memorándum en torno a declaraciones de Germán Emilio Ornes relativas al caso Galíndez
El Memorándum daba cuenta, al propio tiempo, del esfuerzo que realizaban las autoridades norteamericanas para esclarecer el crimen. Cuando las autoridades judiciales del Consejo de Estado tuvieron contacto a tales fines con sus pares en los Estados Unidos, estos le informaron que estaban encargadas del caso las autoridades de Nueva York y que muchas de las personas vinculadas en este caso actualmente residían entonces en los Estados Unidos.
Afirmaba al respecto: “Según informaciones oficiosas llegadas a este Despacho, han sido interrogadas y pese al esfuerzo de las autoridades americanas, el crimen sigue siendo tan misterioso como cuando fue interrogado en el año 1957, el Doctor Germán Emilio Ornes Coiscou, actualmente Director del periódico El Caribe, quien textualmente declaró lo siguiente:
“En el año1957, fui testigo del cargo en el juicio que se seguía en Washington al abogado norteamericano John J. Frank, acusado de no haberse registrado en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como agente de la República Dominicana y de Rafael Leónidas Trujillo. En el curso de ese proceso un sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Harald French, depuso también como testigo del Ministerio Público, French declaró que habían intervenido con el aviador Gerard Murphy, en los arreglos y acondicionamiento de un avión Boechcraft, en el que se supone que fue trasladado desde Long Island hasta Montecristi el profesor vasco Jesús de Galindez, desaparecido en Nueva York el 12 de marzo de 1956”.
El sargento French en una de las audiencias declaró, que se había entrevistado en el Aeropuerto de Linden, unos cuantos días antes de la desaparición de Galíndez, con Frank y otras dos personas que le fueron presentadas allí. En el juicio French no identificó a esas dos personas, pero cuando los fiscales le mostraron dos fotografías, las reconoció y dijo, que eran de las personas que acompañaban a Frank cuando él y Murphy se entrevistaron con él en Linden.
Posteriormente, cuando me tocó a mí declarar como testigo, los fiscales me mostraron las mismas fotografías y me preguntaron si yo reconocía a las personas retratadas. En efecto, las identifiqué como el General Arturo Espaillat y el Lic. Félix W. Bernardino.
Durante ese juicio de John Frank, los abogados del gobierno de los Estados Unidos se esforzaron en incluir en el récord una serie de pruebas, testimonios y otras evidencias relacionadas relacionadas con la participación de Frank y otras personas en el secuestro de Galíndez. Frank fue condenado en esa ocasión, pero sus abogados apelaron. Una Corte de Apelación revocó la sentencia original basada en que se había incluido durante en juicio en Primera Instancia evidencias que nada tenían que ver con la acusación que se la hacía a Frank de ser un agente extranjero: específicamente las pruebas relacionadas con el caso Galíndez. El Tribunal ordenó un nuevo juicio y esta vez, los fiscales no pudieron insertar nada relacionado con el caso Galíndez, pero la prueba en el juicio original continúan siendo materia de Récord en los Estados Unidos”.
Aparte de esto, durante la instrucción del caso de Galíndez hecho por el Gran Jurado, también en Washington, se me citó como testigo. Los investigadores estaban interesados en obtener información con relación a los siguientes dominicanos: General Arturo Espaillat, Lic. Félix W. Bernardino, Comodoro César Cortiñas, Comodoro Antonio Hart Dottin y un señor nombrado Antonio Baéz”.
3.- Esfuerzos del Consejo de Estado por enjuiciar a connotados agentes del SIM.
En el curso del año 1962, durante el Consejo de Estado, fueron creados el Juzgado de Instrucción y la Cámara Penal de Jurisdicción Nacional, tribunal establecido para conocer y juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Se trató de una instancia especializada en el conocimiento y decisión judicial sobre todos los crímenes cometidos en la tiranía pasada. Durante su corta duración se llevaron a cabo cientos de procesos de investigación de crímenes, desapariciones misteriosas de personas, asesinatos de presos políticos, actos de barbarie, presiones ilegales, entre otros.
Se destacan los esfuerzos por develar y establecer responsabilidades por el horrendo crimen de Hacienda María, del 18 de noviembre de 1961, perpetrado por Ramfis y sus esbirros contra los sobrevivientes del magnicidio.
Más de 500 personas fueron perseguidas judicialmente por los tribunales el relación al mismo. Muchas de ellas, al momento de iniciar el juicio, estaban prófugas de la justicia, otras en el extranjero y muchas escondidas u ocultas en ciudades y campos de la República.
A tales fines fue solicitada por vía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la extradición de Ramfis, del ex.coronel Gilberto Sánchez Rubirosa (Pirulo) y del Dr. Federico Cabral Noboa.
En el país permaneció preso el mayor de la Policía Nacional Américo Dante Minervino Matías, quien al momento del crimen de la Hacienda María era el oficial encargado de la Cárcel Pública de La Victoria.
De igual manera, fue realizado un ímprobo esfuerzo para juzgar a los temibles agentes del SIM Cándido Torres Tejada (Candito), Víctor Alicinio Peña Rivera, Ciriaco de la Rosa Luciano, Manuel Arturo Valerio, Emilio Estrada Malleta, Ramón Emilio Rojas Lora y Néstor Antonio Pérez Terrero, responsables del horrendo crimen contra Minerva Mirabal de Tavarez, Patria Mirabal de González y María Teresa Mirabal de Guzmán y Rufino de la Cruz.
Candito, estaban prófugo de la justicia , escondido en Long Island, New York por lo que debió ser condenado en contumacia por el referido crimen, en la Cámara Penal de Jurisdicción Nacional a sufrir pena de trabajos públicos.
Otro esfuerzo notorio, en el marco de las pesquisas judiciales del Consejo de Estado, estuvo encaminado a enjuiciar al temible agente represivo del trujillato Clodoveo Ortiz. Oficial de la Marina de Guerra, fue jefe de la cárcel de torturas del kilómetro 9, de la carretera Mella y estuvo vinculado a todos los grandes asesinatos de la era de Trujillo.
Clodoveo Ortiz estaba preso en Nueva York, acusado del asesinato de Ernesto de la Maza, asesinado el 31 de mayo de 1961. La Procuraduría General de la República requeriría su extradición el 5 de febrero de 1963. Fue arrestado y enjuiciado en extradición, pues se le vinculaba, de igual manera, al asesinato de José Lantigua Deschamps Chivirico) y José Espertín Oliva, dos presos políticos asesinados bárbaramente, aunque tales casos no eran más que una parte ínfima de su abultado prontuario delictivo.
Al referido juicio asistieron el Dr. Vinicio Cuello, Magistrado Juez de Instrucción de Jurisdicción Nacional y el Dr. Francisco del Rosario Díaz, Abogado Ayudante del Magistrado Procurador General de la República Dominicana.
Todos estos esfuerzos merecen documentarse, y ojalá que, a tales fines, las instancias competentes, responsabilizadas de custodiar nuestra memoria histórica, pueden hacer acopio, bajo los trámites pertinentes, de cuanta documentación se conserve en nuestros archivos judiciales en torno a tan interesante proceso.
Aunque ya fallecieron, penosamente, los doctores Vinicio Cuello, Rafael Valera Benítez, entre otros, vive, afortunadamente, lúcido y vigoroso, el destacado jurista y hombre público Dr. Manuel Ramón Cerda, quien tuvo participación activa en aquellos procesos. Sus autorizadas revelaciones, al igual que la de otros testigos y actores que pueden entrevistarse, merecen ser recabadas para edificación histórica de las presentes y futuras generaciones.
Alienta saber, de igual manera, que una digna hija del Dr. Valera Benítez, Marina Valera Regús, destacada bióloga, antropóloga y activista ambiental, está realizando apreciables esfuerzos por documentar y dar a conocer la ingente tarea de su padre y demás actores que intervinieron en aquellos días difíciles, tras la caída del tirano, para enjuiciar los desmanes del trujillismo.
Ante las trabas seculares que han impedido hacer justicia a tantas víctimas, que no se pierda la ardua y perseverante batalla que es preciso librar contra el olvido.