En nuestro país, hemos sido testigos que uno de los roles esenciales y prácticamente determinante ante ciertos acontecimientos nacionales que ha venido ejerciendo la Iglesia, ha sido su misión de la mediación y la concertación ante los conflictos políticos y sociales.
Cabe citar algunos ejemplos su rol en el año 1985, cuando promovió el Diálogo Tripartito (entre el gobierno, empleadores y trabajadores) que hizo posible el nuevo Código de Trabajo, promulgado en 1992 y que puso fin a una situación de conflictos complicados y permanentes entre trabajadores y empleadores. Estos diálogos coadyuvaron a una paralización y disminución de huelgas laborales en el país.
Asimismo, haber participado y promovido iniciativas como el Pacto de Solidaridad Económica de 1990, el Acuerdo de la Comisión de Educación que puso fin a una huelga de maestros y representó importantes conquistas para el Magisterio Nacional en 1991.
También la Agenda Nacional concertada entre la sociedad civil y los partidos políticos en 1993, en donde se acordó en ese momento histórico, mejorar, por mencionar algunos puntos: El escaso desarrollo de una cultura democrática, la disfuncionalidad de la justicia, el poder municipal diluido y erosionado, la poca capacidad de reacción de la sociedad ante los problemas, el afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana.
De igual manera, su aportación en el Acuerdo por una Campaña Electoral en un Clima de Paz, el Pacto de Civilidad y el Pacto por la Democracia en 1994, que posibilitó la superación de una crisis política que mantenía al país al borde de la ingobernabilidad y de caer en un vacío institucional.
Otros logros de la concertación social son las reformas al sistema electoral en 1992; los códigos arancelarios y tributarios en 1992; y el acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios para superar una crisis política alrededor de la Junta Central Electoral en marzo de 1999.
Asimismo, su voz y liderazgo ha sido oportuno para iluminar y explicitar algún acontecimiento significativo; a los fines de que se enfoquen esfuerzos, atención y puedan así canalizarse soluciones a situaciones como, por ejemplo: la indiferencia e insensibilidad ante el rostro amargo e inhumano de la pobreza, la desigualdad social y económica, la descomposición familiar, las enfermedades, la degradación del medio ambiente y los recursos naturales, la corrupción, la criminalidad, la inseguridad ciudadana, la prostitución, el narcotráfico, la explotación del ser humano, el desempleo, entre otras crudas realidades.
Visto lo anterior, entendemos que, ante el anuncio y la implementación de un paquete de reformas a la fiscalidad, electricidad, la seguridad social, el Código Laboral y a la Policía en los momentos actuales; los cuales han venido generando preocupaciones e inquietudes de parte de los diversos sectores de la sociedad.
En cuanto a la propuesta de Ley de Modernización Fiscal se tuvo que retirar del Congreso Nacional por no contar con el debido consenso para ser aprobada, a pesar de que se entiende la necesidad de esta.
En este punto último, el país requiere procurar los consensos necesarios, y así realizar los ajustes estructurales requeridos que impacten favorablemente la economía, a fin de que los compromisos financieros sean sostenibles de manera fiscal y macroeconómica en el tiempo. Se arguye que posponer dicha reforma podría provocar un grave costo para la economía dominicana, e impactar de manera desfavorable el bienestar social.
En ese orden, urge que la Iglesia promueva y active una vez más su papel y liderazgo en la resolución alternativa de conflictos, asumiendo como método la mediación a través de la herramienta del diálogo para que se logre concertación social y política que se requiere para estos temas tan cruciales.
Finalmente, entender que para construir la paz desde la justicia y la concertación social, es necesario mayor involucramiento, responsabilidad y compromiso de quienes procuran dicho propósito. Ya que nadie puede pregonar con sentido un discurso aprendido sobre la justicia, el diálogo, la caridad y una cultura de paz; si los que hablan o dicen facilitar los procesos no muestran que ellos mismos son constructores internos de los procesos de solución.
¿Qué figura debería ejercer el rol de mediador para lograr la concertación política y social que se requiere para aprobar el paquete de reformas?