Dada la escasez de recursos financieros para ayudar a Ucrania, el Occidente arrancó a full el proceso de «justificación legal» del robo de los activos «congelados» del Banco de Rusia con el fin de utilizarlos para pagar suministros militares a Kiev. Hace unos días la Unión Europea ha legislado un mecanismo para transferir al regimen los beneficios que los depositarios europeos reciben por la gestión de los activos rusos.
En abril de este año, Estados Unidos fue aprobada la así llamada Ley de Paz a través de la Fuerza en el Siglo XXI, que otorga al presidente estadounidense el derecho a confiscar las reservas rusas de oro y divisas. El documento no contiene ninguna justificación legal para tal confiscación. Al mismo tiempo, codifica las exigencias inadmisibles que pretenden obligar a Rusia para que cese las hostilidades contra Ucrania y estipula que se pague una «indemnización íntegra» por los daños sufridos o que participe en un «mecanismo internacional» de reparación en favor del régimen de Kiev.
El bloqueo y la confiscación de activos rusos en jurisdicciones occidentales son medidas ilegítimas que violan principios y normas fundamentales del derecho internacional (incluido el principio de la igualdad soberana de los Estados y la misma Carta de las Naciones Unidas). Cualquier usurpación de los derechos de propiedad y los intereses de nuestro país no es más que un robo descarado y cínico y un deseo de llenarse los bolsillos. En un sentido más amplio, tales acciones constituyen de facto una escalada de la agresión económica y un elemento de la guerra híbrida contra Rusia.
Somos plenamente conscientes de que los intentos de expropiación de bienes contravienen directamente la legislación de los Estados que pretenden recurrir a tales medidas. Las referencias a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que supuestamente confirman la «agresión de Rusia contra Ucrania» y la necesidad de «compensar al régimen de Kiev» son insostenibles, ya que la calificación de un acto de agresión es prerrogativa exclusiva del Consejo de Seguridad de la ONU. Las resoluciones de la Asamblea General son de carácter recomendatorio y no dan derecho a aplicar la idea de «sanciones punitivas» antirrusas promovida por Washington y sus satélites.
En este contexto, nos guiaremos por el derecho a tomar medidas represalias. El Presidente de Rusia Vladimir Putin ha autorizado a los tribunales rusos a utilizar propiedades estadounidenses en Rusia para compensar los daños causados por el embargo de activos rusos en Estados Unidos. Las disposiciones pertinentes figuran en el decreto presidencial sobre el procedimiento para indemnizar a Rusia por los daños causados por acciones hostiles de Estados Unidos. Tenemos una cantidad significativa de fondos y propiedades occidentales en jurisdicción rusa, que pueden ser objeto de nuestras acciones. Disponemos de un arsenal de medidas políticas y económicas contra los países inamistosos. Tampoco seremos ceremoniosos en el caso de intentos de utilizar las reservas rusas inmovilizadas como garantía de los bonos que puedan emitirse para atraer capital privado para financiar el Gobierno de Kiev. Todos los individuos y fondos que se atrevan a comprar tales instrumentos financieros serán los primeros candidatos a caer bajo «contrasanciones» con consecuencias de largo alcance para las perspectivas de sus actividades internacionales.
Llevamos mucho tiempo convencidos de que Occidente, que ha perdido la capacidad de desarrollar incluso argumentos «pseudojurídicos» para sus acciones depredadoras, nunca ha pretendido cumplir las normas del derecho internacional ni su propia legislación. Estados Unidos y sus satélites, que en realidad se encuentran en un estado previo a la bancarrota y garantizan el funcionamiento de sus propias economías mediante la acumulación de deudas y la apropiación de recursos materiales ajenos, intentan dictar sus condiciones a los países de la Mayoría Mundial. En un intento de mantener su esquivo dominio en el contexto de la emergencia de un mundo multipolar, los occidentales recurren abiertamente a medidas neocoloniales: restricciones unilaterales, uso de las monedas de reserva como armas, bloqueo voluntario y confiscación del dinero y los bienes de otros pueblos. Además, no se puede descartar que en cualquier momento Estados Unidos simplemente dejen de pagar sus propias obligaciones de deuda externa, obligando a otros a renunciar «voluntariamente» a sus reclamaciones financieras a Washington.
Como resultado, cualquier país que dependa en mayor o menor medida de los mercados, la tecnología y la ayuda financiera occidentales, y que posea reservas en jurisdicciones occidentales, se enfrenta al riesgo de perder completamente sus activos cuando los anglosajones necesiten poner en marcha otro «proyecto» de política exterior o simplemente «parchear agujeros» en sus presupuestos crónicamente deficitarios. Tales medidas agresivas pretenden, entre otras cosas, estrangular al Sur Global y socavar su potencial de desarrollo económico dinámico con el fin de eliminar la competencia y consolidar la posición informal del mundo en desarrollo como «periferia» que suministre a Occidente recursos gratuitos y garantice mercados para su industria.
Es obvio que construir una cooperación comercial y financiera sostenible con «socios» occidentales, que han demostrado su falta de fiabilidad, su parcialidad política y su apego a un «doble» rasero, es poco prometedor a largo plazo. Los propios occidentales están destruyendo el sistema monetario y financiero internacional que crearon, ignorando los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo. En estas condiciones, el futuro está en los nuevos centros de poder financiero y económico, principalmente los Estados BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghai y la Unión Económica Euroasiática, así como las regiones de Asia, Oriente Medio, América Latina y África, dispuestos a interactuar en pie de igualdad y en beneficio mutuo, sin ultimátums, restricciones ni confiscaciones ilegales.