El título del presente artículo hace referencia a la noticia servida por varios medios mostrando el terreno, en las inmediaciones de la Nueva Barquita, en donde se  construiría un hospital psiquiátrico.

Para avalar la obra se alega que la psiquiatría, como rama de la medicina merece, al igual que la ortopedia y la cardiología, para solo poner dos casos, tener su hospital especializado. En realidad, ese es un argumento desacertado. Las razones por las que ciertas ramas de la medicina requieren centros de alta complejidad para tratar condiciones tan difíciles como cirugía del corazón abierto, intervención con bypas y otras, en el campo de la cardiología, o de intervenciones en procedimientos como cirugías complejas de rodilla, de columna, de cadera, fémur etc., o de complicados traumas de cráneo, en el caso de la ortopedia; no se presentan en la psiquiatría.

Se argumenta que el referido hospital solo tendría servicios para emergencias psiquiátricas y para intervención en crisis (corta  y muy corta estadía). Con esto se quiere descartar el rechazo que pudiera generar la idea de que dicho centro derive en un manicomio (centro de reclusión y violador de los más elementales derechos de la persona). Lo que no sabe la persona que presenta el video es que al explicar el fin de dicho hospital nos brinda la razón para negarlo. En psiquiatría, ningún enfermo mental, por grave que sea su crisis, requiere intervenciones complejas como para ser ingresado en centros con características de alta complejidad. Esto no se da en psiquiatría. Desde el año 2015 se instalaron Unidades para Intervención en Crisis (UIC), en hospitales municipales, en hospitales provinciales y en hospitales regionales. Aunque al día de hoy solo una parte de estas UIC están funcionando, todas se han manejado sin necesidad de “alta complejidad”.

 

Dentro de las funciones esenciales de la salud pública queremos rescatar algunas que se pierden al brindar servicios de salud mental desde un hospital psiquiátrico y no desde UIC distribuidas por provincias: la oportunidad que se desperdicia al no obtener los servicios que se requieren sin retraso, que ponen en riesgo la salud y la vida (pensar en ubicar una cama en el hospital Psiquiátrico en La Nueva Barquita para un paciente de Nisibón, cuando esa misma cama pudiera estar disponible en una UIC en el Hospital de Higuey), se daña la equidad porque estas personas por ser pobres no pueden tener acceso equitativo y desarrollar su máximo potencial en salud, niega  la participación social porque el hospital no es capaz de aplicar la salud mental comunitaria ni establecer el enlace con el primer nivel de atención y por esa misma razón desaprovecha el acceso racional a los medicamentos, porque la dispensación de estos tiene dos maneras para establecerse, vía el primer nivel de atención o por medio de los centros de salud mental comunitarios. A todas luces, el hospital psiquiátrico malogra la posibilidad de desarrollar la salud mental comunitaria, a la vez que replica el circulo vicioso de egreso de un paciente que fue tratado por una crisis y un nuevo ingreso del mismo paciente que fue enviado a su lugar de origen pero que no tiene ni medicamentos ni seguimiento ni soporte social y que nueva vez sufre de otra crisis.

Es clave entender que si bien la psiquiatría es una especialidad de la medicina y que la prestación de servicios a nivel privado se puede manejar como otra especialidad médica más, a nivel público ni por asomo es igual. Sean Fleming, en el Foro Económico de Davos, 2019, dijo “en los países de ingresos bajos y medios el 75% y el 85 % de las personas con trastornos mentales no reciben tratamiento”. El drama relativo a la adherencia a los medicamentos no termina ahí, señala de Castro Schilling en una revisión bibliográfica de 2016, que entre el 60% y el 85 % de  aquellos pacientes que reciben tratamiento lo abandonan al cabo del tiempo, sea por los efectos secundarios, sea  porque no pueden lograr comprar nuevas indicaciones,  porque no cumplen con las dosis indicadas o porque teniendo la receta en la mano no pueden comprarlo. Señala que una forma de atenuar este hecho es dando una atención más personalizada y cercana. Esto no se logra jamás desde un hospital.

Damos por sentado que en cualquier provincia que hay un psiquiatra laborando a nivel privado, ese psiquiatra realiza ingresos para pacientes psiquiátricos. Lo mismo no ocurre en provincias donde a nivel público hay psiquiatras contratados en la red pública. La mayoría de las veces hay una resistencia tanto de la dirección del hospital como de los demás trabajadores de la salud, para facilitar gestionar la estructuración de un servicio de psiquiatría, que implique el ingreso en sala de los pacientes con condiciones mentales en situación de crisis.

La estrategia establecida en 2015 busca, como política de salud pública, que el modelo de atención a la salud mental se logre dentro del mismo sistema de asistencia pública, establecido en los diferentes niveles de atención de la Red de servicios. De esta forma se alcanza que los prestadores de salud en el sector público acepten al enfermo con una condición mental como una persona más que busca mejorar su salud, no como alguien  que en los muy pocos hospitales donde era atendido entrara por una puerta trasera y tratado siempre con recelo y temor. Los ejemplos de buenas prácticas están visibles: Hospital Provincial de Puerto Plata, Hospital Municipal Jacinto Mañón en Santo Domingo Oeste, Hospital Regional Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, son algunos. Lamentablemente varias de las UIC puestas a funcionar en esos años en los referidos hospitales, hoy están fuera de servicio y otras que estaban supuestas a entrar en servicio, como la UIC del Hospital Regional Antonio Musa, de San Pedro de Macorís y la UIC del Complejo Luis Aybar, no fueron entregadas.

Bajo este modelo se busca calidad y alcance en la atención, oportunidad de acceso y disminución de costo de bolsillo. Se logra además, el respeto a los derechos de las personas y un enfoque en la salud mental comunitaria. No puede haber una atención eficiente fuera del contexto social donde se ha creado la enfermedad mental, como tampoco puede existir salud mental sin libertad. El hospital psiquiátrico ha sido un consuetudinario violador de derechos.

Colocar de nuevo al hospital como el eje fundamental del trabajo psiquiátrico es constreñir los servicios de salud, es alejar al paciente de la comunidad, de su entorno social y de su familia. Que nos sirva otro ejemplo: la provincia de La Romana no tiene una sola cama pública para una intervención en crisis. Pensemos lo que significa para una familia tener  a uno de sus integrantes en agitación psiquiátrica y necesitar un ingreso. Sería más lógico y conveniente tener camas disponibles en La Romana a considerar trasladarlo a un hospital psiquiátrico en La Nueva Barquita. Ese mismo ejemplo sirve para las más de 20 provincias que no tienen  una cama para ingreso de crisis en salud mental pero que sí tienen hospitales y psiquiatras, donde se puede establecer un servicio para este tipo de ingreso. Porque donde la Red Pública tenga un psiquiatra prestando servicio, se puede organizar una asistencia para intervenir una crisis en salud mental. Y podemos escribir en la piedra: si se construye ese hospital psiquiátrico las autoridades no van a invertir en un modelo de salud mental que integre a esta a los servicios en sus diferentes niveles de atención, no desarrollará las UIC por provincias ni mucho menos construirá los dispositivos que se requieren (centros comunitarios de salud mental, hospitales de día, viviendas tuteladas), porque ya le habrá dado, como en la antigua Roma, pan y circo a la población y esta se sentirá contenta y agradecida. Solo que el rezago para desarrollar una verdadera red de atención pública en salud mental será directamente proporcional al daño a la calidad y oportunidad de la atención a incontables seres humanos que históricamente han sido vilipendiados.