¿Alguien se ha preguntado por qué en la República Dominicana solo al Estado le hacen huelgas? O, mejor dicho, al pueblo dominicano. Los maestros, por ejemplo, tras estar por decenios entre los segmentos profesionales peor valorados y remunerados, pasaron desde hace diez años a estar entre los mejor pagados y, sin embargo, difícilmente pase un mes sin que paralicen la docencia.
Cuando hablo de los mejor remunerados me refiero a segmentos ocupacionales amplios, porque grupos profesionales minoritarios siempre habrá algunos, tanto en el sector privado como público, que obtengan beneficios mayores, que a veces escandalizan al reflejar privilegios irritantes; pero, justamente por ser excepciones, no constituyen una carga muy pesada que pesen sobre las finanzas públicas ni en los costos productivos.
En el sector privado, la desaparición o el debilitamiento de los grandes sindicatos y las huelgas masivas sobrevino como consecuencia de la propia evolución del capitalismo mundial, pues, de grandes centros fabriles que concentraban una masa laboral con centenares o miles de obreros que sentían la necesidad de organizarse como forma de evitar la excesiva explotación, los procesos se fueron diseminando en cientos de establecimientos distribuidos por diferentes países, cuyos trabajadores tienen muy pocos vínculos entre sí, a veces ni se conocen, ni tienen un patrón (un enemigo común) definido ni un lugar donde reunirse.
Las organizaciones sindicales en empresas privadas fueron deviniendo en entelequias, y los dirigentes profesionales fueron concentrando su atención en los grandes núcleos de empleados públicos que proveen servicios a la ciudadanía, como médicos, policías y maestros. Aquí sí se pueden establecer vínculos entre los participantes, comparten un empleador común (el Estado) y una víctima de las huelgas a quien ponerle presión (el pueblo).
En la República Dominicana las leyes laborales nunca fueron propicias a la organización sindical en el sector privado, por lo que en vez de sindicatos de obreros se constituyeron centrales, de las cuales hay muchísimas. Pero su capacidad de presión siempre fue contra el Estado, no contra los capitalistas. De los grupos masivos de servidores públicos, los policías nunca hicieron huelgas ni, mucho menos, los militares. De modo que estas se concentraron en los médicos y maestros.
El ancestral abandono de los servicios públicos durante el prolongado período de Balaguer dio lugar no solo al deterioro del hospital y la escuela pública, sino también al empobrecimiento, pérdida de calidad profesional y valoración social de sus servidores. Las gestiones gubernamentales de Leonel, en este aspecto, no fueron más que la continuación de Balaguer. Por tales razones, por mucho tiempo amplios grupos sociales se sensibilizaban ante los reclamos de profesores y apoyaban su lucha.
Ahora bien, si los maestros dominicanos creen que la mejora del presupuesto educativo y de sus condiciones de vida han sido fruto de su ADP se equivocaron de medio a medio. Al contrario, nunca se degradó más la condición del maestro que cuantas más huelgas hizo. Su mejoría salarial fue el resultado de aportes de intelectuales, seminarios y discusiones académicas, reclamos populares, presiones de la clase media y hasta de empresarios; se escenificaron manifestaciones contundentes.
El presidente Abinader habló de sacar la política de la escuela. Ojalá pudiera hacerse. La organización sindical en América Latina siempre tuvo un marcado carácter político; eso no era mayor problema mientras la política respondiera a principios o a ideologías. El problema devino cuando la política se convirtió en negocios particulares. Muchos dirigentes de la ADP se enriquecieron desmesuradamente. Entre otros medios, crearon una cooperativa que compite en activos y ganancias con los grandes bancos, como una de las principales instituciones financieras del país. En la misma han aplicado las más deleznables prácticas financieras para expoliar el sueldo de los maestros, al estilo de primitivos usureros.
Los dirigentes magisteriales han saltado del sindicato a altos cargos políticos, alternándose algunos entre la función sindical y otras como ministros o legisladores. Y su riqueza se ha hecho manifiesta al presentar declaración jurada de patrimonio, revelándose en un caso, tanto su poder económico como su absoluta ignorancia, pues los números expuestos no pueden ser más que el fruto de no saber distinguir bien entre unidades expresadas en miles o en millones, poniendo de paso en evidencia en manos de quiénes está nuestra escuela.
En todas las referidas prácticas, tanto en la gestión sindical como en la cooperativa, el Ministerio de Educación ha sido su aliado en vez de ocuparse de si trabajan o enseñan, al descontar cuotas y pagarés para ahorrarles el complejo trabajo de cobro, al tiempo de garantizar la afiliación obligatoria.