La problemática migratoria es un fenómeno global que se presta para muchas cosas, sobre todo para ser politizado. República Dominicana es uno de los países que goza de una presencia migratoria permanente, dada las dolorosas condiciones económicas, sociales y políticas de su vecino Haití, lo que ha llevado a tener una población de nacionales haitianos, que se estima en millones (¿uno, dos, tres, cuatro?, según fuentes diversas). Hoy son fuertemente rechazados por una campaña liderada por los sectores más conservadores de la sociedad.
Las actuales autoridades de RD han hecho un gran esfuerzo en solicitar en los Foros internacionales la rápida intervención en Haití, a fin de eliminar la violencia y mejorar las condiciones de vida en aquel país, tratando de evitar una catástrofe humanitaria que generaría una poblada hacia el país receptor.
Mientras los haitianos no resuelvan su situación interna, República Dominicana será siempre el primer polo de captación del flujo – lo cual parece saber todo el mundo, pero incapaces de racionalizar los hechos… Si bien, el país receptor no puede asumir la presencia de haitianos, que ponen en crisis los servicios públicos, el futuro de las relaciones interétnicas y la amenaza de la absorción de una sociedad por otra.
En medio de la situación actual, el presidente Luis Abinader anunció que se deportarían 10 mil haitianos semanales (osea unos 1.500 diarios), declaración que podría servir para calmar las manifestaciones de rechazo hacia el grupo o para presionar a la comunidad internacional. Lo cierto es que dichas declaraciones generan varias interrogantes – entre ellas, ¿Cómo llevar a cabo un operativo de esta magnitud, sin que se acuse RD de irrespetar los Derechos Humanos? Ya que esa población está conformada por seres humanos a los que se le debe garantizar alojamiento, comida y condiciones legales, mientras se realiza el proceso de enviarlos a su país.
¿Cómo garantizar la cadena productiva del país receptor? O, es que hemos olvidado que aparte de ser el polo de captación por excelencia, brindamos las condiciones para que los migrantes puedan trabajar y vivir aquí – ¿se han hecho o los hemos hecho imprescindibles?
No es necesario abrir oficinas de migración en las 31 provincias, como anunció el Secretario de la Presidencia. Aumentar la burocracia no garantiza eficacia
Ciertamente, el país debe llevar a cabo un operativo para controlar la migración irregular – no solo haitiana, sino de cualquier origen. Es un asunto de seguridad nacional, pero ¿es este el momento más apropiado para un plan de deportaciones masivas?
Cuando la agenda nacional está cargada de eventos, con desafíos de reformas de Estado, fiscales, constitucionales, y escándalos de corrupción que pueden poner en riesgo la permanencia de cualquier gobierno.
Es necesario aplicar medidas rigurosas y continuas, para frenar la llegada de migración ilegal, estableciendo cuotas de aceptación de migrantes haitianos, por sectores productivos, garantizándoles un contrato de trabajo y el retorno al finalizar.
Para frenar la complicidad local, determinante en la llegada y permanencia de la población irregular, debe establecerse un régimen de sanciones al empleador, un código de ética estricto a los funcionarios civiles y militares que tengan que ver con la migración, destituibles cuando falten a sus responsabilidades o estén implicados en tráfico humano.
Salir a cazar haitianos indiscriminadamente, “sólo por ser negros”, es un acto de vergonzoso racismo, que hace que más de un dominicano sea confrontado con sus orígenes, no siempre asumidos. Si bien entre el haitiano y dominicano, hay una gestualidad diferente, ambos son afrodescendientes, población que ha crecido en los últimos 80 años en RD.
Deportar 10 mil individuos semanales, que no tienen dónde ir (producto de la crisis y el desplazamiento interno en Haití) puede que sea posible, pero sobre todo no es conveniente para la imagen del país anfitrión de 8 millones de turistas, y para el gobernante que más ha reclamado en foros internacionales, la ayuda hacia Haití, Luis Abinader.
De llevarse a cabo el plan integral de deportaciones, se corre el riesgo de generar un conflicto étnico, que no existe en la actualidad. El tejido social y la cohesión grupal se romperían, activando resentimientos inesperados e incontrolables.
En la vulnerable población “deportable”, existen escenarios de ingobernabilidad en varios puntos geográficos del país. Medidas de esta naturaleza no suelen anunciarse, sin prever las consecuencias; en última instancia, se ejecutan sin algarabía.
No es necesario abrir oficinas de migración en las 31 provincias, como anunció el Secretario de la Presidencia. Aumentar la burocracia no garantiza eficacia, cuando se deben crear medidas y políticas que duren en el tiempo y no salir a dar palos a ciegas. El problema es complejo y tiene varias décadas; pretender resolverlo en un cuatrienio es ambicioso.
Cada medida debe ser sopesada analizando los beneficios y consecuencias, dejando de lado políticas populistas de impacto mediático. Lo que se debe hacer es acabar con el negocio de los consulados, la frontera y el gobierno; perseguir la corrupción del sector con castigos ejemplares. La migración no es un negocio, es un drama humano, que afecta a los países emisores y receptores de migrantes, como a sus nacionales.
Generar odio y discriminación no solucionará el problema, cuando se desconoce el aporte de la población haitiana en la demografía y en la composición social de la población dominicana. Persisten las implicaciones futuras del desarraigo de la población dominico haitiana, o de aquellos nacidos aquí sin identidad legal, mimetizados dominicanos, gracias al rechazo histórico y a la ausencia de políticas coherentes, que les llevan a negar sus orígenes para ser semi aceptados.
Enfrentar la llegada de migrantes haitianos de manera científica, respetuosa y coherente, es el gran desafío que tienen la sociedad dominicana y sus dirigentes.