Hasta la antesala de las elecciones del 5 de julio de 2020 en las que salió victorioso, el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue persistente en criticar la inversión publicitaria del gobierno presidido por Danilo Medina (2012-2016/2016-2020)

El 20 de septiembre 2018, el experto en ejecución presupuestaria, José Rijo Presbot, había declarado que, durante los primeros ocho meses del año, el gasto era de 10.2 millones de pesos por día, es decir, unos 3,732 Mdp al año, y cuestionó que la gestión de Andrés Navarro en Educación erogó 1,4 millones cada 24 horas.

A finales de octubre de 2019, la ONG Oxfam resaltaba que la publicidad estatal crecía a un ritmo de 12.6 por ciento anual, el doble del gasto primario general consolidado en bienes y servicios a la población.

El 19 de marzo de 2020, el pediatra infectólogo Jesús Feris Iglesias, del equipo de salud del candidato presidencial Luis Abinader, remarcaba que las autoridades debían reorientar tales recursos para la prevención de enfermedades y salvar vidas. Lo declaraba cuando ya estaba en curso la epidemia de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2.

Entre las voces críticas, también hubo periodistas. Denunciaban a menudo que la costosa publicidad colocada por la Dirección de Comunicación (Dir-Com), del Palacio, tenía la intención de secuestrar la libertad de expresión y estandarizar las opiniones a favor del Gobierno.

PALOS A CIEGAS

Ante la andanada de cuestionamientos opositores, las autoridades dieron “la callada por respuesta” y mantuvieron su postura respecto de los gastos en tal renglón.

Flota una verdad irrebatible en este panorama. La publicidad es necesaria, siempre que predomine la racionalidad y no se corrompa. Pero hubo desenfreno.

Los medios de comunicación estatales (televisión y radio) se mantuvieron a la deriva con audiencias casi en cero, mientras se animaba la inversión en medios y actores privados. Esa es una.

Y la otra, fatal: el enfoque tubular de la comunicación. Se ha evidenciado una visión vieja que se agota en la colocación de cuñas a granel, sin importar impacto en los públicos, con fines meramente propagandísticos. La oposición asume que ello también oculta un filón de corrupción y alineación o manipulación de las informaciones y opiniones publicadas.

Tendrá la oportunidad de enderezar los caminos.

La comunicación gubernamental no es la inundación de los medios con publicidad tintada de comercial, muy ajena a lo educativo. Mucho menos colonizarlos con publicity, en el entendido de que los públicos obedecerán ciegamente  a las matrices de los diseñadores de los discursos. Ni es el esfuerzo sostenido por posicionar figuras con aspiraciones a mesías, en vez de instituciones.

El reduccionismo comunicacional, basado en acciones aisladas, al margen del proceso, resulta muy costoso, pero también ineficaz, aunque en un primer momento provoque la agradable sensación de éxito.

Si algo ha demostrado la investigación es que los públicos no responden como borregos ante los mandatos de los emisores, vía discursos publicitarios y propagandísticos disfrazados de periodismo, salvo que coincidan con sus intereses. Hecho que, sin embargo, obvian ciertos “gurúes” de la comunicación política. La derrota sufrida por el oficialismo en las congresuales y presidenciales del 5 de julio es un ejemplo.

El gobierno del PRM y aliados están obligados a desterrar el paradigma comunicacional obsoleto que ha predominado hasta ahora. Sus críticas mordaces han sido sostenidas y no tendrían moral para desentenderse.

Para ello, hay que comenzar por tener una conciencia plena de que la improvisación no cuadra con tal objetivo. Y menos en esta coyuntura de crisis económica y sanitaria.

El abordaje debe ser profesional, integral, a partir de procesos, con la planificación como eje central. Y eso no lo hace todo el mundo. Romper con la obsolescencia implicará la articulación de equipos especializados en el área. La emergencia de un nuevo paradigma en la comunicación gubernamental es real.

El próximo gobierno seguirá como el cangrejo si entiende que comunicación es el envío de notas de prensa, gestionar entrevistas en los periódicos y programas de televisión y radio, o diligenciar que opinantes mediáticos se pasen todo el tiempo, “desde que Dios amanece”,  rumiando loas que no sienten, a cambio de fardos de dinero.