La transparencia es sin duda uno principios que fundamenta nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, que se evidencia, entre otros aspectos, en el ejercicio democrático de contar con informaciones claras y precisas sobre el quehacer de los todos los poderes del Estado, a fin de que, con estas informaciones, la ciudadanía pueda valorar hacia dónde se orientan las acciones gubernamentales y medir su desempeño.
Desde los gobiernos locales hasta la presidencia del gobierno, el mayor acto en que se materializa es en la rendición de cuentas a la ciudadanía, este ejercicio toca los diversos aspectos que tocan la vida nacional o local. En tal sentido, para las posiciones de naturaleza electiva, la responsabilidad es mayor, debido a que estos han de ser consecuente con las necesidades e intereses de quienes le eligieron. En tal sentido, estaríamos presentes ante una relación de ostentar el poder, cuando contraviene a las demandas de los y las electores, ejercer una función legal pero no legítima.
La rendición de cuenta, más que un acto protocolar, es una responsabilidad. En el caso de la presidencia de la república, el Artículo 114 de la Constitución del 2015 dicta que es responsabilidad del Presidente de la República rendir cuentas anualmente, ante el Congreso Nacional, de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128, numeral 2, literal f) de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso.
En la rendición de cuentas del 27 de febrero de 2020, no se cumplió ni con la Constitución ni con la democracia. El presidente en su discurso, presentó un panorama divorciado de la realidad del país y de la realidad de millones de dominicanos y dominicanas.
En un contexto electoral y al término de su gestión gubernamental, el instrumentalizó el escenario del congreso nacional para presentar una apología a sus casi 8 años de gestión y recalcar, entre la intimidación y el endiosamiento, el “resguardo”, “progreso” y “sostenibilidad” que representa el partido de gobierno como opción política, de cara a las elecciones municipales, congresuales y municipales del año en curso.
Como años anteriores, escudaba su gestión en cifras macroeconómicas, sin hacer mención alguna en la deuda pública y cómo ésta hipoteca el presente y futuro del país. Omitió, como de costumbre en su gestión, las tareas pendientes que deja su gobierno a la nación, compromisos como el pacto fiscal, el pacto eléctrico, la crisis del sector salud, la corrupción e impunidad, la deficitaria calidad educativa, la reformas a la Policía Nacional y el Ministerio Público.
Cierra su gestión en deuda con los derechos de las mujeres ante los pocos esfuerzos en reducir la violencia de género, cuando una de las fallas más grande del año 2019 e inicios del 2020, ha sido la poca capacidad de respuesta estatal, en prevenir los feminicidios, y enfrentar con políticas públicas claras contra la impunidad hacia los agresores en la violencia de género que caracteriza nuestro desigual sistema judicial.
A su vez omitió, y se mantienen como tarea pendiente de esta gestión que pronto termina, la desprotección en que quedan nuestra infancia, niños, niñas y adolescentes que viven en las calles de nuestras ciudades y del poco acceso estos infantes a los servicios de acogidas y de salud apropiados, la situación que enfrentan las niñas y adolescentes ante un código civil complaciente y abusivo permitiendo el matrimonio infantil. Ni hablar de los restos pendientes en enfrentar el embarazo adolescente, el trabajo infantil, la trata de personas o la explotación sexual comercial.
Esperamos que en próximas gestiones presidenciales se trascienda esta nefasta práctica que caracteriza la pobreza del debate político en nuestro país y en algún momento, se coloquen en el centro, los derechos de las ciudadanía, en especial, las poblaciones más vulnerables. Por ahora, lo ocurrido el pasado 27 de febrero, solo puede ser situado entre la pobreza del discurso y la no rendición de cuentas.