Los préstamos estudiantiles en Estados Unidos constituyen una deuda en aumento. Según cifras oficiales, 43.2 millones de personas le deben al sistema Federal del Departamento de Educación 1.67 billones de dólares por concepto de préstamos educativos.
En parte, por ser este país uno de los mercados laborales y académicos más competitivos del mundo, de manera permanente más personas jóvenes buscan insertarse en economía y generar sus propios ingresos, sobre todo con al aval de un título universitario.
El origen de estos programas sé remota a la Segunda Guerra Mundial, que ofrecía facilidades económicas a los soldados veteranos. Luego, bajo la administración del presidente Dwight David Eisenhower, en el 1958 se firmó el primer préstamo estudiantil, con la promulgación.
De la Ley de Educación para la Defensa Nacional (NDEA, por sus siglas en inglés). Que proporcionaba fondos a las instituciones educativas en todos los niveles. Mas tarde, presidentes como Lindo B. Johnson, Nixon y Clinton expandieron dichas ayudas a lo que ahora conocemos. Sin embargo, el problema actual tiene varias aristas que se contraponen, desde el monto de la deuda acumulada.
Los altos intereses, el creciente costo de la vida, los confusos procesos burocráticos en materia de planes de pago, entre otros. Que provoca una incapacidad casi absoluta para que los jóvenes cumplan con su responsabilidad. En ese sentido y en busca de congraciarse con el sector estudiantil-profesional; la administración del presidente Biden, ha sido abanderada de cancelar y reducir los pagos de dicha deuda.
Encontrando muchos obstáculos por parte de los conservadores. Como, por ejemplo, el bloqueo de la Suprema Corte de Justicia a dicha propuesta. “Los jueces rechazaron la solicitud del gobierno para restaurar la vigencia de la mayor parte del plan, que fue bloqueado por la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos”.
Pero, ni la decisión de la corte suprema, ni la medida paliativa “Parent Plus”; que no es más que préstamos federales que se le dan a los padres; para que ayuden a sus hijos; podrán resolver el problema. En una sociedad donde tanto el futuro económico de los hijos y ahora el de los padres envejecientes. Está seriamente comprometido mientras vida tengan.
Otro de los aspectos que mantiene a estudiantes, profesionales y quienes aspiramos a una educación continuada aquí no es la facilidad con la que se entrega -que lo depositan en una cuenta en un plazo de 24 a 48 horas- el dinero, sino, el proceso de cobro por las “third party” o compañías colectoras de deudas que imposibilitan aún más dicho entramado. Por el exceso de información y el ofrecimiento de pocas soluciones. Pero con todos los obstáculos que se encuentran millones de personas quienes apuestan a la obtención de un título universitario en cualquiera de las prestigiosas universidades y de poder finiquitar con la deuda contraída.
Todo se ve cada vez más incierto. Es por ello, que parte de la solución a un tema que lleva años, -desde nuestro humilde punto de vista- sería no la condonación total de la deuda, sino crear eficaces planes de pagos, con tazas de intereses accesibles y ajustada a la realidad económica global. Así como, la eliminación de trabas burocráticas.
Por último, abrir eficaces canales de diálogo y renegociación con las instituciones educativas. En busca de soluciones conjuntas. Y dejar de inflar los costos académicos. En uno de los países que mayor desarrolla, atrae y retiene a académicos.