Hay que prevenir todas las violencias en todas partes. La promoción de relaciones justas e igualitarias, y la no tolerancia a los abusos empieza también en los espacios de trabajo de quienes tienen el deber de denunciar lo que está mal en sus sociedades: las reporteras y los reporteros.
“El 75% de las y los integrantes de 95 medios de comunicación de 14 países de América Latina y el Caribe conoce al menos un caso de violencia de género hacia periodistas”, según la investigación “Medios sin violencias. La urgencia de políticas de abordaje y prevención”, de la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, en articulación con la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO.
De acuerdo con la investigación, las violencias contra las trabajadoras de la prensa ocurren principalmente en las redacciones, pero también hay acoso digital a través de redes sociales, correos electrónicos y otras plataformas.
Un testimonio de Colombia llama la atención sobre cómo las violencias contra las mujeres periodistas se combinan para atacar su integridad y dañar su reputación: “A un directivo no le renovaron el contrato por ejercer violencia psicológica contra una directiva de cargo superior. Él entonces borró todo el trabajo realizado que estaba online y en sus redes personales publicó mensajes ofensivos que dañaron la imagen de ella”.
La reputación de las mujeres, incluyendo las alusiones al uso de la sexualidad para conseguir puestos de trabajo o ascensos, es uno de los temas utilizados por machistas para cuestionar su talento. En Perú, una periodista contó que: “Le dijeron al gerente del medio en el que trabajaba que me daba un programa porque se acostaba conmigo, porque era mi amante”.
Y las mujeres que hablan sobre la violencia de género o sobre el feminismo también suelen ser atacadas y acosadas en las redes. Una periodista de Paraguay narró: “Suelo recibir acoso psicológico en redes sociales por tomar postura o compartir información acerca de la violencia, los feminismos y las luchas de las mujeres”.
Otras veces la violencia invade literalmente el espacio físico de las mujeres, como le ocurrió a una periodista en Argentina: “Un operador discutió con la directora de la radio levantando la voz, tirándole el cuerpo encima y violentándola verbalmente, cuestionando a los gritos quién la había puesto en esa posición y dónde había estudiado”.
Estas violencias no suelen denunciarse. “Sólo en el 28.1% de los casos las personas afectadas denunciaron la situación de violencia. El 18.7% lo hizo en instancias internas de los medios –ante personas que ocupan jefaturas o direcciones, o ante áreas específicas– y el 9.4% en instancias judiciales externas u organismos públicos especializados. Las razones para no realizar denuncias son variadas: desde sentir que la situación quizá no es lo suficientemente grave como para que amerite denunciar, hasta tener miedo de hacerlo”, se indica en una nota elaborada a partir de la investigación.
La mayoría de los agresores, el 54 %, no fue sancionado tras la denuncia. Y peor aún, las víctimas recibieron represalias por denunciar: “El 17.2% fueron despedidas y el 24.1% fueron blanco de distintas medidas negativas por haber hecho pública la agresión”.
Estos datos evidencian que se necesitan protocolos contra la violencia, especialmente contra la violencia de género, en los medios de comunicación.
Pero, pocos medios tienen protocolos. Los protocolos que existen se encuentran principalmente en medios considerados grandes, con más de 50 personas. Cuando están disponibles, son valorados de forma positiva por las y los periodistas.
Como parte de la investigación, se presentaron diez sugerencias que los medios de comunicación pueden aplicar para crear sus protocolos de prevención de la violencia de género, que reproduzco a continuación:
1) Determinar quiénes serán las personas alcanzadas, tanto agresoras como agredidas.
2) Definir los ámbitos de aplicación espacial; la violencia laboral va mucho más allá del espacio físico de trabajo.
3) Incluir descripción y definición de conductas violentas, tanto tipos como modalidades.
4) Determinar los principios de intervención: las reglas que deben respetarse a lo largo del proceso.
5) Designar a las personas encargadas de intervenir frente al hecho concreto, tanto internas como externas a la organización, cuando corresponda.
6) Establecer las medidas a adoptar: tanto las medidas urgentes necesarias para el cese inmediato de la violencia, como aquellas que se definan como consecuencia de la investigación para la resolución del caso.
7) Asumir la responsabilidad sobre los hechos, sea directa o indirecta, y ofrecer reparar el daño mediante acciones concretas.
8) Prever sanciones y consecuencias para la persona que comete el hecho violento.
9) Generar mecanismos para detectar la existencia de factores de riesgo que pueden contribuir a que se produzcan hechos de violencia y trabajar para mitigarlos.
10) Realizar el seguimiento de los casos y llevar a cabo revisiones que incorporen las experiencias aprendidas.