Esta es una conversación difícil, pero necesaria. Las iglesias, Católica y protestantes han marcado la vida de gran parte de nosotras y nosotros, con frecuencia de maneras positivas.

¿Quién no conoce algún joven que estaba a punto de perderse en el mundo de las drogas y logró salvarse gracias a que se refugió en una iglesia que quizás lo animó a buscar también ayuda profesional? ¿Quién no recuerda a las señoras católicas o protestantes que van a los hospitales a visitar enfermos?

¿Cuántos no tenemos lindos recuerdos de nuestra educación en escuelas o colegios religiosos que fueron nuestra única oportunidad de recibir educación de calidad, porque nuestros padres, de clase trabajadora, no podían pagar un centro privado costoso?

Pero, amor no quita conocimiento o no debería. Ha llegado el momento de admitir que las iglesias y otras instituciones religiosas católicas y protestantes no siempre son lugares seguros para las infancias,  y que su relación con niños y niñas debe ser tan supervisada como la de las escuelas o los clubes.

Hay, quizás, una confianza y falta de supervisión excesivas. Y debemos recordar que entre los líderes religiosos puede haber tantos pederastas o violadores como en cualquier otro grupo, con el agravante de que en ellos se deposita más confianza. Son los guías en momentos de fragilidad, se les confía la interpretación de libros y tradiciones sagrados que para muchos son una vía de conexión con lo divino. Pero, recordemos: ellos son tan humanos como nosotros. No son la divinidad. No pueden tener un cheque en blanco con nuestros niños.

Y la Justicia debe ser tan dura con ellos como con cualquier otro violador. Si bien la cárcel no debe ser la medida de coerción elegida para la mayoría de los casos, un violador representa un peligro para niños y niñas de su entorno.

A jóvenes que cometen un delito leve por primera vez se les impone cárcel como medida de coerción. Al pastor evangélico Johan Manuel Castillo Ortega, acusado de violar a dos niñas,  la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste le dictó 50,000 pesos y presentación periódica como medida de coerción, según una nota del Nuevo Diario.

Otras pruebas serán presentadas contra el pastor y posiblemente esa medida de coerción haya variado cuando se lea esta columna. Pero es un síntoma peligroso que por robar una pasola la medida de coerción sea más severa que por violar niñas y niños. A fin de cuentas, el riesgo de que un ladrón robe otra vez una pasola no se compara con el riesgo de que un violador vuelva a violar a una niña.

Entre tanto, el diácono de la iglesia católica Cirilo Torres Cruz sigue en arresto domiciliario tras ser acusado de violar a un niño. Cierto, hay que ser prudentes y no dar a nadie por culpable hasta que se presenten todas las pruebas y acabe el juicio. Pero, manifestaciones de apoyo al presunto violador en Santiago Rodríguez muestran que a veces se piensa que los ministros son tan perfectos como la divinidad, que no pueden, como cualquier mortal, cometer delitos o hechos atroces. Y pueden. Y, además, cuentan con un sistema de encubrimiento en sus parroquias y diócesis tan fino y complejo, que durante décadas se logró ocultar casos en todo el mundo. Se manipularon familias, víctimas, autoridades y hasta se hicieron acuerdos económicos para proteger la imagen institucional. La imagen fue más importante que el sufrimiento de las víctimas.

Entonces sí, la conversación es difícil y dolorosa, pero no podemos seguir con los ojos cerrados. Tenemos que hablar del abuso sexual en las iglesias, exigir sanciones y prevenir.

*Canoa Púrpura, es la columna del proyecto periodístico de Colectiva Púrpura y de su podcast Libertarias, que se transmite por La República Radio.