En la mayoría de sistemas de salud públicos, también aquí en España, no se prioriza la atención a la salud mental e higiene mental comunitaria, todo lo contrario: el número de profesionales y de recursos es claramente insuficiente y los pacientes quedan expuestos a un cuidado muy precario, con seguimientos insuficientes, que cronifican la enfermedad y llevan a consecuencias como el absentismo laboral, el abandono escolar o repercusiones tan dramáticas como los actos violentos o los suicidios.

Hoy, además, asistimos a estas disfunciones en grupos de edad cada vez más jóvenes y así vemos casos dramáticos en niños y niñas que aún no han alcanzado la pubertad y se causan lesiones o caen en el consumo de sustancias tóxicas como vía de escape, producto de elevados grados de ansiedad y, también, de la carencia de la necesaria atención por parte de los profesionales de salud mental de la red sanitaria pública.

Después de las etapas más complejas y difíciles de la pandemia de la Covid-19, la atención en materia de salud mental se instaló en el debate público y político por las evidentes secuelas psíquicas derivadas de aquella experiencia traumática y de los periodos de confinamiento. Parecía que la sociedad iba a tomar conciencia, por fin, de que sin salud mental no hay salud… Pero nada ha cambiado de manera sustancial.

En la República Dominicana, los “500 locos” del doctor Antonio Zaglul, mi querido padre, siguen vagando sin que nadie se conduela de ellos: las reacciones ante personas con crisis de conducta son las mismas que cuando él fue director del Manicomio del antiguo “28”, hace más de sesenta años: El rechazo, desconocimiento e incluso maltrato al enfermo que en la mayoría de los casos está al margen de todo, en situación de calle y abandono absoluto.

Es necesario que de alguna manera dar a  las enfermedades mentales un grado de protección social dado que son una discapacidad psíquica, por las  características que  presenta  es  una enfermedad   que afecta entre otras muchas cosas las funciones ejecutivas superiores como son; “el juicio” la capacidad de  discernir que hace que presenten una incapacidad para tomar decisiones y  asumir una vida social normalizada entre otras muchas más, no son capaces de acudir al médico dado que no tiene conciencia de que están enfermos a todo estos factores,  padecen el rechazo social y familiar  hasta el punto de verse abocadas a la marginalidad y en la mayoría de los casos una situación de calle. ¿Qué hacemos con estas personas?

En primer lugar, y sobre todo, deberían promoverse leyes de cobertura y protección social, que ya existen para aquellas personas con limitaciones físicas.  Las discapacidades por limitaciones de la movilidad y por afectación de los sentidos como es la visión y la audición que tiene espacios de protección especial.

Estos espacios de protección  son necesarios para las  enfermedades  mentales y  sobre todo para los casos que se quedan fuera del sistema de asistencia sanitaria como son los deambuladores o personas en situación de calle.

El reconocimiento  de  “La discapacidad psíquica” sería una forma de reconocimiento de su vulnerabilidad y de su situación disfuncional.

Las asociaciones y organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que trabajan en este terreno merecen un mayor apoyo. Es el caso del Patronato de Salud Mental, cuya presidenta, Rosario Bonarelli, y su equipo trabajan diariamente para atender a estas personas, buscando espacios y colaboraciones para desarrollar programas en su favor. En este momento es una tarea esencial que merece el apoyo de la sociedad y el Estado Dominicano.

Por esa razón, desde esta columna pido humildemente a las autoridades sanitarias de mi país y a nuestra primera dama, la señora Raquel Arbaje Soni, cuya sensibilidad hacia las causas sociales es conocida, que colaboren con este tipo de asociaciones en pro de la dignidad de estos pacientes con patología mental, que son tan frágiles e incomprendidos. Para que no tengamos que escuchar más aquella expresión: “Pobre y loco, a ti quién te va a querer”.