En el año 2019 inciamos una serie de publicaciones que se han transformado, con el pasar del tiempo, en un observatorio de dependientes del gobierno; es decir, del número de ciudadanos que reciben algún tipo de ingreso recurrente mensual de los recursos gestionados por el gobierno dominicano. En 2024, por tercer año consecutivo, la cifra superó los cinco millones de personas.
En 2019 el monto de dependientes representaba 3.8 millones de personas. Con los datos de noviembre de 2024 es posible observar que esa cantidad se ha incrementado en 1.7 millones de personas hasta superar los 5.5 millones, un crecimiento de 45% en solo cinco años.
A noviembre de 2024, el 51.1% de la población del país era beneficiaria de los impuestos presentes y futuros pagados por los mismos ciudadanos. En 2022 se verificó una cifra cercana al 48%; ese fue el año en el cual las autoridades decidieron aumentar el número de beneficiarios de los programas de subsidios por los efectos de la inflación internacional y local. A noviembre de 2024, último mes del que se dispone información para poder realizar el análisis completo, 3% del total de los habitantes se habían agregado al monto global de beneficiarios.
A raiz de la pandemia de Covid-19, se convirtió en una medida pública incrementar la cantidad de personas dependientes de recursos de los contribuyentes. En lugar de realizar reformas estructurales para aprovechar la coyuntura y apuntalar al país como la economía más atractiva para la inversión en la región, se optó por una política de mayores subsidios y empleos públicos. Aunque en el momento se tomaron medidas de salud pública que ayudaron a la recuperación de la economía, se optó por el statu quo en términos de reformas estructurales. Se adoptaron medidas para transferir recursos públicos como manera de reducir los efectos que ocasionaron las medidas de restricción de movilidad que tuvieron un efecto negativo, como era de esperarse, sobre la actividad económica.
Aunque en un momento se vean como una solución, y se ignoren políiticas públicas de incremento de productividad y de mejora del ambiente de negocios, la realidad es incuestionable: las medidas de asistencialismo no sustituyen a las políticas de creación de empleo; además de que demuestran que una vez implementadas se necesita de una fuerte determinación para desmontarlas.
La dependencia creciente de dominicanos de los recursos públicos, tanto de forma absoluta como relativa, sugieren que aunque la pandemia pasó, la economía no ha sanado. Desde otra perspectiva, aunque las cifras oficiales de crecimiento del producto interno y de empleo lucen favorables, los fundamentos de la economía no se han fortalecido. De lo contrario, desde el punto de vista estrictamente económico (no político), es difícil entender que se intensifiquen las asistencias sociales en: cantidad de beneficiarios, en número de programas de transferencias y en montos monetarios otorgados por indiviudos o familias. De igual manera, es difícil comprender el incremento del empleo público y el crecimiento del número de pensiones solidarias otorgadas a partir de los recursos de los contribuyentes.
Para fines de los cálculos mostrados, los dependientes de los recursos públicos se componen de: 1) miembros de los hogares beneficiarios de las transferencias del programa Supérate, 2) los empleados públicos registrados en la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), y 3) los pensionados del Estado, de acuerdo con las cifras de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado (DGJP). Estos tres grupos corresponden a personas que reciben un ingreso mensual recurrente proveniente del sector público. Por no tener la característica de recurrentes, no son incluidos los beneficiarios de programas temporales como el Bono a Mil por la Educación o los del Bono Navideño.
¿Qué ha ocasionado el aumento de dependientes en los últimos años?
Tal y como se observa en la tabla que acompaña este texto, en noviembre de 2024 el número de familias recibiendo una asistencia del programa Aliméntate era superior al del cierre de los años anteriores. Empleando como promedio 3.0 miembros de un hogar, se determina el total de personas beneficiadas por dicho programa de transferencias.
Es relevante destacar que en 2019, cuando iniciamos esta serie de mediciones, Bonogás Hogar tenía 940,963 cuentas o cabezas de familia registradas en el mismo. Era el principal programa de asistencia o transferencias. Le seguía Comer es Primero, o Aliméntate, que tenía 825,275 cuentas.
En 2020, año en que inicia la pandemia de Covid-19, Aliméntate cerró el año con 962,431 cabezas de hogares recibiendo esa asistencia, y pasó a ser el programa de transferencias con el número mayor de receptores. Casi cuatro años más tarde el número de tarjetas otorgadas aumentó en 528,745. Un comportamiento similar, de incremento, se puede apreciar en los programas Bonogás Hogar y en Bonoluz.
Para fines del cálculo de dependientes siempre se emplea el programa con mayor cantidad de beneficiarios y no se agregan los otros programas antendiendo al supuesto de que los hogares suelen recibir, al mismo tiempo, más de una ayuda determinada. Si el ejercicio se realizara teniendo en cuenta cantidades monetarias, sí sería preciso considerar todos los programas. En vista de que este cálculo se limita al número de beneficiarios, es suficiente con el mayor de los montos de receptores.
Al cierre de 2019, los datos de SISALRIL indican que había registrado un total de 655,432 empleados públicos. A noviembre, último dato disponible, el total era 744,913; un incremento de 89,481 empleados, lo que representa un crecimiento de 13.7% en el periodo.
Con respecto a los pensionados, en 2019, primer año en que empezamos a realizar este registro de dependientes del gobierno, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) tenía un total de 142,165 personas; cifra que pasó a 241,811 en noviembre de 2024. Es importante destacar que no hay registros de pensiones especiales en el sitio web de la DGJP para el año 2019, estas cifras están disponibles desde el 2020. El monto registrado al final de 2020 era de 10,163 personas. Para noviembre de 2024 el monto había crecido más de cinco veces ó 408.3%, al alcanzar 51,658 pensionados. Mas de una quinta parte de las pensiones otorgadas por Estado dominicano, de acuerdo con los datos de la DGJP, corresponden a pensiones especiales.
El total de dependientes al cual nos referíamos al principio de este trabajo está representado por un 82.1% de personas que se benefician de la principal transferencia destinada a los hogares, que es el programa Aliméntate. Seguido por los empleados públicos (13.5%) y por los pensionados (4.4%).
Consideraciones finales
En esta versión del observatorio es importante resaltar, nueva vez, la cantidad de dependientes de los recursos de los contribuyentes que gestiona el gobierno dominicano: 51.1% de la población de República Dominicana.
República Dominicana cuenta con un clima de estabilidad económica y política propicio para hacer las transformaciones que necesita la economía para otorgar la mejor ayuda que una administración puede dar a una sociedad: un ambiente para prosperar con libertad. Los ciudadanos de República Dominicana merecen reformas que transformen los fundamentos de la economía. Dicho de otra manera, políticas públicas con un enfoque en el bienestar real de las personas para que puedan, mediante la ética del trabajo, alcanzar sus metas personales.
La oportunidad de realizar transformaciones es constante; la disposición de hacerlas crearía beneficios permanentes que aumentarían los recursos colectivos. La alternativa es continuar con la complacencia: medidas temporales que consumen recursos extraídos de los hogares y las empresas en la forma de impuestos presentes o futuros (es decir, endeudamiento público).