La nota de prensa del 8 de diciembre pasado de los empresarios haitianos donde anuncian haber puesto fin a sus divisiones interiores a favor de una “alianza sin precedentes para el cambio” invita a la reflexión. Esta nota podría ser una gran noticia para el país o un anuncio apocalíptico. Todo depende de la voluntad y la sinceridad de los firmantes.
La buena noticia es que ningún país puede pretender un desarrollo sostenible sin un sector privado, una élite económica que no separe su afán de lucro de su papel clave en la construcción de una sociedad justa e integrada, asumido en su responsabilidad social y su apoyo a una clase política formada de ciudadanos honrados, competentes y patriotas.
Este sector privado crea empleo y atrae inversiones extranjeras directas para la formación de una clase media, necesaria para la construcción de cualquier democracia. Sin embargo, empresarios divididos, corruptos y secuestradores del Estado no pueden desempeñar esas funciones. Desde este marco, la propuesta del sector privado parece ser una muy buena noticia largamente esperada y anhelada por todo un pueblo.
Sin embargo, es extremadamente difícil y, de hecho, contradictorio que los guardianes del statu quo cambien su comportamiento o su visión de una forma tan radical, sin una fuerza exógena amenazadora, la cual suele ser catástrofes naturales, presiones internacionales, rebeliones internas, etc. Evidencian esta idea las transformaciones sociales de Europa tras la peste negra y la democratización de América Latina, especialmente de Centroamérica bajo la influencia estadounidense.
Visto desde este ángulo y a la luz de la historia de Haití, hay buenas razones para dudar de la sinceridad de los empresarios haitianos. Sin embargo, mediante estas reflexiones, trataré de detectar algunos elementos o pistas que nos permitan ver si los empresarios haitianos quieren un cambio real o si se trata sólo de una estrategia para protegerse de las sanciones internacionales o suavizar el impacto de las últimas en un impulso de solidaridad en el mal, con el único fin perpetuar la dinámica social y económica de Haití.
Al iniciar la nota, los empresarios aluden a sus responsabilidades sociales y ciudadanas, al declararse “profundamente preocupados por la persistencia de la crisis multidimensional que sigue sumiendo en el luto a las familias, asfixiando la economía nacional y empobreciendo a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos”.
La primera pregunta que habría que formular a los firmantes de la nota es porqué es ahora cuando se manifiesta ese “deseo de cambio”, ya que una crisis social, lejos de ser imprevisible, es un fenómeno evolutivo resultante de un proceso acumulativo y continuo de disfunciones. La cuestión es también a qué nivel el sector privado dejará de financiar a los grupos armados o a los políticos criminales para detener el “duelo de las familias”. ¿Hasta qué punto está dispuesto el sector privado a salir de su visión “feudo-capitalista” (expresión que utilizo para referirme a una sociedad en la que el sector privado promueve la creación de riqueza al tiempo que conserva una jerarquía social basada en la sangre, una visión social que es la antítesis del ideal burgués y de las sociedades capitalistas)?
Dicho de otro modo, ¿hasta qué punto está dispuesta la clase empresarial haitiana a deshacerse de su cultura de empresas familiares a la apertura de inversiones de cualquiera que respete las reglas del juego (del mercado), para que cese la “asfixia de la economía nacional”? ¿Hasta qué punto quiere el sector privado asumir plenamente su “condición” de haitiano, desarrollando programas sociales (becas de estudios, construcción de escuelas y hospitales, etc.) para frenar el “empobrecimiento de la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos” y sobre todo las desigualdades sociales, cáncer de la desintegración social?
Dadas las desigualdades sociales de Haití (el país más desigual de América Latina y uno de los cinco países más desiguales del mundo), el sector privado haitiano es uno de los más poderosos del mundo, ya que no existe ningún poder interno capaz de influir en su comportamiento, y mucho menos de sancionarlo. Así pues, la respuesta a las tres preguntas planteadas arriba debe implicar un cambio claro -e incluso espectacular, dada su falta de credibilidad- en el comportamiento de la clase empresarial haitiana en relación con la dinámica política, social y económica del país.
Primera ACCIÓN CONCRETA: Decir no a la corrupción
En primer lugar, el sector empresarial haitiano debe divorciarse de la corrupción. Todo está preparado para la corrupción: una administración pública incompetente e ineficaz controlada por empresarios y autoridades estatales no elegidas, sino que ellos mismos nombran extraoficialmente. Si la presión fiscal de Haití es del 6% (frente al 21% en América Latina), no se debe únicamente a la inseguridad que bloquea el país, sino también a la connivencia fraudulenta entre los actores del sector público y privado. Si Haití pierde 634 millones de dólares al año en su comercio con la República Dominicana, se debe en gran parte a la corrupción que se ha convertido en el principio administrativo de las aduanas. En Haití, hay que preguntarse si la economía criminal y sumergida y, por tanto, la economía de la corrupción no supera a las actividades productivas que respetan las reglas del mercado.
Se empezará a creer en la sinceridad del sector privado cuando haya presentado con lujo de detalles las medidas que tomará contra sus miembros que se nieguen a divorciarse de las prácticas corruptas. En términos claros, se espera que aumenten los ingresos fiscales (ya que el sector privado tiene capacidad de presión sobre los corruptos del sector público). En este sentido, el sector privado tendría que haber esperado el fin de las sanciones de la comunidad internacional antes de lanzar su “alianza para el cambio”. De hecho, los sancionados no deberían de formar parte de esta estructura sino luego de un juicio favorable. El sector privado también debe presionar para que la justicia funcione en lugar de obstaculizarla. (También se espera que la comunidad internacional comparta sus pruebas con el “Estado” haitiano).
De lo contrario, es justo suponer que el giro de nuestros empresarios es más una estrategia de supervivencia para la perpetuación del statu quo que una auténtica voluntad de cambio. Además, el hecho de que el proceso no sea inclusivo, y mucho menos legítimo y democrático, como revela la denuncia de la Société de Rhum Barbancourt, apoya la segunda idea. Es comprensible que este último deplore que “los empresarios que, contra viento y marea, se esfuerzan por respetar sus obligaciones para con el Estado y la comunidad sean equiparados a empresarios delincuentes”, porque un hecho es cierto: no todos los empresarios son delincuentes. Debe de haber algunos que cumplan con sus obligaciones fiscales y con ganas de que el país avance.
Segunda ACCIÓN CONCRETA: Detener la captura del Estado
El sector privado haitiano debe poner fin a la captura del Estado, es decir, a la toma de la administración pública y el control de las autoridades políticas para sus propios intereses privados. Una señal espectacular de ello es abandonar la financiación de políticos corruptos, incompetentes, antipatriotas y sin convicciones. Como he dicho más arriba, las crisis sociales y políticas no son imprevisibles, lo que está ocurriendo actualmente en Haití era previsible desde las elecciones de 2010 y había muchas señales de advertencia. Mucho me temo que la “exacerbación del caos” -frase que vengo utilizando desde el 2020 para describir la situación actual- doblará su velocidad a partir de las próximas elecciones. En este sentido, estas contiendas serían el comienzo de la última etapa que llevaría a la desintegración total de la sociedad haitiana, a la guerra civil para un pueblo pacífico. (Por cierto, desde hace tiempo defiendo la tesis de la inexistencia del Estado haitiano en las condiciones actuales). En efecto, los perfiles políticos que se divisan en el horizonte, sobre todo los más de moda, no parecen ser menos corruptos ni menos ávidos de poder que los que han gobernado la última década, sino que se revelarían, en su mayoría, más oportunistas e incoherentes.
Desde esta perspectiva, se espera que los empresarios establezcan criterios, condiciones que un candidato debe cumplir para recibir su apoyo financiero. Obviamente, estos criterios incluirán integridad, competencia, trayectoria y compromiso real con el país. Así pues, un ciudadano sancionado por la comunidad internacional o sospechado de corrupción o crímenes sin sentencia favorable no puede recibir financiación del sector privado. Cada uno de estos conceptos, a saber, integridad, competencia y otros, debe ir acompañado de una definición operativa. Se trataría de un proceso transparente en el que toda la información sobre la financiación de las elecciones quedaría asequible para todos.
Tercera ACCIÓN CONCRETA: Sustituir el espíritu de castas por la integración social
La sociedad haitiana está desgarrada por una gran fractura social, económica, colorista y étnica entre aquellos -mayoritarios y negros- que se reivindican como los “verdaderos” haitianos, los auténticos hijos de Dessalines, y cuyos antepasados vinieron de África, y los que llegaron de Europa y Asia. Se rechazan mutuamente y, desde luego, se bloquea la integración social. Sin embargo, los mulatos -y los negros ricos- que definen las relaciones sociales tienen la responsabilidad de contribuir con la ruptura de esta fractura social, que es la base misma de lo que yo llamo desde hace varios años la cultura “feudo-capitalista” imperante en Haití. Sin embargo, en el caso de los dirigentes, Haití necesita a líderes inspirados de Mandela para poner fin a este espíritu de apartheid en lugar de animar el odio y la venganza.
Desde este ángulo, tres ideas nos atraen especialmente en la nota de los empresarios, las cuales son la inversión extranjera directa, la inclusión social y la fuga de cerebros. Se ha demostrado que el sector privado de un país subdesarrollado como Haití se beneficia de la inversión extranjera directa, que realiza grandes aportaciones en términos de tecnología, cultura administrativa, etc. Sin embargo, existe la percepción de que el sector privado haitiano no está abierto a la inversión extranjera, aunque le sea económicamente conveniente. La cultura de la corrupción, por un lado, y el miedo a ser socialmente desplazado, por otro, parecen guiar la oposición a la inversión extranjera directa que reconfiguraría el sector empresarial haitiano.
En cuanto a la inclusión social y la fuga de cerebros, están íntimamente ligadas. Se pregona por doquier que el 90% de las competencias de Haití están en el extranjero. Sin embargo, el 10% restante (de origen modesto) también tiene que exiliarse porque no se le ofrecen oportunidades. La sociedad haitiana presenta así una estructura de castas sociales en la que todo parece estar condicionado por el origen social, en contraste con las sociedades liberales y de economía de mercado en las que las posiciones están determinadas en gran medida por las competencias.
En este marco, se espera ver diversidad en el personal de las empresas a todos los niveles, basada en las competencias y no en el parentesco. Además, también se espera que las empresas estén abiertas a vender acciones a cualquier persona que pueda permitírselo, independientemente de su procedencia social.
Estas son realmente las acciones que se esperan del sector privado. Todo lo demás vendrá por añadidura. De hecho, el caos que vivimos actualmente no se debe fundamentalmente a la ausencia de reformas institucionales o de un cambio de Constitución. Disponemos de casi todos estos documentos, aunque la mayoría deben mejorarse y algunos modificarse. Así pues, la causa del caos actual reside en el deseo visceral de perpetuar el statu quo, es decir, la feroz oposición al cambio real, contraria a la retórica de siempre.
Conclusión
Si los empresarios haitianos quieren un cambio real en Haití basado en la seguridad, el crecimiento económico inclusivo, la reducción de las desigualdades y la pobreza, deben divorciarse de la corrupción, dejar de capturar al Estado y reeducarse contra el espíritu de castas en beneficio de la integración social.
El documento que se espera del sector privado haitiano, más allá de una nota de intenciones, es el de los indicadores establecidos para cada una de las tres acciones arriba propuestas y, sobre todo, las sanciones que adoptará contra los infractores. Para empezar, debería emprender cualquier iniciativa después de que haya pasado el huracán de las sanciones de la comunidad internacional y sacar de sus filas a cualquier sancionado hasta que haya una sentencia favorable, porque cualquier sociedad basada en la impunidad está destinada a desintegrarse hasta desaparecer.
Además, esta transición política puede ser la última, como desea el sector privado en su nota, a condición de que los empresarios dejen de financiar a políticos corruptos, criminales, incompetentes, incoherentes y populistas, con vistas al surgimiento de una sociedad moderna, democrática y promotora de la economía de mercado, guiada por individuos íntegros, competentes y patriotas.