Tradicionalmente, uno de los criterios para distinguir a las democracias de las dictaduras ha sido considerar si en las mismas existen o no procesos electorales para elegir a las autoridades.
No obstante, en nuestro hemisferio se afianzan sociedades que, sin renunciar a la organización de elecciones generales, responden al funcionamiento institucional de los regímenes autoritarios. En el último estudio Latinobarómetro (2023) se denomina a estas sociedades como “electo-dictaduras”.
En las electo-dictaduras, un gobernante es elegido en un proceso electoral pero luego instaura un sistema de violación sistemática de las libertades públicas y los derechos humanos.
Hay que resaltar que las electo-dictaduras son un resultado del fracaso de las instituciones democráticas en resolver los problemas para las que han sido creadas. Emergen en una crisis de confianza sobre la posibilidad de que dichas instituciones puedan ser reorientadas para la solución de las problemáticas ciudadanas.
Si el dictador muestra cierto éxito en enfrentar las aspiraciones que la ciudadanía considera primordiales; por ejemplo, aminorar los índices de delincuencia, o resolver necesidades sociales -aún a costa de violar libertades ciudadanas- entonces, reforzará la idea de que sus acciones eran necesarias y aumentará su popularidad, mientras agudizará la apatía hacia las formas de vida democráticas.
Mientras ocurre ese proceso de violación sistemática de la ley dentro de un aparente marco legal, se refuerzan los mecanismos de promoción del nuevo régimen recurriendo a la política del odio, al nacionalismo chovinista y a las falsas dicotomías de patriotas y traidores.
La electo-dictaduras suelen ir de la mano con un proceso que la filósofa Ágnes Heller llamó refeudalización. Se trata de un proceso donde la clase económica dominante queda subordinada a lideres políticos corruptos articulados en un grupo corporativo que concentra la riqueza aprovechándose del control del Estado. Esta riqueza posibilita la elaboración de una política de asistencia social clientelar que genera dependencia de segmentos importantes de la ciudadanía y condiciona la voluntad popular en los procesos electorales.
Debido a dicha situación, no es de extrañar que segmentos importantes de la ciudadanía terminen vinculando su destino al del “dictador popular” y contribuyan con su disposición espiritual a asfixiar cualquier proyecto de ciudadanía democrática.