Desde antes del año 2020, se venía hablando en la República Dominicana de una reforma fiscal y del actual presidente se llegó a oír mencionar sobre la necesidad de una reforma fiscal integral en la campaña electoral de cara a las elecciones de ese año, pero al asumir el poder en medio de la pandemia del COVID-19, en ese escenario se planteó que no había las condiciones para hacer dicha reforma. Pero pasó la pandemia y lo de la reforma fiscal se ha ido relegando hasta la fecha.
Los candidatos en la campaña actual de las elecciones que se celebrarán en los próximos días (el 19 de mayo), incluyendo al presidente Luis Abinader que aspira a reelegirse, han expresado la necesidad de esa reforma fiscal.
En términos llanos una reforma fiscal implica aumento de impuestos, pues resulta que su objetivo es enfrentar el déficit en el presupuesto público, que se presenta como resultado que la demanda de gastos públicos es cada vez mayor, en tanto los ingresos tributarios (provenientes de impuestos) son cada vez mas limitados, mas en un país donde la carga tributaria, es decir lo recaudado dividido entre el monto generado en términos de valor nominal del producto interno bruto (PIB) en un año, es de menos de un 15%, cuando el promedio en América Latina es de más de un 16%.
Según un estudio reciente de la CEPAL titulado: “Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2024, Política fiscal para enfrentar los desafíos del cambio climático” se expresa que en el año 2023 las finanzas públicas de los países de América Latina fueron influenciada por un menor dinamismo de la actividad económica mundial, expresado en reducción del crecimiento económico, un aumento de los costos de financiamiento, que se refleja como aumento de pago de intereses sobre la deuda pública externa, produciendo aumento del déficit publico
De más está decir que en primer lugar se debe eficientizar y despolitizar el cobro de los impuestos, que a partir del régimen de las leyes para la recaudación actual se deben aplicar.
Históricamente las reformas fiscales que se han producido en la Republica Dominicana se han orientado hacia cargar más hacia los impuestos sobre el consumo, sobre todo el ITBIS, el cual pasó de 6% que se pagaba cuando se creo en el año 1983 a triplicarse hasta 18% actualmente y se ha obviado una demanda de importantes sectores de la población, que han sido afectados por esta situación que implica aumento de los bienes de consumo y uso de los productos que compran a diario.
Por lo que es una prioridad que se orienta una mayor carga sobre el patrimonio, sobre todo en aquellos bienes inmuebles, como terrenos, edificios, propiedades rurales, entre otros, que, como resultado de inversiones públicas, tales como carreteras, avenidas circunvalación, elevados puentes, plazas publicas y otros han contribuido a multiplicar el valor de dichos inmuebles, a los cuales en consecuencia se le debe aplicar un impuesto extraordinario.
Quien resulte ganador en las próximas elecciones, debe inmediatamente platear esa reforma fiscal integral, pues el endeudamiento en el país sigue en aumento y con ello el déficit en el presupuesto público y en la actual situación no hay ingresos que pueda cubrir el volumen actual del gasto público, más aún cuando en los primeros tres meses de este año 2024, los intereses sobre la deuda publica ha representado el 25% del gasto total.
Pero resulta que el actual presidente de ser reelegido, que representa sectores que tienen una parte importante del patrimonio en lo que se refiere a bienes inmuebles, ponemos en duda que esté dispuesto a impulsar una reforma fiscal integral, que establezca cambios en las leyes tributarias, que implique el aumento del cobro de un gravamen a la plusvalía extraordinaria que estos propietarios han obtenido, como resultado de inversiones públicas en las proximidades de sus propiedades.
Es por eso importante que se produzcan cambios en las próximas elecciones, para que quienes lleguen al poder en el mes de agosto, hagan una reforma fiscal, no apegados a intereses de grupos empresariales y sobre todo de dueños de gran volumen de bienes inmuebles y patrimonio financiero.